“No podemos temer al cambio. Las EPS fueron necesarias en un momento de Estado fallido en salud del que ya salimos. Ya no son necesarias. No podemos mantener a terceros en un sistema mientras que quienes están al frente del cuidado de los pacientes, es decir, los prestadores de servicios de salud y los trabajadores de la salud, se ven cada vez más en condiciones precarias sin mejorar la atención al paciente”.
En los años ochenta y noventa, que fue la época durante la cual mis padres me criaron, este país era un fracaso en prácticamente todos los indicadores sociodemográficos y de salud pública. Aunque, reflexionando, no fue precisamente mejor en épocas anteriores.
Mientras la violencia y el narcotráfico estaban en auge, los casos de secuelas de polio eran comunes en la costa, la gente evitaba a los perros por temor a la rabia, las muertes perinatales eran frecuentes, incluso los servicios de agua potable en las ciudades capitales eran deficientes o inexistentes, y la tuberculosis deambulaba como un espectro sombrío en el imaginario colectivo, acechando a la gente en las calles y basureros. Los hospitales públicos eran saqueados por los políticos de turno, sus administradores, empleados e incluso por los propios pacientes.
El Instituto de Seguros Sociales (ISS), una empresa pública encargada de la prestación del servicio de salud y el sistema pensional, sucumbía ante la corrupción que finalmente llevaría a su desaparición. Recuerdo a una señora y su esposo, ambos “víctimas” del colapso del sistema de salud pública. Ella trabajaba en el ISS y en el Hospital Universitario de Cartagena; cuando ambos cerraron, se vieron obligados a ampliar el negocio de fritos del esposo y montar un restaurante improvisado cerca del futuro cadáver de concreto del Hospital, vecino de la Facultad de Salud de la Universidad de Cartagena en el barrio Zaragocilla.
Ya no recuerdo cuál fue la razón que el azar tuvo para llevarme a su restaurante, pero disfrutaba ir allí, no tanto por la comida, sino porque desde allí podía ver a los estudiantes de medicina salir de la Facultad, envueltos en ese no sé qué que me conquistó. Corría el año 1997. Un día probé la sopa; siendo honestos, estaba aceptable, pero lo que me llamó la atención fue que al terminar las últimas cucharadas, apareció lo que parecía ser un logo en el fondo del plato. Era una suerte de letra «S» estilizada de color verde con una leyenda al revés. Giré el plato un poco para leer lo que decía: “Seguro Social”, en letras verdes, y debajo, “Para Siempre”, en letras negras. ―“¡Fue lo único que pude sacarle al Seguro Social antes de que acabaran con todo!” ―me dijo la señora al ver mi cara de incredulidad al terminar de leer lo que decía el plato, y remató sin que le preguntara. ―“Aquí todos roban”. Años después, me enteré de que hasta los traperos del Hospital Universitario se los robaban para venderlos en las tiendas de los barrios.
Sí, la idea de que todos robaban quedó en el imaginario y entonces hizo carrera el argumento de que el Estado era un mal administrador y que era mejor que los particulares asumieran la responsabilidad de prestar esos servicios. Entonces surgieron las EPS y muchas empresas públicas se privatizaron en el afán neoliberal del libre mercado y la competencia, y las que no lo hicieron terminaron sucumbiendo. El Hospital Universitario de Cartagena sobrevivió cinco años más de saqueo hasta que colapsó en 2003.
Para la Colombia de aquel entonces, las EPS fueron una necesidad porque nuestro sistema de salud era un fracaso. De hecho, la ley 100 fue un acierto porque, de alguna manera, garantizó los servicios de salud, con todas sus ventajas y desventajas. Nos sacó del ostracismo y de la vergüenza mundial de estar en los últimos puestos en indicadores de salud pública. Incluso algunos Estados enviaban delegados para ver en qué consistía ese “milagro” colombiano. Un sistema extraño que al parecer funcionaba, pero hoy sabemos que no era tan cierto. ¿Debemos agradecerles a las EPS? Yo diría que sí. Entonces, ¿deberían continuar? Yo diría que no.
La solicitud de Compensar EPS de intervención por parte de la Superintendencia de Salud y solicitar su liquidación voluntaria para dejar de participar en el sistema de salud como asegurador es la explicación de por qué deben desaparecer.
Trabajé en Compensar, pero con las IPS, no con la EPS. Comencé como médico general y terminé como coordinador de servicios de salud y administrador encargado de la IPS en Chía y Zipaquirá. Pasé por todos los roles, desde el asistencial hasta el administrativo, y me di cuenta de que el sistema estaba diseñado para ser inviable, espacialmente desequilibrado y adverso para las Instituciones Prestadoras de Salud, siendo un poco más viable para las EPS. La Caja de Compensación Familiar, la casa matriz de Compensar y sus otras empresas, terminaba asumiendo las pérdidas del negocio de la salud. Los administradores éramos algo así como paliativistas de una empresa que había nacido con una enfermedad congénita y terminal que eventualmente llegaría a la situación que vive hoy.
El actual director de Compensar, Carlos Mauricio Velázquez, en un acto de responsabilidad ética y coherencia moral que debe ser elogiado y respetado, reconoce que la crisis se debe a una falla estructural y no a una estrategia macabra y coyuntural provocada por el Gobierno para llevar al colapso al Sistema de Salud y destruir a las EPS, como sugieren algunos periodistas como Melquisedec Torres, de Caracol Radio, quien ha tildado al director de Compensar de “pusilánime, timorato y acomodado a sus propios intereses”. Periodistas pobres de raciocinio como él que ven la salud desde la más profunda ignorancia y desde el sesgo político.
No podemos temer al cambio. Las EPS fueron necesarias en un momento de Estado fallido en salud del que ya salimos. Ya no son necesarias. No podemos mantener a terceros en un sistema mientras que quienes están al frente del cuidado de los pacientes, es decir, los prestadores de servicios de salud y los trabajadores de la salud, se ven cada vez más en condiciones precarias sin mejorar la atención al paciente.
Ya no podemos seguir pensando que el Estado es un mal administrador y por ello delegar las funciones constitucionales consagradas en los artículos 48 y 49 de nuestra Carta Magna. ¿Por qué en otros Estados lo público no solo funciona muy bien, sino que muchas veces es mejor que lo privado, y aquí no?
Es hora de agradecer al actual sistema y dar la bienvenida a uno nuevo donde los protagonistas sean el Estado, los pacientes y los proveedores de servicios, donde los recursos públicos se destinen al cuidado del paciente y satisfagan las necesidades de la población, en lugar de llenar las arcas de las de unos cuantos.
P.D. Por último, no dude en escribirme sus comentarios a mi cuenta de X @sanderslois
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