Se apresta el gobierno nacional a iniciar unos diálogos regionales de amplio espectro, con formato innovador, donde según fue comunicado, se involucrarán ministros y altos funcionarios, esto como producto de las promesas de campaña y un estilo propio que genera gran expectativa en la población y claro, preocupaciones entre ciudadanos; existe incertidumbre de empresarios y organizaciones territoriales frente a los alcances e impactos directos en los diálogos regionales, el gobierno en búsqueda de minimizar la expectativa y la ansiedad debería despejar algunos interrogantes con información básica, como: ¿Qué y con quién se va a negociar? ¿En qué fase de la negociación se está? ¿Qué se busca con esta negociación y cuáles son las bondades de esta para la región? ¿qué impacto en seguridad se tendrá? Y por último, ¿Cuáles mecanismos de participación e interlocución se pondrán en ejecución para hacerlos participativos e incluyentes?.
Una de las máximas en las que debe hacer énfasis el gobierno, de carácter urgente es en no o caer en fallas de comunicación, (la población debe estar hoy más que nunca enterada y evitar desinformaciones), pues de no hacerlo, la opinión pública es de fácil manipulación y frágil en construcciones de post verdad que juegan en contra de los procesos, e incluso, susceptible de caer en espirales de violencia. Por tal motivo, es necesario apuntar a un modelo muy incluyente, desde lo democrático, y que reciba y modele diferentes visiones institucionales y estatales, esto fortalece la iniciativa de los diálogos de cara a la población y los blinda con pluralidad y transparencia.
Ahora bien, teniendo claro el norte y los marcos internacionales, constitucionales y legales,, con mucho pragmatismo, y también, en el mismo orden, planteado explicar en lenguaje sencillo, que no es lo mismo un proceso de negociación con GAO’S (Grupos Armados Organizados que cumplen en sus operaciones las características objetivas del DIH), combinados con plataforma política y en franca rebelión, que los procesos con GDO’S (Grupos de delincuencia Organizada) que aunque con gran capacidad de daño, intimidación, uso de violencia y organización no quieren cambiar el Estado, pues allí sería un “Proceso mixto entre negociación y sometimiento”; si esto no está claro en el imaginario colectivo, en las instancias internacionales, entre grupos ilegales e incluso desde el mismo Estado, se podría entender el proceso como una Claudicación del Estado, (una derrota del establecimiento ante rebeldes y delincuentes). Así mismo, prever la interpretación de Grupos ilegales no amigables a estos procesos quienes optarían por incrementar el espiral de violencia con el propósito de ocupar áreas que pudiesen quedar vacías o sin control o presencia de actores armados ilegales, esto tendría mucho costo para las poblaciones de áreas históricas de confrontación y toca evitarlo a toda costa.
Conocido el borrador presentado al congreso para actualizar, refrendar y modificar la ley 418 mejor conocida como de “Orden Público” es vital comunicar el procedimiento cómo se refrendarán estos acuerdos en los dos modelos, quiénes conforman los equipos, qué experiencia tienen en esos temas, quién acompaña Nacional e Internacionalmente los procesos para darle altura, validación y tranquilidad a la comunidad internacional, quiénes son los voceros oficiales, cómo se integra la comunidad académica y las organizaciones no gubernamentales a las discusiones y aportes de la construcción de la Paz TOTAL territorial , y algo no menos importante, cómo se acreditan y validan por el Estado y las partes, los equipos negociadores y sus asesores, pued en Colombia existe prohibición legal para tal fin sin acreditación; es fundamental establecer el rol protagónico de la Fiscalía General y sus delegados en la cesación temporal de la persecución penal y levantamiento de órdenes de captura, tema que no puede quedar por fuera de la comunicación oportuna hacia la ciudadanía, así como generar tranquilidad con la certeza de que la Fuerza Pública continuará cumpliendo sus funciones constitucionales y legales de garantizar y proteger vida y honra de todos los colombianos en todo el territorio, y que en caso de pactarse cese de hostilidades bilateral y zonas de concentración, estas no se entenderán como una licencia para cometer delitos, ni menos fortalecer estructuras y hacer presencia territorial en áreas donde nunca se tuvo injerencia o estaban en disputas por rentas ilegales con otros grupos, para lo anterior, es vital mantener las capacidades de todas las agencias de inteligencia y contrainteligencia del Estado.
No es una tarea fácil, es titánica, requiere pensar en país, preservar vidas, estabilizar los territorios, construir sobre lo construidos (con aciertos y errores), avanzar como sociedad, y trabajar por un mejor futuro para las nuevas generaciones, sin egoísmo, sin arrogancia, sin exceso de protagonismo, pero también, sin ingenuidad, y menos, sin consultar la historia del fracaso de muchas negociaciones. Pero es necesario intentarlo con toda la convicción, el carácter y la entereza y la fortaleza de saber y conocer cuáles son las líneas rojas que no se deben cruzar por ningún motivo.
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