Control social 4.0: Juventud en tiempos de polarización

Lograr el equilibrio entre las expectativas ciudadanas y las efectivas respuestas institucionales es sin duda un indicador constante en la búsqueda de confianza y gobernabilidad en el sector público.

Este asunto es de tal trascendencia y magnitud que más de 70 países en una iniciativa multilateral han participado desde el año 2011 en la creación de la Alianza para el Gobierno Abierto (OGP por sus siglas en inglés) con el objetivo de mejorar el desempeño gubernamental, fomentar la participación efectiva y mejorar la capacidad de respuesta de los gobiernos hacia sus ciudadanos [1].

Colombia, como integrante de la Alianza, ha promulgado decenas de normas entre leyes, guías, lineamientos, Conpes, y circulares, entre otras, que han intentado regular y robustecer las buenas prácticas e iniciativas para el acceso a la información pública, la integridad y la rendición de cuentas, la participación ciudadana y el fortalecimiento de la capacidad institucional [2].

Dentro de este contexto, múltiples son los actores ciudadanos en los que se debe robustecer la responsabilidad para la solución conjunta de problemas estatales. Unos de trascendental importancia, son los Consejos municipales de Juventud.

La Ley 1622 de 2013, establece un marco institucional que permite a todos los y las jóvenes la garantía del ejercicio pleno de la ciudadanía juvenil en sus ámbitos civil o personal, social y público, así como el goce efectivo de los derechos reconocidos en el ordenamiento jurídico. Dentro de las principales funciones de los Consejos municipales de Juventud, se tiene la atribución de “ejercer veeduría y control social a los planes de desarrollo”.

En cumplimiento del artículo 45 de la Constitución Política desarrollado por la Ley Estatutaria 1622 de 2013, modificada por la Ley Estatutaria 1885 de 2018, el pasado mes de noviembre de 2021, se adelantó la elección de los Consejos de Juventud.

Los y las jóvenes en Colombia se encuentran ante problemas estructurales que limitan el goce y disfrute de sus derechos sociales, ambientales, culturales, económicos, familiares y políticos, entre otros. De acuerdo a las estadísticas del documento CONPES 4040 de agosto de 2021 del Consejo Nacional de Política Económica y Social del Departamento Nacional de Planeación “el 18 % de los jóvenes viven en hogares en pobreza multidimensional. En la fase de su desarrollo en el entorno educativo se ven afectados por barreras de tipo económico: el 28,8 % de los jóvenes urbanos entre los 17 y 21 años y el 22,8 % de los jóvenes rurales en este rango de edad no asisten a un establecimiento educativo por carencia de recursos; además, tienen una baja valoración de la educación, dado que el 32,1 % de los jóvenes entre los 14 y 16 años manifiesta poco interés por el estudio” [3].

La Alcaldía de la Medellín Futuro, comprendió la necesidad de implementar prácticas de contratación pública inclusiva, desde una perspectiva de responsabilidad social. Con el Acuerdo No 016 de 2020 “por medio del cual se establecen los lineamientos de compra pública innovadora, sostenible y socialmente responsable del municipio de Medellín y su conglomerado” [4], Medellín apostó por satisfacer sus necesidades de adquisición de bienes y servicios a partir de la adopción de criterios que promuevan la igualdad de oportunidades y la generación de empleos para poblaciones en posición de vulnerabilidad social como la población joven, por ejemplo.

Pero allí no termina la apuesta. Los y las jóvenes tienen una gran oportunidad de construir una Medellín Futuro desde unas nuevas bases de gobernanza, distintas a las que gobernaron el pasado. De ahí la importancia de potenciar la veeduría constructiva que promueva la participación y fomente a partir de escenarios de empoderamiento del ejercicio democrático la vigilancia de la gestión pública a partir de la acción ciudadana, pero sobre todo a través de la verdad, de los datos. ¿Cómo repensar estos retos hacia el futuro? ¿Cómo ejercer la veeduría y control social a las instituciones públicas de forma constante y activa? ¿Cómo adelantar procesos de veeduría de forma técnica, con información y conocimiento, que les permita a los CMJ actuar como aliados estratégicos de la entidad en el cumplimiento de sus objetivos? ¿De qué forma ejercer la acción ciudadana como una forma de velar por el eficiente gasto de los recursos públicos?

En este 2022, que fue declarado por el Consejo y el Parlamento Europeo [5] como el “año de la juventud” con la intención de impulsar la participación juvenil en las políticas públicas y en los escenarios de toma de decisiones, el camino implica un trabajo conjunto, en el respeto de la autonomía y de la crítica, en el marco de los lineamientos definidos en la normatividad vigente para mejorar los niveles de confianza y transparencia. Desde la Alcaldía de Medellín, estamos convencidos de que la participación de los jóvenes es fundamental en la construcción de ciudad. Debemos actuar más allá del discurso, aunar objetivos y actuar sin dilación.

Termino haciendo uso de las palabras del Alcalde Daniel Quintero “Jóvenes, tómense la política, porque en la política es donde se toman las decisiones” y “Mujeres, un paso adelante”.

Karen B. Delgado M.