“El problema con el crecimiento de la deuda pública neta implica que el aumento en el pago de intereses periódicos hacia entidades multilaterales disminuye la capacidad gubernamental para ejecutar el gasto público en materia de salud, educación e incluso generación de empleo a través de construcción de infraestructura, sin contar que los subsidios a la pequeña empresa y la constante petición de organizaciones sociales hacia una renta básica también exigen un lugar en la agenda nacional de la distribución de recursos”
El nuevo panorama mundial surgido a raíz de la crisis de salud pública ocasionada por el virus denominado como Coronavirus Sars-Cov-2 posiblemente entre noviembre y diciembre del 2019 en Wuhan (China), ha obligado a los gobiernos a tomar medidas extremas en cuanto a la distribución de las finanzas públicas en cada uno de sus territorios, puesto que las cuarentenas masivas, los estrictos toques de queda y las restricciones al comercio han golpeado la economía en gran parte de sus renglones, afectando así los niveles de consumo de los hogares, la empleabilidad de las personas, los ingresos y la sostenibilidad de las empresas, entre muchos otros factores.
En Colombia, la situación no ha sido muy diferente, de hecho, actualmente es el número 11 en el ranking mundial de naciones con mayor cantidad de infectados, sobrepasando la cifra de 2,2 millones de contagiados y siendo el segundo país con más casos en Latinoamérica solamente después de Brasil. Las consecuencias en materia económica no se han hecho esperar, el PIB se contrajo en 6,8% en el año 2020, siendo la cifra histórica más alta de la caída del PIB en Colombia. Asimismo, en enero de 2021 los niveles de desempleo se ubicaron en 17,3%, aproximadamente 4 puntos porcentuales más que el año inmediatamente anterior.
Esta situación ha obligado al gobierno nacional a aumentar el cupo de créditos disponibles con entidades multilaterales, de tal manera que se busque el menor impacto posible en la economía. De hecho, en junio de 2020 el Banco Mundial otorgó un crédito de 700 millones de dólares para mitigar la crisis, asimismo en diciembre de 2020 el gobierno nacional desembolsó 5400 millones de dólares de la línea del crédito flexible del Fondo Monetario Internacional. Esta situación, fuera de ser necesaria e imprescindible ha elevado los niveles de deuda neta del sistema público no financiero a 65% del PIB para septiembre del año 2020.
Crecimiento Deuda Neta Sector Público No Financiero 2014-2020.
La situación en materia política y social tiene una lógica entendible, sin embargo, desde el punto de vista financiero no deja de representar un riesgo, toda vez que entre los años 2014 a 2019 hubo un promedio de crecimiento porcentual de la deuda neta de 3 puntos porcentuales, cifra impulsada por el aumento de la deuda de alrededor de 11 puntos porcentuales entre el año 2015 y 2014, y actualmente hay un aumento considerable de 13 puntos porcentuales entre el año 2020 y el 2019. Dicha situación puede volverse más compleja si se tiene en cuenta que el último informe presentado por el Banco de la República fue a corte de septiembre de 2020, lo que quiere decir que los valores de la deuda no incluyeron los montos otorgados por entidades multilaterales después de esta fecha.
El problema con el crecimiento de la deuda pública neta implica que el aumento en el pago de intereses periódicos hacia entidades multilaterales disminuye la capacidad gubernamental para ejecutar el gasto público en materia de salud, educación e incluso generación de empleo a través de construcción de infraestructura, sin contar que los subsidios a la pequeña empresa y la constante petición de organizaciones sociales hacia una renta básica también exigen un lugar en la agenda nacional de la distribución de recursos. El riesgo de que el déficit fiscal se incremente por periodos prolongados afecta la calificación crediticia del país, lo que aumenta el costo del crédito y en el último eslabón de la cadena dificulta el acceso de las personas al sistema financiero nacional.
No obstante, la situación actual ha tenido efectos mundiales y Colombia solo es una muestra más en el escenario internacional, de hecho, de acuerdo con Juan Carlos Higuera profesor de la EAE Business School, a nivel latinoamericano Brasil tuvo un aumento de 18 puntos porcentuales de su deuda neta sobre el PIB en el año 2020, ubicándose así en una deuda neta de más del 100%, por su parte Argentina refiere una deuda neta del 97% sobre su PIB, con una particularidad que el crecimiento de la deuda en el año 2020 fue muy pequeño. A nivel agregado, Colombia comparte la tercera posición de mayor deuda sobre el PIB en Latinoamérica con Ecuador, más abajo está México con un 52% y luego siguen países donde su deuda es menor al 50%.
En el informe anual del Fondo Monetario Internacional del año 2019, esta entidad aconsejaba a los países no elevar su deuda pública en más del 75% sobre su PIB, no obstante, con la situación actual parece que han cambiado los parámetros y contrario a lo planteado anteriormente el FMI recomienda en este momento mantener los créditos de ser necesarios. La directora del organismo Kristalina Georgieva sugiere conservar líneas de crédito a pequeños empresarios, subsidios salariales, aplazamientos de impuestos y transferencias de efectivo. En una dirección similar, Jhon Letzing director de inteligencia estratégica del Foro Económico Mundial, sugiere que en este momento de la crisis es viable que los gobiernos aumenten su nivel de deuda neta sobre el PIB, argumentando que, de tener un gasto dirigido, eficiente y conservando los niveles de bajas tasas de interés se puede ser más flexible con el aumento de la deuda.
Cabe resaltar que, en el agregado mundial la deuda pública de gran parte de los países desarrollados es mayor que la deuda colombiana, países como Japón, España, Italia, Estados Unidos, Portugal, Francia, Bélgica, entre otros, conservan deudas por encima del 100% de su PIB. No obstante, los riesgos no son los mismos para todos y la disciplina fiscal de los países desarrollados puede permitirles hacerle frente a la crisis de manera más eficiente que los países en vía de desarrollo, particularmente que los países latinoamericanos. Georgieva del FMI, concluye que hay países que con la crisis a raíz de la pandemia se han vuelto más vulnerables y que es complejo que se aprovechen los recursos de la misma manera que otros países pares.
En ese escenario final, parece estar descrita la situación colombiana, puesto que a pesar del notorio aumento de la deuda pública no se ven todavía reflejados los resultados en materia económica, tanto en crecimiento del PIB como en generación de empleo y aumento del consumo interno, esto lleva a que por un lado inicien restricciones financieras al crédito nacional por la disminución de capacidad de pago agregada, y por otro lado a plantear reformas tributarias que muchas veces lejos de ser progresivas terminan gravando a todos por igual, casos como el aumento del iva en los bienes básicos dan cuenta de eso. Finalmente, un riesgo latente es la devaluación de la moneda, ya que el 49% de la deuda neta es deuda externa y transada con dólares, y ante una pérdida de valor del peso colombiano los créditos se hacen más costosos, generando que los bajos intereses negociados con las entidades multilaterales pierdan importancia.
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