El caso de Margarita Rosa de Francisco en la UNAD expone el doble discurso de la élite: subsidios asignados sin necesidad, silencios incómodos de la institución y una crisis ética que golpea la confianza pública en la educación superior.
—“Yo no pedí el subsidio. Sigo averiguando qué pasó.”—Así responde Margarita Rosa de Francisco a la denuncia que la señala como beneficiaria de un subsidio educativo destinado, supuestamente, a estudiantes vulnerables. La frase, aunque revestida de inocencia, evoca un guion escrito con los hilos del privilegio: un monólogo de desconexión, dicho desde la cómoda distancia de quien nunca ha tenido que preocuparse por una factura vencida o por llenar una ficha de caracterización con sinceridad, escrita además desde una de las zonas más costosas del Estado de La Florida.
La historia no tendría mayor trascendencia si no se tratara de una figura pública, vinculada al gobierno de turno, que ha hecho de la superioridad moral su principal bandera ideológica. El escándalo revela algo más que una inconsistencia burocrática: expone el doble discurso de una élite que predica igualdad, pero se alimenta de los beneficios que deberían ir dirigidos a los sectores realmente necesitados.
Habla quien conoce. Soy egresado de la UNAD y estudiante activo desde 2012, hoy terminando mi tercer programa de formación. En todos estos años como estudiante de esa institución; licenciatura, especialización y una segunda carrera en ciencias políticas, he tenido que pagar cada crédito, cada seguro, cada material. Jamás he oído de subsidios por estrato, salvo las medidas de gratuidad que implementó el expresidente Iván Duque y que el actual gobierno utiliza como panfleto electoral. La matrícula cuesta. Cada semestre exige sacrificio. Hablar de un valor de $1.300.000 por semestre no solo es inverosímil, es un insulto a quienes sí deben decidir entre estudiar o comer.
La UNAD establece un mínimo de 14 créditos por semestre. A $154.000 cada uno, más el seguro estudiantil, la cuenta mínima supera los 2 millones de pesos. No existe fórmula mágica que permita graduarse pagando menos de eso, a menos que se trate de una excepción administrativa… de esas que solo parecen estar disponibles para los bien conectados, las Julianas Guerrero o los ideológicamente afines.
¿Y la respuesta de la universidad? Silencio administrativo y negación de información. ¿Por qué se protege a una figura pública? ¿A cuántos estudiantes comunes se les niega un auxilio sin explicación alguna mientras a otros se les otorga sin siquiera haberlo solicitado?
La respuesta de Margarita Rosa; esa mezcla entre confusión y arrogancia, deja un sabor amargo. “Lo último que se me ocurriría sería reclamar un subsidio”, dice. Pero no lo devuelve. No lo denuncia. No exige que se repare la injusticia. Porque en el fondo, hemos normalizado que la élite hable como si fuera pueblo, mientras disfruta de los privilegios que ese mismo pueblo financia.
Cinco conclusiones:
- La educación pública está capturada por discursos, no por méritos.
La UNAD, una institución pensada para democratizar el acceso a la educación, termina siendo instrumentalizada por figuras que no necesitan ni la beca ni el relato.
- El subsidio ya no es un derecho; es una estrategia de posicionamiento ideológico.
La política de gratuidad, lejos de empoderar al estudiante vulnerable, parece operar bajo criterios de simpatía política o silencio cómplice. Por lo menos tiene cobertura en Miami, eso si es cambio.
- La narrativa de los “estratos bajos” es una farsa selectiva.
Se invoca el estrato solo cuando conviene al guion. Nadie se toma en serio la ficha socioeconómica si quien la llena sabe que no habrá verificación real.
- La transparencia institucional es una promesa vacía.
Si un concejal necesita un derecho de petición para obtener información básica, ¿qué esperanza tiene un estudiante raso para conocer la verdad?
- La crisis no es de subsidios. Es de ética.
Mientras los defensores de la igualdad se benefician de ayudas injustificadas, títulos ilegales y modificaciones al manual de funciones, la confianza pública se erosiona sin posibilidad de reparación. El daño está hecho.
El caso Margarita Rosa no es una anécdota. Es una alerta. No por el monto del subsidio, sino por lo que representa: la cooptación del Estado por parte de quienes se proclaman sus defensores. La UNAD, que debería ser bastión de transparencia, ha quedado expuesta como otra ficha más del tablero donde la ideología reemplaza al mérito y donde la verdad solo importa si favorece al relato oficial.
Los que sí pagamos nuestros estudios con esfuerzo tenemos derecho a indignarnos. Y más aún, a exigir que los subsidios lleguen a quien verdaderamente los necesita, no a quien puede pagar “el triple orgullosamente”.
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