“…aunque seguramente la gente consienta la idea de que nuestros penosos asambleístas pierdan sus curules, la perspectiva de que un presidente en el que no cree gobierne sin oposición durante algunos meses será suficiente para sacarla a las calles”.
Tras una serie de errores de bulto y correcciones apresuradas, el Consejo de Administración Legislativa (CAL) finalmente remitió la solicitud de juicio político en contra del presidente Guillermo Lasso a la Corte Constitucional. Mientras escribo estas líneas, la jueza Teresa Nuques ha sido sorteada para elaborar un proyecto de dictamen de admisibilidad del juicio político que será puesto a consideración de los ocho jueces restantes, quienes votarán para aprobarlo o rechazarlo. Sea cual sea la decisión de la Corte, la crisis institucional que vive el país sólo podrá resolverse —si es que nuestros políticos así lo desean— en el largo plazo.
Pero en el corto plazo, existe una pequeña válvula de escape al estancamiento político al que nos han llevado nuestros representantes: la salida anticipada del presidente. Lo que deberán sopesar los actores políticos, incluidos los del gobierno, es cuál es el medio menos traumático para ejecutar la inevitable muerte política de Guillermo Lasso. Exploremos algunos escenarios.
Nuestro enfermo terminal no va a evitar la muerte con medicamentos paliativos. Si la solicitud de juicio político es rechazada por la Corte, las hostilidades entre el Legislativo y el Ejecutivo persistirán, el bloqueo político se mantendrá y el descontento ciudadano seguirá amenazando con estallar en contra de todo el sistema político.
No son pocas las voces que denuncian un supuesto pacto oculto entre el gobierno y los correístas para evitar la destitución del presidente a cambio de la liberación de los presos por corrupción del gobierno de las “manos limpias” y los “corazones ardientes”. Si ese fuera el caso, los inverosímiles errores durante el proceso de juicio político se explicarían como una estrategia premeditada para forzar a la Corte a rechazar su solicitud. Así, el presidente conservaría su cargo y los correístas podrían rasgarse las vestiduras argumentando que fue la Corte la que evitó la destitución del presidente que ellos intentaron.
El hecho de que esta hipótesis exista y, de hecho, sea plausible, revela la escasísima confianza de la cual goza el primer mandatario, pues han sido sus otrora aliados en la Asamblea (Pachakutik, Izquierda Democrática y Fernando Villavicencio) los que la han propuesto.
Existe también la posibilidad de que los doctores consigan alargar unos meses la vida de nuestro paciente, sin que ello alivie su dolor (ni el nuestro). Si el juicio político llega a ser aprobado por la Corte, nada garantiza que se consigan los noventa y dos votos necesarios para la destitución del presidente. No obstante, evitar la destitución por falta de votos no va devolver a Guillermo Lasso la legitimidad y credibilidad que perdió hace mucho tiempo. De hecho, dado su historial de pésimas decisiones, lo más probable es que el presidente se sienta envalentonado para atacar a sus adversarios políticos, aislándose aún más y alimentando al fantasma de las movilizaciones.
Pero existe un escenario menos halagüeño, si cabe, y es que nuestro desesperado kamikaze decida estrellar su avión contra la base enemiga. Si es que el presidente constatara la posibilidad real de que se reúnan los votos necesarios para su destitución, aún podría recurrir a lo que vulgarmente se denomina “muerte cruzada”. Éste es un mecanismo constitucional que permite al presidente de la República disolver la Asamblea Nacional y gobernar mediante decretos ejecutivos mientras se convoca a nuevas elecciones.
Para quienes hemos vivido en Ecuador durante la última década y media, no nos es difícil darnos cuenta de que éste atentado al sistema de frenos y contrapesos que caracteriza a una democracia republicana fue incluido en la Constitución de Montecristi para blindar al ex presidente Rafael Correa frente a cualquier tentativa de juicio político, y como herramienta para amenazar a la legislatura en caso de que ésta tuviera una mayoría opositora.
Irónicamente, un enemigo político del correísmo podría ser el que inaugure la muerte cruzada, aunque ello no parece preocupar al ex presidente y sus legisladores, quienes incluso han “puesto a disposición sus cargos” con tal de que Guillermo Lasso no concluya su período presidencial.
Sobre la muerte cruzada, el artículo 148 de la Constitución reza lo siguiente:
“La Presidenta o Presidente de la República podrá disolver la Asamblea Nacional cuando, a su juicio, ésta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o si de forma reiterada e injustificada obstruye la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo, o por grave crisis política y conmoción interna”.
Ese “a su juicio” introduce un elemento de arbitrariedad impropio de un constituyente demócrata, además de que, tal como está redactado el artículo, la Corte Constitucional sólo intervendría en el primer caso; cuando la Asamblea se hubiera arrogado funciones. Así, dependiendo de quien quiera ejecutar dicho mecanismo, una “grave crisis política y conmoción interna” puede ser cualquier cosa.
Pero más allá de los juicios valorativos que pueda uno emitir acerca de la muerte cruzada, su utilización es una posibilidad muy real, pero sus consecuencias seguramente no serían las esperadas por el gobierno y sus escasos defensores.
Algunos “analistas” sugieren —no sabemos si por ingenuidad o por falta de sangre en la cara— que, tras ejecutar la muerte cruzada, el presidente podría encabezar un gobierno de concertación nacional y llevar a cabo las reformas institucionales que pongan en la senda del desarrollo al país, siempre y cuando corrija sus “humanos errores”. Quienes no nos chupamos el dedo sabemos que este escenario es imposible, por lo que, si el presidente decide hacer uso de la dudosamente democrática herramienta de la muerte cruzada, lo más seguro es que un estallido social esté a la vuelta de la esquina.
Y esto, no sólo porque la CONAIE ya haya anunciado que se movilizará en contra de lo que consideran una dictadura, sino porque, aunque seguramente la gente consienta la idea de que nuestros penosos asambleístas pierdan sus curules, la perspectiva de que un presidente en el que no cree gobierne sin oposición durante algunos meses será suficiente para sacarla a las calles.
Y es que la legitimidad de un gobernante democráticamente electo es algo difuso. Ciertamente él puede amparar su autoridad en el voto recibido en elecciones libres y limpias. Pero un gobernante democrático es elegido para representar de alguna manera a la ciudadanía y, por lo tanto, un presidente en cuya palabra la ciudadanía no confía dista mucho de representarla. Es por esto, entre otras cosas, que la posibilidad de un juicio político al presidente es un elemento clave de cualquier democracia, mal que le pese al gobierno ecuatoriano. Qué hacer cuando un presidente pierde la legitimidad es algo que debe resolverse dentro del sistema político, justamente para evitar que sean las calles las que decidan poner fin a su mandato.
Así, retomando la metáfora inicial, la eutanasia política de Guillermo Lasso es probablemente la salida más adecuada a la situación actual. Más allá de los errores de forma en la solicitud de juicio político —que la Corte Constitucional tiene la obligación de subsanar, dicho sea de paso—, es posible imaginar los suficientes argumentos para determinar la responsabilidad política —que no penal— del presidente de la República en la corrupción que ahoga a las empresas públicas.
La muerte política asistida de Guillermo Lasso le evitará el sufrimiento de vivir agobiado por el dolor de haber descubierto que gobernar un país no es administrar un banco y a los ecuatorianos nos evitará el desconsuelo de presenciar la terrible agonía de un gobierno enfermo de vanidad, necedad e incompetencia.
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