En las últimas semanas ha suscitado un debate interesante debido a dos proyectos de ley impulsados en el Congreso de la República: el primero, liderado por los senadores David Barguil y Luis Fernando Velasco, busca modificar la Ley Estatutaria 1266 de 2008 que se refiere al habeas data, proyecto tras el cual se daría una amnistía a deudores morosos; y el segundo, busca eliminar muchos de los costos de servicios financieros en cuentas de ahorro y tarjetas de crédito, impulsado por el representante Jhon Jairo Berrio y apoyado por David Racero y los representantes del Partido Liberal: Silvio Carrasquilla, Carlos Bonilla y Víctor Ortiz.
En principio estos proyectos de ley son medidas populares porque, por un lado, recogen la inconformidad de diferentes sectores frente a las dificultades que tienen los morosos para acceder a crédito después de ser reportados en centrales de riesgo, y por otro lado, las críticas ante lo que algunos consideran altos costos de transacción por servicios financieros.
A pesar de ello, si estos proyectos de ley llegan a ser aprobados se lograría el resultado opuesto. En primer lugar el proyecto de amnistía a morosos tiene como propósito lograr que las personas se pongan al día en sus pasivos durante los primeros seis meses de vigencia de la ley, para que así logren eliminar la mancha en su historial crediticio, y puedan acceder de nuevo a créditos sin que las entidades financieras les pongan peros por su pasado de morosos.
Esta fórmula ya se ha aplicado en otros países – como Chile [1] – y ha demostrado ser inefectiva, creando asimetrías de información, haciendo que los bancos queden a ciegas a la hora de realizar créditos y se abstengan, por lo que estaría estimulando un mercado extra bancario riesgoso – el famoso “gota a gota” – mucho más costosos para las personas, haciendo que su renta sea menor, reduciendo su bienestar y restando eficiencia al mercado.
Terminaría siendo un contrasentido, querer estimular el acceso a crédito dejando a los bancos sin información sobre el historial crediticio de sus clientes y haciendo que se acojan a la filosofía: “ante la duda, abstente”.
Por otro lado, el proyecto de ley que busca regular los costos de los servicios financieros ataca un síntoma (los elevados costos), pero no la enfermedad (la poca competencia que existe en el sistema). Es bien sabido que el sistema financiero Colombiano funciona bajo una estructura oligopólica donde hay una alta concentración de mercado en unas pocas entidades junto a un reducido número de competidores, hechos que llevan a que la estructura de mercado sea ineficiente y se aleje de un modelo de competencia perfecta deseado.
Sin embargo, este proyecto no es la solución y puede marcar un precedente riesgoso. Fijar precios al calor del debate político puede sesgar este tipo de decisiones técnicas debido a presiones populistas, por lo que se hace necesario que, si se quieren dar este tipo de debates se tenga muy en cuenta los entes técnicos como el Ministerio de Hacienda, la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), la Superfinanciera, Fedesarrollo, etc.
La teoría económica actual reconoce que existen fallos de mercado, por lo que se avala la regulación cuando son reconocidos. En este caso, los altos costos en los servicios financieros no son un fallo de mercado, sino una consecuencia de la poca competencia y la alta concentración en el sistema. En ese sentido, parten de un premisa equivocada y los resultados son iguales. Por lo tanto, regular precios deliberadamente laceraría el libre mercado y la libre formación de precios que se debe dar en el sistema, y podría llevar a que las entidades en el sistema financiero opten por una de estas dos opciones: i) trasladen los costos de servicio a sus tasas de interés u otros cobros, o ii) al verse obligadas a no poder cobrar por sus servicios tomen la decisión de no prestarlos, a fin de cuentas, no están obligadas a hacerlo.
En ambos casos las consecuencia afectaría el bienestar general. Si optan por la primera, los mayores afectados serían los clientes de mayor riesgo, que no podrían pagar los nuevos costos de los servicios financieros, por lo tanto, como la mayoría de estos clientes de alto riesgo son personas que viven en la periferia, sin una solidez financiera suficiente para que estos nuevos costos se acoplen a sus finanzas personales el mercado se contraería a las ciudades, limitando la oferta y llevando a que el consumo de estos hogares disminuya, por no contar con acceso a crédito. Si toman la segunda opción, todos nos veríamos afectados, con las mismas consecuencias.
De nuevo, un contrasentido. El proyecto busca que más personas accedan al sistema intentando atraer a nuevos usuarios para aumentar la bancarización, pero logra lo contrario, al reducir la oferta de servicios y dejar por fuera a los clientes de mayor riesgo.
Quizá, lo que necesita el mercado es que los clientes tengan claros los costos de sus servicios financieros, que a veces, aunque se intente, no lo están. En ese sentido, el problema podría estar en otra dirección, si existe una asimetría de información los bancos estarían registrando una renta adicional a costa de restar eficiencia al mercado. Si todos los clientes tuvieran claros los costos podrían exigirle a los bancos una disminución, logrando un nuevo equilibrio.
En conclusión, el Congreso debería rechazar estas leyes que están próximas a ser debatidas en la Cámara de Representantes y el Senado, respectivamente, y adeudaría enfocar sus esfuerzos en crear un nuevo marco legal que estimule la competencia en el sistema financiero y, por otro lado, que se ponga en la tarea de detectar si existen asimetrías de información que puedan ser estudiadas para librar un debate técnico acompañado por las respectivas entidades.
De cualquier forma, sorprende en estos casos el consenso interpartidista en estos debates, por lo que queda la impresión de que existe una poca comprensión de nuestros legisladores frente a los temas económicos y se hace necesario librar un debate en torno a la capacidad de nuestro Congreso por producir buenas leyes.
[1] Liberman, Neilson, Opazo y Zimmerman. (2018). THE EQUILIBRIUM EFFECTS OF INFORMATION DELETION: EVIDENCE FROM CONSUMER CREDIT MARKETS. NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH.
