La batería desplegada, hasta ahora, de acciones de contención básica y de primeros auxilios ante el COVID-19 es destacable. Pero los retos inmediatos son tremendos: hay que definir cómo se prolongarán las medidas de distanciamiento y contención, qué medidas adicionales tomar ante el desempleo, cómo garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas, y cómo desplegar micro-acciones para focalizar la asistencia pública y ayudar a la recuperación futura del aparato productivo.
Por: Jesús Botero García – Liz Londoño Sierra originalmente en Eafit.edu.co
Medidas implementadas
Las medidas hasta ahora tomadas por el Gobierno Nacional pueden clasificarse en tres grandes categorías: medidas de contención y manejo; medidas de mitigación de impacto sobre las personas y las empresas; y medidas de protección y reparación del sistema económico y del aparato productivo.
Entre las primeras, las más importantes son la resolución 385 del 12 de marzo, que declara la emergencia sanitaria; el decreto 417 del 17 de marzo, que declara la emergencia económica, social y ecológica en el territorio nacional; la resolución 470 del 20 de marzo, que adopta el aislamiento preventivo de persona adultas mayores; y el decreto 457 del 22 de marzo, que ordena el aislamiento preventivo obligatorio entre el 25 de marzo y el 13 de abril. Todas ellas son medidas de contención, a través de “distanciamiento social”, que deben contribuir a aplanar la curva de contagio y disminuir la tasa de mortalidad del virus.
En cuanto a medidas de manejo, que pudieran resumirse en el ciclo “detección, aislamiento y manejo”, se resumen en acciones para aumentar la cantidad de pruebas que se realizan, la habilitación de camas y la provisión de equipos necesarios para el tratamiento, como respiradores, la exención del IVA en la importación de equipos médicos y materiales requeridos para la atención de cuidados especiales e intensivos en clínicas y hospitales, y, en general, la movilización de recursos al sistema, hasta por 4.5 billones.
Las medidas de mitigación se activan a partir del decreto 444 de marzo, que crea el Fondo de Mitigación de Emergencia (FOME), redestinando cerca de 14.7 billones de pesos del FAE y del FONPET para “atender las necesidades básicas en salud, los efectos adversos generados a la actividad productiva y la necesidad de que la economía continúe brindando condiciones que mantengan el crecimiento y el empleo”, y del decreto 458 del 22 de marzo, que adopta medidas para protección de hogares en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica. Hasta abril 2, las medidas de mitigación incluían:
- Familias en Acción: hasta 335.000 pesos para más de 2.6 millones de hogares.
- Jóvenes en Acción: hasta 715.000 en promedio para más de 204 mil beneficiarios.
- Devolución del IVA: 75.000 bimensuales para 1 millón de familias.
- Adulto mayor: 240.000 pesos para 2 millones de abuelos.
- Mercados para adultos mayores: 250 mil mercados para adultos mayores que no reciben ayudas.
- ICBF: más de 700 mil paquetes alimentarios entregados.
- Ingreso solidario: 160.000 pesos para más de 3 millones de familias que no están en programas sociales.
- Programa PAE en casa, buscando llegar a 6 millones de familias: 26 de 96 entidades territoriales operando ya el programa.
- El diferimiento del pago de las facturas de electricidad y gas a 36 meses, para los estratos 1 y 2.
- La cuota monetaria hasta de dos salarios mínimos mensuales, para quienes no hayan tenido trabajo en los últimos seis meses y hubiesen estado afiliados a cajas de compensación.
- Y se está trabajando en un programa de identificación de adultos mayores de 70 años que sean trabajadores del campo para brindarles apoyo económico.
Adicionalmente, se establecieron medidas para el manejo de arriendos, protegiendo arrendatarios de vivienda y de micro, pequeñas y medianas empresas.
Por último, las medidas de protección y reparación del sistema económico y del aparato productivo incluyen medidas transversales, y medias sectoriales:
Las transversales hacen referencia a la protección general del sistema y se destacan la provisión de liquidez y la reducción de la tasa de intervención, por parte del Banco de la República; la capitalización del FNG, que permite garantizar crédito hasta por 70 billones de pesos, 20 de ellos dirigidos a la pequeña y mediana industria; y los planes de alivio financiero a los deudores, sin mención a la historia crediticia.
Las medidas sectoriales incluyen los programas de swaps y forwards del Banco de la República para importadores; el aplazamiento de pagos parafiscales para empresas de los sectores más afectados por el COVID-19, como son turismo, aeronáutico, restaurantes y eventos; los nuevos programas de financiación de Bancoldex, hasta por 250 mil millones de pesos, agrupados en la línea de crédito “Colombia Responde”; y el programa “Colombia Agro Produce”, que provee créditos a los productores agrícolas con períodos de gracia y tasas de interés entre el 3.5% y el 4.5%.
Retos inmediatos
La batería desplegada, hasta ahora, de acciones de contención básica y de primeros auxilios, ha sido destacable. Pero los retos inmediatos son tremendos y tienen que ver con cuatro frentes esenciales: el futuro de las medidas de contención, y en particular del programa de aislamiento preventivo obligatorio; las modificaciones transitorias necesarias en los mercados de bienes, servicios y factores productivos para administrar de la mejor manera posible la recesión inevitable y la ulterior recuperación; la sostenibilidad de las finanzas públicas y las acciones posibles para financiar los programas y acciones emprendidas y los que se requieran en el futuro; y el despliegue de micro-instrumentos, que permitan identificar beneficiarios de los programas, evitando los riesgos morales y la selección adversa en su implementación.
A. ¿Qué sigue en contención después del 13 de abril?
El tipo de cuarentena desplegado en la fase inicial de contención ha sido genérico, y muy poco discriminatorio. No difiere mucho de las cuarentenas que el mundo podía aplicar antes del advenimiento del “big data”, de la inteligencia artificial y de la digitalización generalizada. En China, se practicó lo que pudiera denominarse la micro-administración de la cuarentena, identificando al detalle los riesgos de cada individuo, y estableciendo semáforos individuales, de acuerdo con esas condiciones de riesgo.
Estamos, por supuesto, muy lejos de esa posibilidad, pero una prolongación de una cuarentena genérica y no discriminatoria podría tener consecuencias funestas, no sólo por la destrucción del aparato productivo, sino por la extrema indefensión en que deja a aquella parte de la población (cercana al 50%) que depende de actividades informales. Hay pues que diseñar una “cuarentena inteligente”, que identifique riesgos diferenciales en zonas geográficas y en actividades productivas, que establezca condiciones de operación segura en los sectores en que ello sea posible, y que jerarquice las medidas de distanciamiento, de acuerdo con su componente de riesgos. La georreferenciación será indispensable en esta fase, y el reto, sin duda, gigantesco: implementar un sistema inteligente, sin disponer de experiencia previa en ese tipo de manejo.
B. Modificaciones a los mercados laborales y subsidios al empleo.
Hay que abordar la discusión de acciones posibles en los mercados de trabajo, dados los riesgos de que el nivel de desempleo se eleve peligrosamente, a niveles cercanos del 20%: ¿qué medidas excepcionales pueden atenuar ese efecto?, ¿Se pueden flexibilizar transitoriamente las formas de contratación y los salarios para minimizar los impactos del COVID-19 en el nivel de empleo?, O ¿es viable y posible implementar esquemas de subsidios al empleo como los que se han planteado en economías de la Unión Europea y en otros países?
La anterior es una discusión decisiva, pero muy compleja, porque pone a prueba el pacto social que subyace a nuestra sociedad: supone responder la muy compleja pregunta acerca de cuánto han de sacrificar empresarios, empleados y sociedad en general, para minimizar los efectos de mediano y largo plazo de la crisis.
C. Sostenibilidad de las fianzas públicas.
El tema de la sostenibilidad de las finanzas públicas estará en el trasfondo de todas las discusiones públicas futuras, máxime cuando es claro que las calificadoras de riesgo observan con detenimiento nuestras acciones. La discusión sobre el tema ha de tener dos componentes decisivos. El primero, relativo al marco institucional vigente y a su adecuación para las condiciones de extrema disrupción que enfrentamos: ¿Podemos manejar la coyuntura en el marco institucional establecido, o tendremos que emprender modificaciones al mismo, siempre dentro del marco de la proverbial prudencia macroeconómica y fiscal que nos ha caracterizado?
El segundo, relativo a la estructura misma de las finanzas públicas en Colombia. ¿Puede ser esta la ocasión, como lo ha sugerido Eduardo Lora, de que convoquemos las voluntades de todos los agentes, y especialmente de las élites, para repensar la estructura de las finanzas públicas y el propio pacto social que lo sustenta? ¿Podrá ser este el momento de las grandes transformaciones?
D. La micro-administración de las acciones públicas.
El último tema de extrema importancia es: cómo focalizar adecuadamente las intervenciones públicas. Las medidas que deben implementarse en una crisis como la actual, están lejos de las que estamos acostumbrados a pensar en el marco de crisis de demanda como las que ha vivido el mundo en las últimas décadas. No es esta una crisis que se resuelva con provisión de liquidez (aunque sea necesaria); ni con políticas convencionales de estímulo a la demanda (aunque también puedan ser necesarias).
Enfrentamos en cambio los riesgos de una destrucción minuciosa y detallada del aparato productivo; y observamos así mismo un inmenso despliegue de tragedias individuales, en una economía con altos grados de informalidad y de precariedad.
Así que tendremos que identificar adecuadamente beneficiarios de políticas públicas, evitando los inevitables polizones, que querrán beneficiarse indebidamente de las medidas. Pero puede ser éste también el punto de partida de un sistema de identificación social, que permita mejorar la focalización de las políticas, racionalizar el sistema tributario, y gestionar de manera justa y eficiente nuestras herramientas tributarias.
