En diversos escenarios he visto la cara de sorpresa y aún desaprobación cuando expreso que “¡Colombia está respondiendo bien!”. Creo que estas reacciones pueden explicarse, primero, en una tendencia inmediatista que nos hace creer que cuando se dice “bien”, se hace referencia a la fotografía del día, al momento más actual, a la agenda, al gobierno de turno, y segundo, que cuando se dice “bien” se desconocen o minimizan los riesgos actuales y futuros. No es así. Tengo la convicción de que el país en su conjunto está respondiendo bien a los enormes desafíos que desde el punto de vista político e institucional ha venido planteando, cada vez con mayor frecuencia y peligrosidad, el presidente Petro.
La economía muestra cada vez más síntomas de desaceleración, la seguridad se deteriora, la salud retrocede, el pesimismo crece, así como la división y la polarización. Pero frente a este panorama, sin duda real y crítico, producto de los errores, la falta de ejecución y los desafueros del gobierno, las instituciones y la sociedad colombiana vienen respondiendo con firmeza y acierto. Así debemos seguir haciéndolo porque el futuro de Colombia depende de ello, más que de la rectificación de Petro, que cada día luce más delirante y autista.
Reconozco que cuando digo que “Colombia está respondiendo bien”, me anima el propósito de oponer argumentos y hechos, no solo a la visión pesimista que el presidente intencionalmente transmite, sino también el negativismo que replican muchos, desesperados por las falencias y los desatinos del gobierno.
Demos una mirada sobre algunos avances fundamentales, desde el punto de vista democrático e institucional, en los últimos 25 años del Siglo XX y los primeros 25 del XXI:
1975 – 2000: Guerra al narcotráfico y Constitución 1991
En la década de los 80, fenómenos como la proliferación de guerrillas y la criminalidad asociada al narcotráfico hicieron que la violencia creciera en espiral, la tasa de homicidios se fue incrementando exponencialmente hasta llegar a un pico histórico en 1991 de 89,2 homicidios por cien mil habitantes.
Mientras libranos esa guerra frontal contra los carteles de la droga, durante ese último cuarto del siglo XX se adelantaron varios procesos de negociación con los grupos insurgentes. Sin duda, un hito en esa dirección fue el acuerdo de paz y la desmovilización del M19, el Quintín Lame, el EPL y la Corriente de Renovación Socialista, entre otras, además de varios procesos de negociación que no resultarían exitosos con las Farc y el ELN.
Paralelamente, una reforma constitucional en 1986 permitió la elección popular de los alcaldes a partir de 1988, lo que significó un importante avance democrático y administrativo, pues suavizó el excesivo centralismo de una constitución centenaria y permitió el fortalecimiento de liderazgos regionales. Proceso que en buena medida abrió el camino para la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente, que aun en medio de la guerra contra los carteles, logró incluir muchas voces y nuevos temas en la agenda nacional. El producto de ese ejercicio fue la Carta Constitucional de 1991 que introdujo reformas fundamentales al sistema democrático como la elección popular de gobernadores, la autonomía y descentralización administrativa en un Estado unitario, la creación de la Corte Constitucional, la Fiscalía y de figuras tan revolucionarias como la Tutela, entre otras.
En este proceso fue protagonista el partido político surgido de la desmovilización del M19, con un importante número de constituyentes. Y con Antonio Navarro Wolf, elegido copresidente, al lado de los líderes de los tradicionales partidos conservador y liberal, Álvaro Gómez Hurtado y Horacio Serpa Uribe, en una figura de presidencia colegiada que envió el mensaje de unidad desde la diferencia, fundamental en ese momento de la vida nacional. Precisamente la promulgación de esa Constitución a varias voces representó también la disposición de la sociedad colombiana a una mayor apertura política, después de décadas de violencia asociada a las diferencias políticas. Al mismo tiempo supuso una renovación del sentimiento nacionalista y de amor a la patria que, en buena medida, se tradujo en respaldo a las instituciones y revitalización del aparato estatal, que a la postre permitió la derrota de los carteles mafiosos.
No fue un camino fácil. El reto militar, político, social e institucional que representaron los carteles del narcotráfico habría arrasado con otros estados y sociedades. En un corto período de tiempo fueron asesinados cuatro candidatos presidenciales y las masacres, los asesinatos políticos y los atentados masivos con bombas ocuparon la agenda informativa, sin embargo Colombia le ganó la guerra a los carteles del narcotráfico que desafiaron el Estado, lo que no significa ni mucho menos que se hubiera acabado con el narcotráfico, así como la declaratoria de república unitaria con autonomía y descentralización administrativa no significa que se hubiese acabado el centralismo. Son procesos sociales que, como he resaltado, no se cumplen de manera lineal, sino que tienen altas y bajas, avances y retrocesos.
Tres hitos marcan pues un avance indiscutible del país en estos 25 años: el Estado colombiano se impone contra los carteles del narcotráfico; se firman acuerdos de paz con el M19, el Quintín Lame, el EPL y la Corriente de Renovación Socialista; y se promulga la Constitución de 1991.
2000 – 2024: avances institucionales y consolidación democrática.
Frente al discurso de pesimismo y odio, que solo señala los vacíos y las fallas sin aportar soluciones, que desconoce perversamente los avances para, supuestamente, gobernar sobre las cenizas y la división, creo que es importante que los colombianos nos reconozcamos colectivamente, como, repito, aún con enormes vacíos venimos enfrentando y superando importantísimos desafíos estructurales de nuestra sociedad.
No desconozco que quienes planteamos el optimismo y la esperanza frente al derrotismo y el catastrofismo podemos ser calificados fácilmente de ingenuos, indiferentes, o peor aún de acomodados, frente a las graves desigualdades e injusticias de nuestra querida patria. Nada más alejado de la realidad, he sido y seré crítico de nuestras inequidades, violencia y corrupción, pero es construyendo sobre lo construido, y no destruyendo lo poco o mucho que colectivamente hemos logrado; es uniendo y no dividiendo como vamos a avanzar.
Pero no es con palabras sino con hechos como podemos demostrar esa evolución en este primer cuarto del Siglo XXI. Enumero los que en mi concepto son cinco avances institucionales de gran calado en nuestro país:
Derrota militar de la guerrilla
El país comenzó el siglo XXI con una guerrilla envalentonada, con claro dominio en vastas zonas del territorio nacional. Se hicieron cotidianas las imágenes de tomas a los pueblos, las llamadas pescas milagrosas, los secuestros tanto políticos como extorsivos llegaron a los niveles más altos de la historia mundial, la coacción que obligó a muchos alcaldes a despachar no desde sus municipios sino desde las grandes ciudades, las masacres, los enfrentamientos entre tropas ilegales y de éstas con el ejército colombiano.
Un escenario de zozobra que solo podía ser superado con el fortalecimiento de las fuerzas militares y la voluntad política de defender la institucionalidad. Fueron el compromiso y profesionalismo de nuestra fuerza pública, con el clarísimo respaldo de la mayoría de la opinión pública, los que impulsaron la recuperación del territorio para devolverle la seguridad a sus habitantes. Los colombianos mayoritariamente entendimos que la única manera de recuperar el país era mediante el debilitamiento militar de las estructuras guerrilleras y todo tipo de grupos armados ilegales que pretendían desafiar al Estado. La política de seguridad democrática, impulsada por el entonces presidente Álvaro Uribe Vélez, debilitó estructuralmente a la guerrilla en Colombia.
Entre los años 2000 y 2010 los homicidios, las masacres, los secuestros, las tomas guerrilleras, bajaron verticalmente, las “pescas milagrosas” desaparecieron, todos los alcaldes volvieron a despachar desde sus municipios, las cifras, los hechos, son tozudos y evidentes.
El proceso de paz con las Farc: la derrota política de la lucha armada.
El debilitamiento, la derrota militar de estructuras armadas que se decían invencibles, fortaleció la posibilidad de una perspectiva colectiva más allá de la confrontación armada. Se sentaron las bases para la derrota política del argumento de la violencia armada de la guerrilla, como resultado de la deslegitimación de sus formas de lucha y sus métodos de presión, pero también con la certeza de que su poder de manipulación y daño militar estaban minados. Un proceso que consolidó también la desarticulación y el desarme de las estructuras paramilitares, que venían de años atrás y que los llevó a continuos procesos de sometimiento. Así fue como las Farc, después de perder en el campo militar, llegaron a la mesa de negociaciones y, contra el pronóstico de muchos, firmaron un acuerdo de paz que implicó su dejación de armas y el tránsito a partido político.
Muchos nos recordarán que hay una fracción importante de los insurgentes que incumplió los acuerdos y otra que nunca depuso las armas. Un asunto que hay que atender, sin minimizarlo, pero que era claramente de mucho menor tamaño frente al problema inicial. Igual ocurre con el ELN que ha malogrado incontables procesos de negociación, y con los grupos que se han reciclado del paramilitarismo, financiados todos con el narcotráfico, la extorsión, la minería criminal y otras rentas ilícitas. Desafortunadamente, debo reconocerlo como lo he venido haciendo desde 2022, los enormes vacíos y desatinos de la “paz total” han permitido un incremento desaforado y muy peligroso de todos estos factores de violencia y el país deberá, en el futuro, seguramente con mucho dolor y sacrificio, avanzar a un verdadero y definitivo control territorial, y con una combinación inteligente y firme de decisiones militares, políticas y sociales, llevarlos a la negociación y el sometimiento.
Tras el debilitamiento militar y la negociación política, aunque muchos temían que el proceso de paz con las Farc implicaba “entregarles el país”, en las urnas el resultado fue claramente diferente: la opción de derecha recibió el respaldo mayoritario y la representación del partido político de las Farc, Comunes, alcanzó apenas una votación perceptible. Las curules en el Congreso, que habían sido pactadas en el acuerdo fueron ocupadas pero el liderazgo de los exguerrilleros sin armas se fue diluyendo y mostró sus debilidades estructurales. Sin duda el proceso de paz con las Farc, liderado por el presidente Juan Manuel Santos, fue la clave para desvirtuar por completo el argumento de la lucha armada para llegar al poder.
La elección de Gustavo Petro: la derrota democrática de la lucha armada.
Después de abandonar la lucha armada como desmovilizado del M19, Gustavo Petro consiguió el favor popular del voto que le permitió ser Representante a la Cámara, Senador, Alcalde de Bogotá y finalmente Presidente de la República, en una clara muestra de madurez de nuestras instituciones y nuestra democracia. Y creo que significa un gesto de madurez y grandeza de los colombianos no solo el hecho de que más de 10 millones de electores le entregaran la responsabilidad de guiar el Estado, sino además que el país aceptara esa elección, en respeto y respaldo al sistema político, al sistema electoral y a la voluntad democrática. No se puso en duda la legitimidad de su elección y desde distintas orillas se escucharon voces de esperanza frente a la nueva etapa que significaba para la vida pública del país. Sin duda, una lección democrática para el continente.
Y, sin embargo, quien no ha asumido el rol que nuestra democracia le entregó es el propio presidente. Como he dicho en diversos escenarios, Petro tuvo la gran oportunidad de ser el presidente de la reconciliación y la unidad, su singular elección lo colocó en una posición privilegiada para convocar a los colombianos, pero desafortunadamente en cambio de tomar ese camino, ha preferido dividir y, al parecer, seguir siendo el líder de un sector y no del país. En lugar de construir sobre lo construido e implementar las mejoras prometidas al sistema, su gobierno se tradujo en una parálisis por inejecución. Su incapacidad de diálogo con diversos sectores e instituciones, que contrasta con su disposición manifiesta y reiterada de mantenerlo con los violentos e ilegales, le ha impedido construir canales de comunicación con el Congreso, con los partidos políticos, con los empresarios y hasta con los mandatarios territoriales y locales, elegidos como él de manera democrática.
En conclusión, la democracia, las instituciones, el pueblo colombiano demostraron ante la historia y el mundo, contundentemente, con la elección de Gustavo Petro como presidente que la lucha armada no era la vía y, por el contrario, sí lo era el camino no perfecto pero virtuoso del voto popular. Que Petro no haya estado a la altura del momento histórico no hace menos cierta esa tozuda realidad.
Pasadas la elección y luego la posesión del presidente Petro, las expectativas de una gran mayoría de los colombianos eran positivas y propositivas, el discurso del 7 de agosto, seguramente con altos y bajos, generaba tranquilidad, igualmente la selección de su primer gabinete. El Congreso avanzó con responsabilidad, pero como debe ser, con independencia en la discusión y aprobación de propuestas tan importantes del gobierno como la reforma tributaria y su Plan Nacional de Desarrollo. A pesar de ello, ante cualquier diferencia de criterio o cualquier crítica, el presidente respondía atacando, dividiendo, estigmatizando; y así, prontamente ministros capaces y valiosos fueron saliendo del gobierno, al mismo tiempo que los choques con otras instituciones y con amplios sectores de opinión se hicieron mas fuertes y frecuentes. El presidente Petro empezó a mostrar una actitud cada vez más marcada y preocupante de desconocimiento y ataque a cualquiera, institución, persona o sector que no asintiera o coincidiera con sus ideas o propósitos.
No obstante, otra vez, Colombia está reaccionando con grandeza y frente a esa actitud, en algunos casos francamente delirante, el país ha respondido con contención institucional, contención electoral y contención popular.
La contención Institucional
Es un hecho reconocido internacionalmente que la democracia en Colombia ha demostrado una gran fortaleza institucional, sin que ello signifique que nuestras instituciones no ameriten importantes ajustes y mejoras. Mientras en nuestro vecindario la democracia se ha visto interrumpida en la mayoría de los países, la nuestra ha sabido sobreponerse a las dificultades y a las amenazas y ha respondido siempre a los desafíos. La respuesta de la institucionalidad al desafío que está representando Petro, está confirmando esa solidez. Ante la constante amenaza sobre la estabilidad nacional, derivada del irrespeto por las propias instituciones y por la independencia de los estamentos y el equilibrio de poderes, el mismo país que le entregó la responsabilidad como Jefe de Estado, le ha puesto un firme y fundamentado freno institucional. Las cortes, el Congreso, los gremios, los medios de comunicación, gobernadores y alcaldes, las instituciones todas, se manifestaron con firmeza en defensa del Estado Social de Derecho.
La contención electoral
Así como la institucionalidad en su conjunto ha reaccionado, la ciudadanía lo hizo también por la misma vía democrática, como debe ser. Al freno institucional, se sumó un mensaje decisivo, otro freno, esta vez de carácter electoral.
En octubre de 2023, 16 meses después de su triunfo en las urnas, la mayoría de los electores colombianos, muchos de los cuales seguramente habían respaldado su elección, mostraron su descontento votando negativamente a sus candidatos en las elecciones regionales. El eje de las campañas a gobernaciones y alcaldías gravitó sobre la inconformidad frente a su gobierno y sus maneras. Sus aliados fueron derrotados de forma contundente, mientras que las opciones contrarias, quienes más enfatizaron su oposición al gobierno nacional y a la figura misma del presidente, salieron fortalecidos.
El país le envió un nuevo mensaje que tampoco supo o quiso leer: que no está conforme con su gobierno y que, así como le dio la oportunidad democrática de conducir la nación, democráticamente le pone freno sus visos de autoritarismo, sumando contrapesos desde las regiones. Una lección política que indica que los errores de la democracia se corrigen por las vías democráticas.
Sin embargo, insisto, desde su incapacidad de autocrítica desaprovechó la oportunidad de corregir el camino, de concertar y buscar acuerdos que equilibraran el ejercicio democrático. En lugar de eso, se radicalizó, convocó solo a los pocos gobernadores y alcaldes que consideró afines para trabajar con ellos, desconociendo la voz del pueblo, la legitimidad de las elecciones territoriales que en el pasado le favorecieron y mantuvo la actitud de desplante frente a la mayoría de los mandatarios recién elegidos, como había hecho con quienes encontró cuando asumió la presidencia, en una actitud arrogante y autoritaria que desdice del talente demócrata que decía representar.
La contención popular
Su actitud es peligrosa para el país, pero también para él mismo, en tanto lo ciega y lo aísla, reduciendo su círculo y minando su legitimidad. Tanto así, que a pensar de los muchos mensajes siguió insistiendo en imponer sus reformas sin opción de mejorarlas, sin recibir aportes ni escuchar críticas; persistió en los desplantes.
Una mirada autista, distorsionada y lánguida de los hechos y las personas, que lo hunde cada vez en su propia diatriba, lo ha llevado a desafiar cada vez más al Estado que tiene la obligación de defender, a la Constitución que juró cumplir, a la Nación que prometió mejorar, al pueblo que dice representar. No atendió ni entendió el mensaje de los frenos institucionales, ni del freno electoral, por eso, la ciudadanía herida le recordó que el suyo es un poder que viene del pueblo, que tiene límites y que ha de respetarlos, vino entonces un nuevo coto, un freno popular.
Con las marchas independientes y multitudinarias del 21 de abril el país vuelve a demostrar su madurez política, responde adecuadamente a las provocaciones de quien, en gesto vergonzoso, para sabotear la movilización, declara su día de cumpleaños como día cívico.
Tal es el descontento que hombres y mujeres de todas las clases sociales, de manera autónoma salieron a la calle en ciudades y pueblos, a alzar su voz de rechazo en una expresión amplia, democrática, sin jefes políticos o intereses ocultos. En la calle, en el espacio público por excelencia, nos encontramos gentes del centro, de la derecha, pero también muchos de sus antiguos votantes de centro izquierda y de izquierda, pero sobre todo miles y miles de ciudadanos inconformes. Una marcha pacífica, respetuosa, síntoma saludable de una sociedad participante.
Ya no sorprende, aunque no deja de causar pesar: en lugar de leer los mensajes como invitación a recomponer el camino, el presidente hace oídos sordos y radicaliza aún más su actitud. Minimiza la marcha, la estigmatiza, insiste reducir el descontento popular a una medición de fuerzas, decide responder a la marcha con otra marcha, no con propuestas, no con razones, dividir en vez de unir.
Sería absurdo que cayéramos en el error de desconocer que Petro representa, interpreta, a un importante sector de Colombia; ojalá esos colombianos, todos los colombianos no nos dejemos gobernar por el odio y la división. El anhelo, tal vez utópico, es que escuchara y corrigiera para liderar, no acrecentando odios surgidos, se debe reconocer, de detestables e indefendibles inequidades e injusticias, si no que asumiera su papel constitucional de símbolo de unidad nacional, eso no se logra invitando a colombianos a marchar contra colombianos.
Que no se me interprete mal, el hecho de que Colombia venga respondiendo bien a los desafíos estructurales y a los que representan las actitudes e intenciones de desinstitucionalización de Petro, no significa, primero, que no sigan enquistadas grandes falencias en nuestra sociedad, y segundo, que no exista un inminente y grave peligro si la actitud del presidente continúa y logra agrietar o debilitar la institucionalidad. Pero esa será materia de mis próximos artículos. Por lo pronto, Colombia viene actuando con madurez, ojalá, Petro, rectificara y actuara con la grandeza que millones de colombianos esperaban de él al elegirlo y/o al aceptar su elección.
Comentar