La corrupción es la enfermedad terminal de la sociedad y lo más crítico es, que, al no encontrar cura, nos acostumbramos a vivir con ella. Se habla frecuentemente de este término cuando la institucionalidad o el funcionario público infringe normas o comete alguna conducta delictiva; pero su alcance es aún mayor, corrupción también es: no respetar la fila o el semáforo, evadir impuestos, no cumplir la función encomendada o retrasarla, hacer fraude en un examen y muchos otros actos que quizás los normalizamos, pero que constituyen corrupción.
Estudios de investigación[1] han demostrado que, si bien los colombianos repudian la corrupción pública, muchos tienen la costumbre de infringir las normas en su vida personal. No obstante, como se mencionó antes, es un término que se encuentra más asociado a las relaciones entre el sector público y privado en el marco de grandes contrataciones con recursos estatales, pero al cometerse en menor escala no son reconocidos por las personas como acciones que infringen normas que generan daño alguno. Esto demuestra que el problema de la corrupción supera el espectro público-privado y se encuentra arraigado a las creencias, raíces y valores en las prácticas sociales de las personas en general, en consecuencia, al indagar sobre estas raíces se tiene en gran parte que este imaginario encuentra sustento en que “ser legal no paga, es demasiado costoso y poco ventajoso”. Y de la misma manera, que la aplicación de la ley en lugar de garantizar condiciones de igualdad y equidad ha privilegiado intereses de unos sobre otros. Lo cierto es, que según estudios macroeconómicos y políticos la corrupción causa daños significativos e impide el crecimiento económico y el desarrollo en interés de la sociedad en general; afectando cada vez más la confianza en las instituciones, aspecto en el cual estamos rajados, según el índice de percepción de corrupción publicado por transparencia internacional, ocupamos el puesto número 92 entre 180 países, y entre los países que hacen parte de la OCDE ocupamos el penúltimo lugar.
En Colombia se han realizado algunos esfuerzos para contrarrestar los hechos de corrupción, unos de carácter sancionatorio como la eliminación del beneficio de casa por cárcel para funcionarios y contratistas, la perdida de la licencia de conducción y otros de clase técnica como los pliegos tipo que le apuntan a mejorar las prácticas contractuales a promover la participación ciudadana y a contrarrestar los denominados “pliegos sastre” que eran comunes en el país.
Pero aun nos falta mucho por hacer en materia de lucha contra la corrupción, hoy seguimos viendo un alto número de obras inconclusas o “elefantes blancos”, contratistas falsificando pólizas para ganarse contratos, figuras de contratación como los convenios y contratos interadministrativos que se realizan de forma directa en los que según estudio de la Contraloría General de la República en muchos casos se ha utilizado para eludir los procesos de contratación, especialmente la licitación como regla general de la contratación pública. Igualmente, un estudio del BID y Fedesarrollo demuestra que ésta es una figura de contratación por la cual se canaliza una gran cantidad de recursos. Sólo para el periodo 2014-2019 se realizaron 102.081 contratos y convenios interadministrativos por un valor cercano a los 72 billones de pesos, con lo dicho no estoy señalando que todos los contratos interadministrativos estén permeados por la corrupción, ya que desde mi experiencia reconozco su importancia para casos puntuales; pero sí invito a que haya un mayor control sobre estos y que en los casos que se deba utilizar mecanismos como la licitación se haga, pues los contratos interadministrativos no pueden ser una forma de direccionamiento para adjudicar a dedo las grandes contrataciones públicas y de paso evadir la norma.
La corrupción debemos combatirla como sociedad, hay que formar desde el seno de la familia a nuestros niños en valores, para evitar que más adelante se vean tentados a cometer actos de este tipo, Colombia no puede seguir viviendo más hechos como el de SaludCoop, ni Caprecom donde se perdieron más de $4,5 billones, Foncolpuertos donde las pérdidas ascendieron a $2,5 billones e Interbolsa donde se tuvo pérdidas por $300.000 millones, pero más allá de la efectividad de las sanciones legales que en el caso colombiano, tardan entre 10 y 13 años para fallar; como sociedad debemos aprender a percibir y ser conscientes de que nuestras acciones personales afectan la sociedad, necesitamos una transformación cultural empezando a infundir normas básicas de convivencia desde la más temprana infancia y realizar de manera categórica un cambio en la cultura. De no ser así, el cáncer de la corrupción se profundizará cada vez más en la mente de las personas como una conducta permisiva y se agudizarán las consecuencias negativas que hemos señalado.
Horacio Gallón Arango
¡Vamos a recuperar y fortalecer el liderazgo de Antioquia!
[1] Estudio realizado por el Centro de Proyectos para el Desarrollo CENDEX de la U Javeriana.
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