El pasado 24 de noviembre, en su programa «La hora de la verdad» Fernando Londoño Hoyos señalaba que el debate entre izquierda y derecha es sencillo, cuando menos en el manejo de la economía: el socialismo propone el Estado como dueño absoluto de los medios de producción y el capitalismo propone la libre empresa y el mercado libre.
A su vez, el Dr. Gilberto Tobón Sanín ha recordado en varias oportunidades un hecho histórico incuestionable: el socialismo, como modelo económico, fracasó. Sobre este fracaso no hay duda. Incluso el expremier soviético Mikhaíl Gorbachev en su obra.
Esto en cuanto al rol del Estado en el manejo político y económico. Pero hay elementos que no dependen del mercado, como el medio ambiente y los derechos civiles y sociales., ¿y en lo social qué?
Desde lo económico, el eje izquierda-derecha mide el grado de intervención del Estado en su manejo, regulación y redistribución: a mayor intervención, más «a la izquierda». En cuanto a los factores que no dependen del mercado, como el medio ambiente y los derechos civiles y sociales, el grado de restricción y garantías por parte del Estado se ubica en el eje vertical “autoritarismo-libertarismo”. A mayor restricciones, más «hacia arriba» en el eje vertical.
El Estado debe combatir la pobreza generando oportunidades. Una de las estrategias para ello es la educación, factor que permite desarrollar la capacidad humana de transformar el mundo. Pero no es la única.
Otra estrategia en esta lucha es la redistribución de recursos públicos a través de subsidios e incentivos. Pero, ¿hasta qué punto debe intervenir el Estado? ¿A quiénes priorizar y cómo hacerlo?
La guerra cultural
La respuesta más adecuada sería garantizando la equidad de oportunidades desde un enfoque de derechos (civiles y políticos, económicos, sociales y culturales) y con enfoque diferencial. Este es, justamente, el origen del choque de intereses; el casus belli de la guerra cultural que ha vivido el mundo durante los últimos 30 años.
Por su naturaleza reivindicativa, la defensa de la equidad de oportunidades y de los derechos económicos, sociales y culturales, algunas voces en Colombia la catalogan de “neocomunismo”. ¿Por qué?
Básicamente, por una simple razón: dichos sectores, que defienden los derechos civiles y políticos (principio de libertad), consideran que los derechos económicos, sociales y culturales (principio de igualdad) son «falsos derechos» ya que el Estado no puede satisfacerlos más que imponiendo a otros su realización.
De allí que las acciones afirmativas y la lucha por la garantía de los derechos de las minorías desde el principio de igualdad, se denomina en la angloesfera como “nueva izquierda” o «marxismo cultural». Pero como en Colombia todo lo copiamos y lo copiamos mal, algunos sectores en nuestro país omiten el “cultural” califican erróneamente esta reivindicación como «la izquierda» o, en el peor de los casos, «neocomunismo».
Este tipo de afirmaciones erróneas e imprecisas llama al engaño y apela a la emotividad del colombiano promedio, que tiene una formación política nula. Por esta razón en Colombia seguimos con caudillismos y nos concentramos más en nombres y apellidos que en sus ideas y propuestas. Para zanjar este debate, es preciso llegar a un acuerdo sobre lo Fundamental: en lugar de adherir a nombres y apellidos y confluir en torno a un único aspecto: el grado de intervención del Estado en la economía y en la garantía de derechos económicos, sociales y culturales. Pero, ¿cómo lograrlo?
Un acuerdo sobre lo fundamental
He aquí un aporte:
El asunto económico está zanjado: el capitalismo de Estado es inviable. Por ello se requiere, cuando menos, un modelo de economía mixta en el que Estado debe regular (en la menor medida posible) y fijar condiciones de sana competencia, para que no sea posible la explotación de unas empresas por otras, o el abuso de ciertas condiciones de mercado en favor de una sola. Esto desde el principio de libertad.
En cuanto al principio de igualdad, el debate actual está en el rol del Estado frente a los derechos humanos fundamentales. En las sociedades modernas lo que prima es la democracia constitucional. El eje de una constitución verdaderamente democrática son los derechos humanos fundamentales y la esencia de la democracia no es el gobierno de las mayorías, sino darle garantías a las minorías.
En este orden de ideas, el Estado debe ejercer una defensa irrestricta de los derechos humanos fundamentales: además de los derechos civiles y políticos, están el derecho a la salud y educación de calidad, alimentación adecuada, a la vivienda y empleo dignos, al agua potable y al medio ambiente. Estas son las cuestiones a abordarse.
¿Cuál debe ser el papel del Estado frente a los Derechos Humanos? ¿Cómo garantizar y proteger los derechos individuales, civiles, económicos y sociales? ¿Cómo seguir cerrando las brechas de inequidad?
Las respuestas a estas preguntas llevarán a un acuerdo sobre lo fundamental y marcarán la hoja de ruta de las futuras contiendas políticas y electorales. #OjoConEl2022
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