La semana pasada Iván Velásquez, actual ministro de defensa, informó a la opinión pública que se suspenderán los bombardeos contra grupos armados ilegales cuando se tenga evidencia que hay presencia de menores de edad en los campamentos. Esta decisión se corresponde con la legislación colombiana que busca proteger este sector de la población, la cual ha sido instrumentalizada y vulnerada sistemáticamente durante el conflicto armado, no hay que perder de vista que tan solo en el cuatreño anterior 29 niñas y niños murieron en 12 de los bombardeos autorizados por el ejecutivo.
Las reacciones de sectores sociales y políticos frente a este anuncio son, cuando menos, cuestionables. Argumentando que los grupos armados ilegales reclutan menores, los entrenan y los utilizan como escudos humanos buscan legitimar las acciones militares, entre ellas los bombardeos, en las cuales han sido asesinados menores de edad, considerándolos blancos lícitos, según ellos sus muertes son simplemente “daños colaterales” de una lucha licita del Estado en pro de la seguridad de las mayorías.
El capítulo No es un mal menor del Informe Final de la Comisión de la Verdad nos muestra los horrores que han tenido que vivir las niñas, niños y adolescentes en el marco del conflicto armado. La conclusión es clara, Colombia es un país que le ha entregado su niñez y juventud a la guerra, son ellos quienes han vivido la orfandad, el desplazamiento, la desescolarización, el reclutamiento, la instrumentalización y la ausencia oportunidades para construir, al menos soñar, un futuro más prometedor. Entre los años 1985 y 2018 fueron 64,084 los menores que murieron por causas relacionadas al conflicto y cerca de 16,000 fueron reclutados por grupos armados ilegales, más de la mitad de ellos eran menores de 15 años. Son cifras que tienen que cuestionarnos profundamente como sociedad, no se trata de hechos fortuitos, son violencias intencionales que debemos detener.
El Derecho Internacional Humanitario (DIH), los Convenios de Ginebra y sus Protocolos Adicionales, todos ellos suscritos por el Estado colombiano, exigen a los actores que intervienen en el conflicto, principalmente a la institucionalidad democrática, que brinden una protección especial a los menores de edad, teniendo en cuenta su condición de vulnerabilidad en medio de las confrontaciones. Es clara la prohibición del reclutamiento, ya sea ejecutado por las fuerzas armadas o por los grupos armados al margen de la ley, así como su utilización en las hostilidades y asesinato. Las niñas y niños que por múltiples razones participan en el conflicto deben ser protegidos y se le debe dar toda la protección que les confieren los convenios internacionales, cumpliendo los protocolos para este tipo de casos que amortigua las afectaciones que pueden sufrir.
Así pues, las niñas y niños no son “daños colaterales” de los bombardeos, mucho menos “máquinas de guerra”, son víctimas de un Estado que los olvido y no les dio garantías ni oportunidades; de grupos armados ilegales que los reclutan y de una sociedad indiferente ante su dolor. A los menores no se les combate ni se les bombardea, se les protege, como dicta la ley. ¡Enhorabuena esta decisión humanitaria!
No se trata de una rendición del Estado Colombiano, es una exigencia a él y a las fuerzas armadas y a la inteligencia militar de mejorar los estándares y la rigurosidad para hacer un uso proporcional de la fuerza, definiendo las zonas, los perfiles y la población que puede resultar afectada por este tipo de acciones. También es una invitación a analizar cuál ha sido la eficacia de los bombardeos en años recientes y si este tipo de acciones continúa siendo un mecanismo de confrontación adecuado dadas las nuevas características de los grupos armados ilegales y al tratarse de un país que está intentando hacer una transición hacia la reconciliación y la paz.
Más allá del debate en medios de comunicación y redes sociales que se han enfocado en discutir si bombardear menores de edad es legítimo o no, algo que en otros contextos sería inimaginable, debemos encaminar la conversación hacia la comprensión de que el derecho a la vida es el primero y fundamental de todos los ciudadanos y que por fortuna este y los demás derechos humanos no son debatibles ni dependen de las opiniones de las mayorías. Esto también nos debe llevar a reflexionar cómo estamos protegiendo a nuestras niñas y niños en los territorios, qué tipo de oportunidades les estamos dando para arrebatárselos a los grupos armados, cuáles son las estrategias para corregir las desigualdades estructurales que generan el conflicto y qué país estamos construyendo para heredarles. Entre tanto, es fundamental que las niñas y niños estén fuera de las dinámicas de la guerra, ninguna acción militar puede poner en riesgo sus vidas y su futuro.
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