“¿Por qué acontecen estos hechos al interior de la Policía? Esto sucede porque existe una cultura de resistencia y rechazo a los Derechos Humanos dentro de la institución. Una cultura que determina un modo de actuar que no sólo tiene impacto en el exterior, en la ciudadanía, sino que afecta también a los hombres y mujeres que integran la institución.”
El 9 de septiembre de 2020 será recordado en la historia de Colombia como el día en que conocimos el homicidio del padre de familia y abogado JAVIER ORDOÑEZ, un crimen de Estado perpetrado por integrantes de la Policía Nacional en la ciudad de Bogotá. Estos hechos, desafortunados, se presentaron en horas de la madrugada y el accionar criminal de los policías no se detuvo a pesar de que su acción estaba siendo grabada y que se escuchaban gritos de auxilio por parte de la víctima y de quienes presenciaron el incidente.
Desafortunadamente en la Colombia contemporánea los crímenes de Estado cometidos por la Fuerza Pública no solamente se contabilizan en acciones vinculadas con el conflicto armado. Un investigador juicioso, e incluso un ciudadano del común con algún grado de interés en el tema, podría encontrar fácilmente cientos de casos de violaciones de derechos humanos registrados y viralizados en las redes sociales, en donde las instituciones de la Policía y el Ejército Nacional resultan ser las más comprometidas. Al respecto, conviene recordar que en los últimos meses, la opinión pública ha conocido casos de violaciones de niñas, tratos crueles a animales, bombardeos a civiles, especialmente NNA, lesiones personales por parte del ESMAD a todo tipo de manifestantes y claro, homicidios como en el caso de DYLAN CRUZ y JAVIER ORDOÑEZ, cometidos todos ellos por parte de integrantes de la Fuerza Pública.
Teniendo en cuenta lo anterior, no se requieren mayores elementos para demostrar que al interior de la Policía Nacional existen conductas criminales. Es decir, que también la Policía Nacional es una entidad permeada por el crimen. Y eso que no hemos mencionado los casos de vinculación de policiales con redes delincuenciales que parecen también ser cada día más constantes.
¿Por qué acontecen estos hechos al interior de la Policía? Esto sucede porque existe una cultura de resistencia y rechazo a los Derechos Humanos dentro de la institución. Una cultura que determina un modo de actuar que no sólo tiene impacto en el exterior, en la ciudadanía, sino que afecta también a los hombres y mujeres que integran la institución.
Para ilustrar mejor esta situación piénsese, por ejemplo, que el maltrato verbal y por tanto psicológico, es una constante en las relaciones entre mandos y subordinados. Las discriminaciones por asuntos de orientación sexual, o incluso por regionalismos exacerbados, son también frecuentes al interior de esa fuerza. El castigo por medio de traslados obligatorios a lugares lejanos de la familia y de mayor peligrosidad, resultan ser pan de todos los días en las distintas seccionales de Policía. El abuso de los tiempos de servicios de las y los policiales, extendiendo sus jornadas de trabajo y negando descansos en muchas semanas consecutivas, son también una expresión de esa cultura de rechazo a los derechos humanos.
Y claro, como si esto fuera poco, existe un interés de la Policía Nacional para tramitar las violaciones a los Derechos Humanos, tanto las internas como las externas, a través de sus oficinas de control interno, con fines de que estos casos no sean conocidos por el ministerio público y las autoridades judiciales, muy a pesar de que es claro que los casos de violaciones a los derechos humanos son también delitos. En este aspecto, la situación se ve agravada si tenemos en cuenta el papel negligente de la Procuraduría General de la Nación.
Ahora bien, al día de hoy es claro que esta cultura de rechazo a los derechos humanos no se ha logrado transformar con los procesos de formación en materia de derechos humanos para las y los policiales. La historia reciente ha demostrado que la Policía puede acumular muchas horas de formación en materia de derechos humanos y no por ello deja de violentarlos. Tampoco parece haber servido mucho los intercambios de roles por un día entre manifestantes e integrantes del ESMAD. Ni siquiera parece tener mayor incidencia el hecho de que muchos integrantes de la oficialidad, o del nivel ejecutivo, adelanten estudios de Derecho o de ciencias sociales y humanas y que algunos de ellos logren su titulación, por el contrario, lo que ocurre en algunas ocasiones es que utilizan esta formación para justificar sus procedimientos y evitar sanciones, y no para transitar hacia la calidad de defensores de derechos humanos.
Por tanto, la cultura de resistencia a los derechos humanos que existe en la Policía Nacional tiene que transformarse mediante otras alternativas. Vale la pena, por ejemplo, explorar la reinvención y mejoramiento del servicio de policía entregando la administración de estos cuerpos a las gobernaciones y las alcaldías, tal vez desde las entidades territoriales sea posible mejorar las condiciones laborales de las y los policías y también el control de los mismos por parte de la administración local. También se puede explorar retirar el uso de las armas a un buen número de uniformados, esto teniendo en cuenta que tenemos una Policía Nacional formada para la guerra, incluso con tareas de antiguerrilla y no todo el servicio policial es de esa naturaleza. La reinvención podría incluir muchos aspectos y ello tendrá que ser objeto de discusión, pero lo que hoy sí es claro es que el Escuadrón Móvil Antidisturbios, ESMAD, debe desaparecer, al igual que el uso de ciertos elementos como el taser, las pistolas eléctricas y casi la totalidad de los elementos con los cuales hoy se intenta controlar las multitudes.
Así las cosas, finalmente, considero que ha llegado el momento de que en nuestra condición de ciudadanos y ciudadanas nos organicemos para liderar un cambio en la forma como se presta el servicio de la policía en nuestra sociedad, para ello no se puede utilizar la violencia ni contra los servidores públicos ni contra los bienes públicos o privados. En realidad, los ciudadanos tenemos instrumentos más poderosos como resultan ser los mecanismos de participación ciudadana. Y ha llegado el momento también de que los administradores locales sean conscientes de la debilidad institucional que experimenta la Policía Nacional y por tanto los alcaldes y gobernadores no se conviertan en coequiperos de los comandos de policía sino que asuman su papel de gobierno civil sobre la Fuerza Pública.
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