«La falta de apoyo oficial, la corrupción en el sistema judicial y la ‘normalización’ de que miles de personas desaparezcan sin dejar rastro, es considerada como un situación crítica por organismos internacionales”.
El Zócalo de la Ciudad de México es el corazón político y social de todo el país. Ahí se realizan mítines, protestas, conciertos, fiestas populares, paseos turísticos y recientemente sucedió algo inesperado: se llenó de fosas clandestinas.
Familiares y organizaciones sociales del estado de Guanajuato, llevaron hasta las puertas de Palacio Nacional (sede del gobierno mexicano) un drama humano que al parecer, a muy pocos importa. Con un performance muy realista, colocaron montones de tierra recreando las búsquedas de las personas perdidas en fosas clandestinas que han proliferado en todo México en sitios insospechados a donde las autoridades no quieren ir.
“Estamos aquí decenas de familiares que buscamos a nuestros seres queridos desaparecidos en Guanajuato. A nuestros hermanos, hermanas, madres, padres, hijas e hijos la violencia nos los arrebató”, explicaron en un comunicado alrededor de 15 colectivos que participaron en esta protesta.
Guanajuato violento e inseguro
Guanajuato se ubica en el centro del territorio mexicano y en los últimos meses se ha convertido en una de las entidades más violentas del país. Decenas de asesinatos diarios, secuestros y desapariciones son la constante, impulsados según dicen las autoridades, por la lucha entre grupos del crimen organizado que se pelean los territorios.
De acuerdo con la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas, al 2 de marzo de 2021 había 2 mil 399 personas desaparecidas en Guanajuato.
Además, entre enero de 2009 y diciembre de 2020 se han encontrado 235 fosas clandestinas, de la cuales se han exhumado 434 cuerpos de personas, según el estudio denominada Informe sobre la situación de fosas clandestinas en el estado de Guanajuato.
El drama humano
Orillados por la indiferencia por parte de las autoridades tanto locales como federales, los familiares de los desaparecidos en Guanajuato apoyados por activistas sociales, trataron de hacer visible este drama humanitario recreando las fosas clandestinas en el Zócalo de la Ciudad de México.
“Si López Obrador no va a las fosas, nosotras se las traemos”, explicó el colectivo Hasta Encontrarte. Y esta organización agregó: “Estas son las fosas que muestran la ausencia del Estado, no son del pasado. No es cosa de colores (partidos) o Gobiernos, ¡busquemos justicia! No queremos enterrarlos, queremos abrazarlos”.
La falta de apoyo oficial, la corrupción en el sistema judicial y la “normalización” de que miles de personas desaparezcan sin dejar rastro, ha sido considerada como un situación crítica por diversos organismos internacionales, pero no por el gobierno federal.
Ante tal situación, los manifestantes en el Zócalo señalaron: “Aquí estamos las mujeres buscadoras de verdad, de paz, de justicia, de abrazos ante una política clara de balazos, ante un presidente de oídos sordos con las víctimas… Nuestra vida ahora se basa en buscar a nuestros seres queridos entre miles de personas desaparecidas en el estado”.
Pero no solo es el estado de Guanajuato donde se acumulan los desaparecidos, ya que cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, entidad que depende de la Secretaría de Gobernación (Segob), en la actual administración federal encabezada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, que comenzó el 1 de diciembre de 2018, “han desaparecido y no han sido localizadas un total de 22 mil 946 personas”.
Esto se traduce en un promedio 23 personas desaparecidas a diario. En total, de acuerdo la Comisión Nacional de Búsqueda, en México hay poco más de 95 mil personas desaparecidas y no localizadas, en un periodo que abarca de 1964 al 2021.
Pero a esto hay que sumarles las deficiencias forenses para la identificación de cadáveres en todo el país. De acuerdo a cifras del Movimiento por Nuestros Desaparecidos, se registran 52 mil personas fallecidas que no han sido reconocidas y que exponen las fallas estructurales que corrompen a las instituciones de justicia.
Falta de políticas correctas
Estas cifras que se acumulan, que engrosan las estadísticas oficiales y que se han convertido en un lastre social por la frialdad con que las manejan las autoridades, son el reflejo de las carencias morales y legales con que han enfrentado esta crisis los gobiernos mexicanos, tanto el actual como los anteriores.
“Las desapariciones forzadas siguen siendo generalizadas y la impunidad es casi absoluta”, dijo el Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas en su visita a México en noviembre pasado.
También agregó que las víctimas “han expresado con vehemencia su dolor y que los desaparecidos no son números, sino seres humanos”.
Además, este comité considera que “cada uno de estos casos es un drama humano indescriptible. Sus dimensiones son tales que están dejando huellas profundas e irreparables en las víctimas, pero también en la sociedad en general”.
Por ello pide a las autoridades mejorar “la búsqueda, la investigación, el establecimiento de responsabilidades, el esclarecimiento de la verdad”. Algo que en teoría sería lo mínimo básico en una sociedad justa, pero en México esto parece tan inalcanzable que nadie sabe como solucionar esta crisis humanitaria.
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