María Andrea Sanmiguel, abogada samaria, publicó el 19 de noviembre dos fotos que muestran claramente cómo reciben el agua los habitantes del barrio Jardín de Santa Marta. La primera foto, que parece más bien un vaso de cerveza, muestra claramente que la composición del agua está completamente fuera de norma, particularmente ¡hierro!
Esta es el agua que tenemos en Santa Marta! Así queda la ducha! así llevamos años los samarios! @PoloDiazG @Seguimiento @CataLopezLafo pic.twitter.com/rb3PMqyIYL
— María Andrea Sanmiguel. (@lasanmiguel) November 19, 2021
Averiguando un poco más sobre el tema, una decena de amigos y conocidos de la costa norte colombiana me pusieron al tanto sobre la situación de los servicios públicos y en especial el servicio de distribución y tratamiento del agua de Santa Marta, a cargo de una empresa de capitales municipales: ESSMAR. La situación es triste, por decir lo menos: cortes reiterados, demandas por corrupción, un cacique político que lleva más de diez años apalancado en el poder sin ejecutar nada y, para colmo de males, ejerciendo nepotismo sin ninguna vergüenza debido a que su hermana, Patricia Caicedo, era nada más y nada menos que la gerente. Para cuando comienzo a escribir este artículo, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) ya hizo la toma correspondiente de ESSMAR y los samarios esperan que mediante acciones concretas no solamente se les empiece a entregar un servicio digno y de calidad, sino que se penalice el actuar irresponsable del clan Caicedo.
Porque acá la responsabilidad es clave. Voy a decirlo sin ambages y sin cortarme: lo que hizo Carlos Caicedo, responsable final de administrar los recursos del departamento del Magdalena, incluida a la empresa que presta servicios sanitarios ESSMAR ¡es criminal! Él no es menos que eso ¡un criminal!
No crean que escribo esto desde la pasión. Tengo argumentos y no tengo inconveniente en explicarlos. Pero antes quiero aclarar algo: ante la seguramente no menor ola de críticas a este artículo por parte de los defensores de Caicedo dispuestos a desacreditarme, les quiero dar la mala noticia de que conozco muy bien cómo funcionan los servicios de acueducto y el alcantarillado porque cuento con amplia experiencia profesional en el rubro y, por ende, hablo con conocimiento de causa. El tema del agua, y en esto me permito ser muy enfática, no es un asunto político: esto es un problema (in)humano.
El agua y su tarificación
Si yo le digo a usted que el agua es un servicio básico fundamental, probablemente usted determine que yo estoy descubriendo que el sol ilumina. Es algo que sabe, incluso, el gobernador Carlos Caicedo y la junta directiva y tomadores de decisión de ESSMAR quienes deliberadamente están llevando a los habitantes del Magdalena a niveles de subdesarrollo impensables. Podemos revisar algunos aspectos técnicos que sustentan lo que digo.
La primera conclusión que infiero después de leer las muchas denuncias y las imágenes y videos que circulan con la calidad del agua que sale de la llave es que no se han realizado las correspondientes inversiones en infraestructura, las cuales deben ser proporcionales a la demanda y condiciones del entorno. Me explico: la infraestructura sanitaria, compuesta por redes de distribución, plantas de potabilización y redes de alcantarillado deben ser renovadas, ampliadas y mejoradas en función de la demanda, la cual se debe proyectar o estimar de acuerdo con los censos poblacionales y a otros efectos, como por ejemplo el carácter turístico de las ciudades del departamento, lo cual implica población flotante durante algunos momentos del año (puentes festivos, fiestas, entre otros). Cuando esto no se hace –y las imágenes no dan lugar a dudas– los problemas del alcantarillado y del acueducto dejan de ser casos puntuales y se transforman en algo constante, básicamente porque no hay una gestión de mejora continua.
Cuando un sistema de alcantarillado y de acueducto cuenta con la inversión necesaria en mantenciones preventivas, la calidad del agua es óptima y los problemas son la excepción, no la regla. Si la plata no se está invirtiendo en la optimización de la infraestructura sanitaria, entonces en algún lado debe estar, porque la plata, al igual que las sanguijuelas, no tiene patas.
Lo primero que debería transparentar ESSMAR es su plan de desarrollo, las proyecciones de oferta y demanda y los planes de mantenimiento de la infraestructura, tanto la red como las plantas de potabilización, que han llevado a cabo durante los años que han operado el sistema. A mí no me cuadran los hechos con los antecedentes: si la infraestructura sanitaria está siendo correctamente intervenida, ¿por qué el agua presenta deficiencias continuadas de calidad?
De acuerdo con la información que ha circulado en redes, como por ejemplo este ilustrativo y documentado hilo de Twitter que escribió el periodista de Blu Radio, Sebastián Nohra, una de las primeras decisiones que tomaron los genios del clan Caicedo, apenas se hicieron al poder, fue reducir la tarifa un 30%, probablemente para mostrarse a sí mismos como héroes ejerciendo un acto de populismo sin sentido.
Permítanme explicar algo sobre las tarifas de servicios sanitarios. Las tarifas se elaboran con base en factores y cálculos que estiman las proyecciones de consumo y a su vez cuantifican las necesidades para atender correctamente esas proyecciones de consumo. En el sistema de tarificación chileno, que es el que conozco de primera mano, son prioridad las necesidades operacionales y la continuidad y calidad del servicio, porque la figura preponderante es de una empresa privada que recibe la concesión del servicio, pero que a su vez está fuertemente –en serio, muy fuertemente– vigilada por la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) quienes garantizan que sea el consumidor, el cliente final, el que reciba un servicio más allá de lo mínimo digno viable. Probablemente el señor Caicedo y sus minions creían que, haciendo una reducción de la tarifa al voleo, al ojo, iban a obtener los afectos –y votos– de los más pobres, pero a su vez albergo cero dudas sobre sus malas intenciones: son precisamente los más pobres quienes más sufrirán pagando menos tarifa, puesto que recibirán un servicio como el de las fotos y los videos que circulan en internet.
¿Qué se hace entonces con los más pobres en estos casos? Nuevamente me permito comparar con el sistema chileno: si bien es cierto la tarificación se realiza calculando detalladamente lo necesario para brindar continuidad y calidad a los clientes, no se desconocen dentro de ese cálculo los subsidios y asistencias a la población más vulnerable, quienes mediante convenios establecidos con las municipalidades, pueden acceder a tarifas mínimas, completamente accesibles y gratuidad del servicio si su consumo mensual no supera cierta cantidad de metros cúbicos. De esta forma la cancha se empareja. Si gustan, se los presento en blanco y negro: el rico que tiene piscina y consume importantes cantidades por el regadío de sus jardines va a pagar lo que corresponde por sus consumos y sobreconsumos, o “lo justo” si así lo queremos, mientras el más pobre va a pagar en función de su consumo subsidiado y su situación de vulnerabilidad. Al rebajar la tarifa de tajo parejo un 30% solamente están haciendo que el que tiene y puede pagar su consumo no contribuya al ingreso que se requiere para proveer de un servicio adecuado.
El resultado, por supuesto es nefasto, porque entonces ninguno, ni reyes ni pajes reciben un servicio como corresponde.
Crimen ¿y castigo?
De todos los despropósitos, de toda la corruptela, de todo el entramado de irregularidades que los Caicedo tejieron en ESSMAR, las tarifas es casi un detalle: sus gastos mayores fueron en camiones aljibe (carros tanques) para proveer agua a los habitantes, lo que significa que desde que asumieron, prácticamente, no voltearon ni a mirar las fuentes, sean estas subterráneas o superficiales. Si ya desde la fuente hay desidia, no se puede esperar que lo que viene después sea mejor, porque después de captar el agua de la fuente se necesitan procesos de tratamiento físico y químico que potabilicen el agua, es decir, mientras más avanza el proceso más caro se torna, lo que significa estructura y juicio en la proyección de las inversiones, algo que claramente Caicedo omitió con alevosía porque, créanme, nada de lo que se cocinó de manera putrefacta en la olla de ESSMAR es producto del desconocimiento. Cualquiera que tome el cargo de una empresa de servicios sanitarios sabe –y si no lo sabe lo va a descubrir muy pronto– que la ausencia de inversión tiene como consecuencia el deterioro exponencial de la calidad y la continuidad.
No me voy a extender en detallar las irregularidades porque estas han quedado muy bien documentadas en medios durante los últimos días, sin contar que periodistas regionales como Leopoldo Díaz-Granados han cubierto desde hace mucho tiempo el avance indecoroso que tuvo ESSMAR en manos de los Caicedo. Me quiero detener en el crimen: lo que hicieron los Caicedo, en un país donde la justicia funcione realmente para castigar a los corruptos, debería ser penalizado con lo máximo que la legislación permita. Revisemos un poco en donde reside el carácter criminal de la desidia de Caicedo, si es que queda duda alguna de ello.
En 2007 el British Medical Journal, una de las más prestigiosas revistas médicas del mundo, realizó una reveladora encuesta entre sus miembros. De 150 grandes hitos del progreso de la medicina en la humanidad, el indiscutido ganador fue la potabilización del agua, por encima, incluso, del descubrimiento de los antibióticos. Fue cuando el hombre logró tratar el agua para transformarla en un elemento apto para consumo y, sobre todo, para higiene, que se redujeron e incluso erradicaron del mundo peligrosísimas enfermedades que diezmaban pueblos, como el cólera. Fue el agua potable, repito, para que no quede duda de porqué recibir el agua en las condiciones que la reciben los habitantes del Magdalena es privarlos del “mayor avance de la medicina”.
Si nos vamos a la agenda 2030 de la ONU que promueve los objetivos de desarrollo sostenible, agenda a la cual sin duda Colombia suscribe, el objetivo No. 6 “agua limpia y saneamiento” es claro en su definición de objetivos y metas. Sencillamente que existan aún sitios del mundo que reciban el agua –cuando esto pasa– como la reciben los habitantes del Magdalena califica como subdesarrollo y deben existir compromisos y acciones concretas para eliminar las brechas.
Los Caicedo conocen todo esto. No se necesita ni que un estudio del British Medical Journal ni que la ONU le digan a nadie lo obvio: que la humanidad avanzó lo suficiente como para tener acceso a agua potable, que el Magdalena no es una región del mundo con un contexto equiparable al de ciertos sectores de África, por ejemplo, en donde aún defecan al aire libre y que si la infraestructura sanitaria no está respondiendo a las necesidades mínimas de la población esto se debe a que unos ladrones corruptos como los Caicedo, con absoluto conocimiento de causa sobre lo que estaban haciendo, interpusieron sus asquerosos intereses sobre el bienestar de los habitantes que les confiaron en un tremendo acto de fe los votos que los tienen gobernando.
No faltará, claro está, quien me llame al orden recordándome que existe la presunción de inocencia y que “nadie es culpable hasta que no se demuestre lo contrario”. El tema está en que ya existe suficiente evidencia, el punto acá es que ya disponemos de “lo contrario”, ahora corresponde que los Caicedo en primera instancia y todos quienes hayan sido sus cómplices en segunda, paguen por su crimen. Que sean juzgados por provocar que toda una región de Colombia esté obligada a decirse a sí misma con certeza: “de esta agua no beberé”.
Este artículo apareció por primera vez en nuestro portal aliado El Bastión.
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