El 26 de agosto se constituyó en una fecha para no olvidar en la historia política del país. Esto a propósito de dos cuestiones puntuales: la primera porque los colombianos, cuya gran mayoría están hartos de los políticos que a diario usurpan el tesoro público, tuvieron la significativa oportunidad de canalizar la indignación que les suscita la crisis nacional votando en la consulta que –en cierta medida- regularía los efectos que produce la corrupción en Colombia. No la aprovecharon, pues mucho más de la mitad del censo electoral no se manifestó en las urnas. Sin embargo, la otra razón que dejará en la retina de todos el domingo 26 es que, pese a la desinformación y oposición que sectores como el Uribismo le hicieron a la consulta anticorrupción, más de 11 millones de ciudadanos “libres” y de distintos orígenes políticos salieron a votar cansados de que anualmente se roben más de 50 billones del Estado. Continuando en la misma línea, ¿qué representa la corrupción y qué puede significar de aquí en adelante la coyuntura de la consulta anticorrupción en Colombia?
La corrupción como fenómeno que pervierte a las instituciones políticas y obstaculiza el desarrollo nacional, es consecuencia de un caldo de cultivo compuesto por un Estado institucionalmente débil que es capturado en alianza entre actores privados (tanto legales como ilegales) y funcionarios públicos, donde unos sobornan para hacerse con licitaciones y otros abusan de sus cargos para alcanzar unos beneficios económicos que van en contravía del interés general. Por captura del Estado, entiéndase –en palabras de Luis Jorge Garay- como un tipo de “corrupción a gran escala que debilita la estructura económica de un país porque distorsiona la formulación de leyes, normas, decretos, reglas y regulaciones”. Es decir, el Estado al servicio de unos particulares que no solo desean generar utilidades a partir de los recursos públicos sino que también aspiran a influir en las reglas de juego que se establecen desde la institucionalidad.
La corrupción como la matriz de los problemas estructurales que padece Colombia, no solo golpea las finanzas públicas sino también deslegitima a las instituciones estatales, además de promover desinterés del ciudadano hacia los asuntos públicos. Esto en parte podría explicar los altos porcentajes de abstencionismo electoral que se presentan en cada elección en la que participamos, los cuales históricamente han oscilado entre el 45% y el 60%. Aunque la consulta anticorrupción mantuvo esta tendencia, los resultados obtenidos representan una nueva ciudadanía que puede elegir sin verse atraída por incentivos económicos.
No obstante, la escalada de las nuevas ciudadanías se está dando de forma asimétrica y paradójicamente no se ha expresado en aquellos territorios donde la corrupción ha dejado demasiada miseria y pobreza. Tales son los casos de los departamentos de Chocó, Guajira, Atlántico, Córdoba, Bolívar, Valle del Cauca y Magdalena, los cuales no salieron a votar masivamente la consulta popular y donde el abstencionismo electoral fue de alrededor 80%. Un ejemplo en el que podemos hacer énfasis es el de Ciénaga, Magdalena, un municipio de quinta categoría que hace más de trece años se acogió a la Ley 550 de 1999 porque lo dejaron endeudado, que es una facultad de estudios sobre cómo hacer fraude electoral y en el que solo 17 mil ciudadanos de los más de 84 mil aptos para votar cumplieron con su deber hace un par de días. ¡Vergonzoso!
Por otra parte, considero que la dinámica electoral que marcó la consulta anticorrupción debe potencializarse en las elecciones territoriales del año entrante, permitiendo que cada vez más existan ciudadanos que se vean seducidos por propuestas y no por estímulos monetarios, a su vez que en aras de evitar un relevo político, las dirigencias locales se vean en la obligación de repensar la representación política como el contrato que firman con quienes los eligen.
Para los políticos tradicionales de este país: o cambian, o los cambiamos.
[…] termina por distanciarse de la toma de decisiones concernientes a los asuntos públicos (véase: https://alponiente.com/corrupcion-y-consulta-anticorrupcion-en-colombia/), cuestión que inevitablemente descalabra a nuestra democracia. No podemos hablar de una […]