En medio de un sinfín de turbulencias y bloqueos de toda naturaleza, desde el principio del Gobierno el presidente Petro le propuso a las élites políticas y económicas un gran Acuerdo Nacional, dicho Acuerdo, proyectado como un espacio de consenso entre diversos actores, nunca fue considerado con seriedad por quienes mal gobernaron el país durante décadas y que en los últimos años solo se han empeñado en torpedear las reformas que le garantizan una mejor calidad de vida a millones de colombianos y colombianas.
Poco les importa que Colombia se encuentre en los primeros lugares del vergonzoso ranking de los países más desiguales del mundo. Porque es en la reproducción de esa desigualdad en la cual las élites tradicionales, tanto políticas como económicas -en un matrimonio siempre muy conveniente- sustentan su poder, pervirtiendo la democracia en esquemas clientelares, de feudos partidistas, de compra de votos y chantaje al gobierno de turno.
De ahí que no sorprenda que en la Comisión Séptima del Senado ocho congresistas hayan decidido hundir la reforma laboral, negando su discusión en la plenaria de la Corporación y pasando por encima de la dignidad de millones de trabajadores. Motivados, eso no lo pongo en duda, por cálculos electoreros y siguiendo el camino trazado a la sombra por los dueños del gran capital.
Igual suerte podría correr el texto de la reforma a la salud que pronto llegará al Senado -tras su paso por la Cámara de Representantes- para encontrarse con los senadores y senadoras que ya conocidos como los “archivadores” armaron mayoría para negar la discusión de las reformas sociales y cercenar así la democracia. No se avizora un buen puerto para la reforma a la salud tras el reciente hundimiento de la reforma laboral. Lo que motiva a la oposición es bloquear cualquier iniciativa del Gobierno, ridiculizar la propuesta del gran Acuerdo Nacional y pasar por encima de la dignidad de millones de colombianos.
Por eso, el llamado a convocar a una consulta popular para que sea el pueblo el que decida sobre las reformas -la laboral y a la salud- es un gran acierto por parte del presidente, no solo porque le otorga a la ciudadanía la oportunidad de decidir sobre las reformas sociales que en el Senado se han negado de forma casi que sistemática en los últimos años, sino porque lleva a la discusión realmente pública asuntos que en los pasillos del Capitolio quedan entrampados en la capacidad de cabildeo de los dueños del gran capital.
Como una forma de democratizar la discusión pública la consulta popular es ante todo una oportunidad para que sea la ciudadanía la que exprese su voluntad. Porque la palabra, como debe de ser en una verdadera democracia, la tiene el pueblo.
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