¡Colombia ya no es un país, es un narcoestado con bandera!

Colombia se enfrenta a una crisis estructural: más de 253.000 hectáreas de coca, guerrillas activas y paramilitares operando. El Estado ha cedido su función esencial de proteger la vida y garantizar la justicia. Entre pactos fallidos y leyes de sometimiento, la violencia sigue siendo la moneda de cambio. La conclusión es dura: Colombia no es un Estado de derecho, sino un narcoestado con bandera.

Libertad y Orden quedaron en el escudo;
en la realidad, mandan la coca y el desorden.

Colombia está hundida hasta el cuello en la coca. Esa es la cruda verdad que el profesor Mauricio Gaona evidenció en su exposición. No se trata de exagerar. Hoy tenemos 253.000 hectáreas sembradas de coca, lo que equivale a 31 veces Bogotá entera. Del total de cocaína que circula en el planeta, cerca del 70% se produce aquí. ¿Cómo negar entonces que Colombia ha terminado convertida en un narcoestado? No porque el presidente o sus ministros sean capos, sino porque el Estado se rindió, renunció a su obligación más básica: proteger la vida, imponer la ley y garantizar libertad. Mientras la bandera dice “Libertad y Orden”, la realidad parece esclavitud y desorden.

La situación es tan grave que las regiones más golpeadas; Norte de Santander, Nariño, Cauca, Chocó, Bolívar, Sucre, Meta, Guaviare, Arauca, viven como si fueran países aparte. El Estado no llega, o llega con promesas que se evaporan. Allí mandan los fusiles, no la Constitución. Los alcaldes, que deberían ser la autoridad, terminan escondidos o abandonados a su suerte. El gobierno responde con trinos en redes sociales o con leyes de sometimiento que, en vez de someter a los criminales, someten a la gente de bien. La coca es el verdadero poder. Los criminales son los que dictan el orden del día.

El problema se agrava cuando la paz se convierte en un show fotográfico. Se repite la misma fórmula desde hace décadas: un grupo armado comete crímenes atroces, negocia, entrega algunas armas, posa para la foto con la ONU y el gobierno, y termina con curules en el Congreso o cargos públicos. Las víctimas quedan calladas, olvidadas. En Colombia la paz dejó de ser una solución al conflicto. Ahora es un negocio que premia al victimario y castiga al inocente. La historia no cambia: en los años ochenta Pablo Escobar se entregó bajo condiciones ridículas. Hoy seguimos viendo la misma película, con diferentes actores, pero con idéntico libreto.

El profesor Gaona recordó algo importante: Colombia sigue siendo el único país del mundo, en pleno siglo XXI, con guerrilla activa y con paramilitares operando. Ningún otro país ha normalizado tanto la barbarie. Aquí se vuelve costumbre que los procesos de paz terminen fortaleciendo el narcotráfico. El acuerdo con las FARC no resolvió el problema de la droga, lo multiplicó. Los cultivos de coca crecieron después de esa firma, y los nuevos grupos armados heredaron las rutas, los laboratorios y hasta el discurso de supuesta lucha social. Todo quedó igual o peor.

Mientras tanto, el proyecto de ley 002 de 2025 busca legitimar la claudicación del Estado. En vez de fortalecer jueces, policías o soldados, se crea un marco jurídico que le abre la puerta a cualquier organización criminal desde 1990. Eso significa que, otra vez, quienes asesinaron, secuestraron y traficaron van a tener beneficios. En Sudáfrica la paz fue excepcional y definitiva. Aquí es rutina, es política pública. Ese mensaje es fatal para los jóvenes de las regiones: la violencia paga, la droga da poder, y la impunidad siempre llega con traje de paz.

Colombia no está en paz. Nunca lo ha estado. Basta recordar que candidatos presidenciales siguen cayendo asesinados, que líderes sociales son masacrados cada semana, que las fuerzas armadas están mal pagadas y desmoralizadas. El dinero que debería ir a proteger a la gente se gasta en mantener mesas de diálogo eternas, viajes, fotos y discursos huecos. El país entero está hipotecado a la coca. Y lo peor: el ciudadano común, ese que trabaja, paga impuestos y apenas sobrevive, es el que sufre el secuestro, la extorsión, la violencia en carne propia.

La conclusión es amarga: sí, Colombia es un narcoestado. No porque todos seamos narcos, sino porque el Estado dejó de ser Estado. Abdicó ante las mafias. Cambió la justicia por negociaciones. Cambió la dignidad por impunidad. Lo único que cambia son los nombres de los grupos y de los jefes. La esencia es la misma. Cada generación recibe el mismo mensaje: quien mata, gobierna; quien trafica, negocia; quien secuestra, manda. Esa es la verdad incómoda que duele aceptar. Y mientras el pueblo siga aguantando resignado, los criminales seguirán gobernando sin necesidad de ganar elecciones.

Cinco datos curiosos

1. Colombia produce el 70% de la cocaína mundial: casi 2.700 toneladas al año.
2. Los cultivos de coca cubren un área equivalente a 31 veces Bogotá.
3. En 1991, Pablo Escobar construyó su propia cárcel, “La Catedral”, y allí recibía ministros.
4. Colombia es el único país en el siglo XXI con guerrillas y paramilitares aún activos.
5. El lema “Libertad y Orden” del escudo nacional se convirtió en una ironía frente a la realidad del país.