En el contexto colombiano, se ha observado una tendencia preocupante en la forma en que se gestionan las desvinculaciones de oficiales de la Fuerza Pública que han demostrado ser incómodos para ciertos intereses políticos. En lugar de llevar a cabo un proceso transparente y formal de destitución, se ha recurrido a la implementación de narrativas prefabricadas como “presuntos complots”, “pérdida de confianza” o “mal comportamiento”, las cuales han sido utilizadas para justificar estas bajas de manera discreta y poco transparente.
Lo que hoy acontece con el general Edwin Urrego no difiere, en lo sustancial, de lo experimentado en su momento por el contraalmirante Gabriel Arango Bacci. Cada contexto presenta sus propios desafíos y oportunidades, y cada gobierno tiene su propia manera de abordar estos retos. Sin embargo, se ha observado una constante en el comportamiento de ciertos oficiales, quienes, debido a decisiones operativas, posturas institucionales o circunstancias personales amplificadas políticamente, terminan en el centro de situaciones que trascienden lo jurídico y se sitúan en el ámbito de lo conveniente. Es preciso señalar que este procedimiento no supone una exoneración de las responsabilidades individuales, ni la negación del deber de todo servidor público de responder por sus acciones. Es esencial destacar un patrón que socava la institucionalidad, el cual consiste en convertir la incomodidad en una justificación para la baja.
En ambos casos, más allá de los detalles particulares, surge una pregunta incómoda para la democracia: ¿se está ante procesos transparentes de evaluación de responsabilidades o ante mecanismos políticos para remover obstáculos? Cuando la narrativa pública se construye con filtraciones selectivas, insinuaciones y juicios anticipados, el debido proceso se convierte en una formalidad posterior, en lugar de ser el punto de partida.
La Fuerza Pública, de conformidad con el mandato constitucional, se caracteriza por su naturaleza no deliberante. Esta condición, fundamental para la estabilidad democrática, conlleva una subordinación al poder civil. Sin embargo, es crucial evitar interpretaciones erróneas, como la subordinación como una forma de instrumentalización. La discrepancia es de carácter sustancial. La primera de ellas garantiza el control democrático; la segunda, erosiona la autonomía profesional y siembra desconfianza interna. Cuando un funcionario percibe que su trayectoria profesional puede estar más vinculada al contexto político que a su propio rendimiento, la percepción hacia la entidad puede resultar devastadora.
El propósito no radica en proporcionar inmunidad a generales o almirantes frente a investigaciones legítimas. En el ámbito de las instituciones armadas, la transparencia y el control se vuelven indispensables. El problema surge cuando la narrativa política prevalece sobre la evidencia, cuando la sospecha se convierte en un juicio mediático y cuando la salida se justifica más por el sensacionalismo que por la realidad objetiva. En este sentido, el problema no radica en acciones individuales, sino en deficiencias estructurales.
El caso de Arango Bacci puso de manifiesto cómo un oficial podía quedar atrapado en una trama en la que la acusación pública tenía más peso que la verificación judicial. Con el trascurso del tiempo, las resoluciones judiciales cuestionaron la solidez de las imputaciones iniciales. Sin embargo, el deterioro institucional ya estaba en curso. Es importante destacar que la carrera truncada no puede ser restituida por un fallo tardío. Es importante tener en cuenta que, aunque se logre restablecer la reputación de una persona o entidad, esta no siempre recupera su estado original.
Hoy, con el general Urrego, la discusión se centra nuevamente en presuntas conductas e interpretaciones que se transforman con celeridad en certezas políticas. Es evidente que la percepción de la situación actual, más que los hechos probados, influye en la toma de decisiones. Si cada controversia culmina con la pronta remoción del oficial implicado, sin una claridad absoluta sobre las responsabilidades, el precedente que se establece es preocupante. La mera incomodidad puede ser suficiente para precipitar la baja.
En una democracia madura, la rendición de cuentas no puede equipararse con un sacrificio de carácter meramente simbólico. Es fundamental que la responsabilidad se establezca con rigor probatorio, y no con cálculo político. En caso de que se detecten infracciones, estas deben ser sancionadas de acuerdo con los procedimientos establecidos. En caso de no contar con dicha información, la defensa institucional debería mantener una postura igualmente firme. Por el contrario, esta práctica puede generar la percepción de que las decisiones se toman en función de equilibrios coyunturales en lugar de según criterios objetivos.
Por otra parte, es preciso señalar que existe un efecto colateral que rara vez se menciona, el cual es el impacto que esto tiene sobre la tropa y los mandos medios. Si el mensaje que se transmite es que la estabilidad en el cargo depende de la temperatura política, se promueve el conformismo y se desalienta la autonomía técnica. El ejercicio de la profesión militar y policial requiere de un marco normativo claro y definido, no de interpretaciones variables que se adapten a la dinámica política del momento.
La relación entre el poder civil y la Fuerza Pública ha sido, históricamente, un tema de naturaleza compleja. Es imprescindible que así sea. El control democrático es un principio fundamental que no puede ser objeto de negociación. Sin embargo, es importante señalar que dicho control puede perder legitimidad si se percibe como selectivo o instrumental. La confianza institucional se fundamenta en la coherencia, garantizando la aplicación de reglas equitativas, estándares probatorios estrictos y la presunción de inocencia para todos los involucrados.
En el caso de Colombia, donde la historia reciente ha estado marcada por tensiones entre política y seguridad, cada episodio de este tipo profundiza la desconfianza. Es preocupante que los cambios en altos mandos de las fuerzas armadas o policiales se justifiquen más por rumores que por decisiones fundamentadas. Asimismo, no es conveniente que las controversias personales se conviertan en instrumentos políticos sin un proceso claro y público.
El debate de fondo no es sobre nombres propios. Es sobre prácticas. Si la salida de un oficial se convierte en mecanismo para resolver tensiones políticas o mediáticas, el precedente termina afectando a toda la institución. Hoy es uno; mañana puede ser otro. Y cada vez el estándar se vuelve más laxo. La institucionalidad no se fortalece con decisiones rápidas, sino con determinaciones justas. La transparencia exige explicar con claridad las razones, mostrar las pruebas y garantizar el debido proceso. Si la remoción es necesaria, que lo sea por razones sólidas y demostrables. Si no lo es, la presión coyuntural no debería ser suficiente.
Colombia necesita Fuerzas Militares y de Policía profesionales, técnicas y ajenas a vaivenes políticos. También necesita un poder civil firme y vigilante. El equilibrio entre ambos no se logra debilitando a uno para satisfacer al otro, sino estableciendo reglas claras que trasciendan gobiernos y coyunturas. Cuando la incomodidad se convierte en causal de retiro, la democracia pierde. Porque lo que se sacrifica no es solo una carrera individual, sino la confianza en que las instituciones funcionan con base en principios y no en conveniencias. Y esa es una pérdida que ningún gobierno, de cualquier ideología, debería estar dispuesto a asumir.
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