En la esfera política, la responsabilidad inherente al ejercicio del poder público no puede obviarse ni minimizarse. El acto de gobernar conlleva consigo una carga ética y funcional que, lamentablemente en ocasiones, se ve empañada por la tentación de justificar acciones o políticas lentas mediante el análisis retrospectivo de gobiernos anteriores. Este hábito, aunque humano, limita la responsabilidad presente que recae en los líderes gubernamentales.
En un reciente intercambio en el senado, el senador Juan Felipe Lemos Uribe, nos planteó la preocupación por la insuficiencia en el acceso a subsidios de vivienda, una problemática que trasciende las barreras políticas y afecta directamente a la ciudadanía. La ministra, en una respuesta franca y elocuente, reconoció la disparidad entre la oferta sustancial de subsidios y la escasa demanda que estos han generado. Un tema preocupante que, lejos de ser exclusivo de esta administración, evidencia una dificultad estructural arraigada en la sociedad.
Es imperativo cuestionar por qué detrás de este desequilibrio entre la oferta y la demanda. ¿Son los requisitos excesivamente restrictivos los responsables de limitar el acceso a estos subsidios? ¿O es acaso una falta de voluntad para adaptar los procesos burocráticos a las necesidades reales de la población?
Los números hablan por sí mismos. La asignación de subsidios a mujeres cabeza de hogar, a personas con discapacidad o a trabajadores del sector informal ha sido insuficiente en comparación con la magnitud de la problemática. Este hecho nos insta a reflexionar sobre la efectividad de las políticas de inclusión social y el alcance real de las medidas gubernamentales.
Es crucial identificar los cuellos de botella que impiden el acceso equitativo a estos subsidios. Evaluar, corregir y adaptar los procesos administrativos se vuelve imperativo. El compromiso de ejecutar los recursos asignados para este fin debe ir acompañado de una revisión crítica y un esfuerzo conjunto para eliminar las barreras que obstaculizan el acceso a la vivienda digna.
En última instancia, este llamado a la acción no recae únicamente en la ministra o en el gobierno actual, sino en todos los actores políticos y sociales. Es hora de dejar de enfocarnos en el pasado y centrarnos en soluciones concretas para el presente y el futuro de quienes más lo necesitan.
La responsabilidad de gobernar no se reduce a ocupar un cargo, sino a actuar con determinación y sensibilidad ante las necesidades de la población. El acceso a la vivienda digna es un derecho fundamental que no puede diluirse en la burocracia ni quedar relegado por intereses políticos. Es tiempo de reflexionar, actuar y asegurar que los recursos destinados a este fin cumplan su propósito de manera efectiva y equitativa.
Finalmente, agradecer al senador Lemos Uribe por sus palabras llenas de emoción y aliento, pero es el momento de traducir las palabras en acciones concretas. ¡El país espera y merece respuestas que transformen realidades y aseguren un acceso justo a la vivienda para todos sus ciudadanos!
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