Colombia: lluvias, desastre nacional y calamidad pública.

“Como sociedad necesitamos mucha empatía y solidaridad, pues existen miles de familias que lo perdieron todo, incluidos a sus seres queridos. El futuro climatológico está plagado de incertidumbre. Mientras tanto, usted, ¿apoya de alguna forma a las personas y familias afectadas por las inundaciones?”

A lo largo y ancho del país, los damnificados por las lluvias se cuentan en miles. La vulnerabilidad se hace evidente; cada nuevo aguacero está ad portas de convertirse en una situación fatal con consecuencias lamentables. El consolidado de emergencias por el fenómeno de La Niña, desde el 1 de agosto de 2021 hasta el 16 de noviembre de 2022, arroja los siguientes datos: 32 departamentos y 871 municipios afectados; 271 personas fallecidas, 348 heridas y 743.337 afectadas. En cuanto a daños en la infraestructura, se tiene un registro de 6.755 viviendas destruidas y 120.411 averiadas [1].

De acuerdo con los pronósticos, las precipitaciones seguirán siendo anormales, es decir, tendremos volúmenes de lluvia mayores a los registrados históricamente. El País de España señala que “Colombia sufre la peor temporada de lluvias en más de una década”. Esa es la nueva realidad climatológica. Debemos estar atentos a mayores riesgos por deslizamientos, evacuaciones, crecientes súbitas e inundaciones; complicada situación social de las familias víctimas de los fenómenos naturales.

La acción e intervención del Gobierno nacional, no se hizo esperar. Se anunció y adoptó la declaratoria de desastre “debido a la situación del país por la temporada de lluvias con influencia del fenómeno de La Niña (…)”. De esta forma, se garantiza la disponibilidad financiera y la institucionalidad adecuada para la atención de las calamidades y la respuesta oportuna a las comunidades.

Lo urgente no deja tiempo por lo importante. Los gobiernos territoriales se encuentran colapsados, pues la situación desborda sus capacidades. Es necesario coordinar las acciones y articular esfuerzos para mitigar los impactos negativos que atraviesan las comunidades. Así las cosas, “frente a la ocurrencia de fenómenos climáticos extremos la adaptación, además de la mitigación, debe estar en el centro de una respuesta global” (El Heraldo, 6 de noviembre).

Existe la necesidad de priorizar planes y proyectos para recuperar la normalidad y tranquilidad de las zonas en alto riesgo; de igual forma, es urgente reubicar y entregar asistencia a las familias damnificadas. La gestión urbana requiere instrumentos para la revisión de los usos del suelo, el cumplimiento de las normas ambientales y la planificación del ordenamiento territorial. En ningún escenario pueden quedar dudas de las acciones gubernamentales. Al respecto, la nota editorial de El Tiempo del 14 de noviembre señala que, se requiere “un compromiso de la institucionalidad, incluida – y en especial – la ambiental, de cero corrupción. Más que un asunto moral, que también lo es, estamos ante una cuestión vital”. Los entes de control deben ofrecer la garantía y transparencia en la ejecución de los recursos.

Como sociedad necesitamos mucha empatía y solidaridad, pues existen miles de familias que lo perdieron todo, incluidos a sus seres queridos. El futuro climatológico está plagado de incertidumbre. Mientras tanto, usted, ¿apoya de alguna forma a las personas y familias afectadas por las inundaciones?