La idea de “redistribuir la riqueza” como medida para combatir la desigualdad del ingreso, sobre todo en economías emergentes como la nuestra, pasa por alto dos condiciones esenciales para el progreso humano. Por un lado, para distribuir la riqueza primero hay que generarla: esta no es un fenómeno preexistente. Por otro lado, el factor determinante para mitigar la pobreza es facilitar la movilidad social. Esa debería ser la prioridad.
Ruth Richardson, una de las arquitectas del milagro neozelandés en los años noventa, sostiene que una política social “inteligente” debe “distribuir oportunidades de prosperidad”. Ello, a su vez, exige un marco institucional que fomente la movilidad social: uno que permita a los miembros de una sociedad escalar rápidamente de los deciles más bajos a los más altos dentro de la población económicamente activa.
Es una prioridad desafiante: no hay soluciones instantáneas, pero sí un claro sentido de urgencia. En nuestro país, la ecología institucional genera entornos profundamente desiguales que impiden a los ciudadanos progresar de manera efectiva hacia una mejor condición social. Nacer en el sur, crecer en un hogar de pobreza moderada o extrema, o en una familia con baja escolaridad representan obstáculos significativos que afectan negativamente la movilidad social. Según el Informe de Movilidad Social 2025 del Centro Espinosa Yglesias, de cada 100 personas en la base de la escalera económica, 78 no logran salir de la pobreza y solo dos alcanzan una posición dentro del 20 % con mayores ingresos.
Otros factores, como la geografía, influyen de manera decisiva. El contraste entre el centro-norte y el sur del territorio nacional es un fiel reflejo del fenómeno conocido como “los Dos Méxicos”. En la primera región, 31 de cada 100 personas que nacen en la base permanecen en ella; en la segunda, esa cifra se dispara a 64. La desigualdad de oportunidades, por tanto, es significativamente mayor en el sur del país.
La estrategia de los subsidios directos ha sido un paliativo importante para reducir los niveles de pobreza. Sin embargo, esta medida no ha estado acompañada de condiciones que disminuyan, de forma estructural, la desigualdad de oportunidades: mayor inversión en educación, reducción de trámites —especialmente para la microempresa— e incentivos que fortalezcan tanto el flujo de inversión productiva como la productividad. En el fondo, son estos y no otros los factores que hacen posible una distribución justa de oportunidades de prosperidad.
No hay —vale subrayarlo— soluciones mágicas. Los llamados para gravar a “los ricos” o distribuir la riqueza en forma equitativa suelen ser cantos de sirena que, lejos de solucionar la pobreza, se convierten en una parte fundamental del reto de generar el conjunto de condiciones que contribuyan a mitigar la baja movilidad social que prevalece en las estructuras socioeconómicas del país.
El factor educativo es clave. Los economistas que han estudiado el tema, como Ronald Fryer o James Heckman, muestran que la inversión en capital humano, sobre todo en nivel básico, es un predictor determinante en la movilidad. Habilidades como resiliencia, autoestima y consciencia son herramientas fundamentales de convivencia que favorecen una mayor movilidad. En teoría, la escuela debe ofrecer un punto de partida equitativo para todos los miembros de la comunidad educativa. En la práctica, el ecosistema educativo mexicano va en dirección contraria, acentuando la desigualdad de oportunidades. Los datos más recientes reflejan esta lamentable situación. De cada 100 personas cuyos padres solo cursaron primaria o menos, 39 permanecen en el mismo nivel y apenas 9 logran terminar estudios universitarios. Pero, además, la educación que se recibe es de baja calidad, con pésimos resultados en asignaturas elementales como matemáticas, comprensión de lectura, historia y ciencias naturales.
Ante esta realidad, los hogares tienen que enfrentar ahora la mal llamada Nueva Escuela Mexicana (que, detrás de la verborrea política, no es nueva ni escuela ni, mucho menos, mexicana). Se trata de la antítesis de las habilidades que Heckman y otros afirman como las condiciones iniciales fundamentales para impulsar la movilidad social. Tal como advierte el especialista en educación Eduardo Andere, la Nueva Escuela Mexicana confunde la interdisciplinariedad con la desaparición de disciplinas. La ausencia de un proyecto de conocimiento articulado constituye una receta perfecta para el desastre educativo. El resultado serán nuevos jóvenes sin conocimientos básicos, sin las habilidades necesarias para ver hacia adelante, llenos de resentimiento e ideología fincadas en las supuestas historias de horror de la “larga noche neoliberal”. Adicionalmente, sin el contrapeso de evaluaciones independientes que permitan detectar errores y omisiones, ni siquiera tenemos las herramientas para determinar los pasos a seguir —en plena época de transformación tecnológica a velocidad de la luz—.
Ese antagonismo contra los conocimientos básicos se traduce en un aumento significativo de la desigualdad de oportunidades. De acuerdo con el reporte Fracturas en los motores de la movilidad social en México, del magnífico proyecto Signos Vitales, la fractura en la escalera de la movilidad social ocasionada por la mala educación incide en el rango de los 12 a los 17 años. Ello significa que los adolescentes mexicanos se sitúan hoy en “una etapa donde se pierde definitivamente la posibilidad de una trayectoria ascendente”. Por consiguiente, quedan privados de una vida digna y de las habilidades necesarias para salir adelante.
Gran parte del debate sobre movilidad y desigualdad se centra en la disparidad del ingreso. Desde sicofantes de la 4T, como Viridiana Ríos o John Ackerman, hasta el flamante reporte anual de Oxfam o las fantasías de pseudofilósofos como Rutger Bregman, la solución siempre acaba en el predecible simplismo de quitarle a unos para darle a otros. La interrogante capital es cómo aumentar el ingreso, no redistribuir la riqueza —como si ésta fuese un pastel precocinado—. Según el oficialismo, la tarea es —al mejor estilo de tratar a los que menos tienen como “animalitos”— repartir el ingreso nacional en partes iguales, determinado por un puñado de iluminados que presumen saber más que todos los demás.
El espejismo igualitario se completa cuando quienes predican redistribución consolidan privilegios personales: en este “México mágico”, el que parte y comparte suele quedarse con la mejor parte —Adán Augusto, Andy, Bobby, Rocío Nahle y un larguísimo etcétera.
La organización Archbridge Institute se dedica a estudiar el vínculo entre la riqueza, la alta movilidad social y el florecimiento humano —es decir, cómo potenciar a todos los integrantes de la sociedad con igualdad de oportunidades para prosperar—. Un factor clave en ese proceso es el respeto a los derechos de propiedad bien definidos. Estos permiten utilizar los bienes como garantía para acceder al crédito, lo que a su vez impulsa la inversión y una mayor productividad.
Hernando de Soto, en El misterio del capital, sostiene que los costos —en tiempo y dinero— asociados al registro de la propiedad impiden que las personas más pobres formalicen sus activos, lo que limita su capacidad de inversión y les cierra el acceso a mejores oportunidades; permanecen rehenes de la extralegalidad, conviviendo con un acervo significativo de “capital muerto”.
Otra dificultad, sobre todo para familias de menores ingresos, es el panorama regulatorio. La microempresa genera más del 90 % de las fuentes de empleo en el país. No obstante, quienes buscan iniciar y mantener una actividad empresarial deben enfrentar la pesadilla de la tramitología, y una serie de elevados costos de transacción que inhiben oportunidades de crecimiento. El Índice de Burocracia 2025 del Adam Smith Center for Economic Freedom calcula que los costos de tiempo para abrir un negocio en México ascienden a 675 horas en un año laboral, y que para mantener la actividad en pleno funcionamiento se requieren otras 628 horas anuales.
A ello se añaden los costos de la extorsión regulatoria: la imposición de rentas extraoficiales por parte de actores públicos para obtener acceso a derechos, servicios, protección o trámites.
En la actualidad, el término de moda para estas cargas extraoficiales es “impulso administrativo”. Un “impulso” para aceitar trámites ante el IMSS, el SAT o la CFE. El SAT es la reina de la corona en la economía de la extorsión. A esto aún deben añadirse los costos asociados al derecho de piso y las extorsiones impuestas por grupos de crimen organizado.
Una gran empresa cuenta con recursos para litigar, negociar o mitigar estos costos. La ausencia de un marco de leyes sencillas generales para nuestro mundo complicado genera, en este ambiente, una gran desigualdad de oportunidades. Signos Vitales ofrece un diagnóstico contundente de esta fractura: el bajo crecimiento que estamos viviendo es consecuencia, en gran medida, del debilitamiento de contrapesos y de la captura del poder judicial. Ello, a su vez, representa un retroceso para el entorno jurídico que permita mayor movilidad social.
El objetivo central de una política social efectiva no debe ser, ex ante, igualar resultados, sino mejorar las condiciones de vida de las personas. En otras palabras: combatir la pobreza de manera estructural, no fabricar dependencia. De lo contrario, se pasa por alto el trabajo sobre las condiciones necesarias para la generación de riqueza y la política pública degenera en la mera administración de clientelas.
La pobreza, además de atentar contra la dignidad humana, también es injusta y costosa. En el contexto actual, las personas de mayores ingresos logran enfrentar las adversidades de forma más eficiente; los que no tienen, literalmente, no pueden. Una escuela privada puede ignorar la chatarra ideológica de la Nueva Escuela Mexicana; una gran empresa puede contratar asesores o iniciar juicios que le permitan reducir altos costos de transacción. En contraste, el falso romance que aboga por quitarle “al rico” para darle “al pobre” es equiparable al absurdo de creer que, para ser iguales a Messi, primero habría que amputarle las piernas.
La solución integral es de largo plazo y no pasa por una sola iniciativa. Ante todo, debe comenzar con un cambio de enfoque: dejar de ser una sociedad de concesiones y convertirnos en un país de derechos. Eso implica que la escuela enseñe con claridad, exigencia y contenido; que el Estado renuncie al control arbitrario sobre los ciudadanos y simplifique las reglas del juego; y que los derechos —de propiedad, de acceso a la educación, para emprender— no dependan de contactos, favores o pagos de privilegios. En pocas palabras: leyes parejas para todos, sin distinción, que reflejen fe en el ser humano; que le garanticen trabajar y florecer. De otra forma, nunca dejaremos de ser un país donde el origen determina el destino.
Notas
- Esta columna fue redactada en conjunto con Roberto Salinas León: PhD. en Filosofía y Teoría Política de la Universidad de Purdue. Salinas es director de Asuntos Internacionales de la Universidad de la Libertad y presidente de Alamos Alliance, uno de los coloquios económicos más importantes de América Latina. Ha publicado en medios como El Economista, Forbes, Nexos, The Wall Street Journal, Investor’s Business Daily, entre otros.
- Este texto fue publicado originalmente en Literal Magazine – Latin American Voices.
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