Aunque tiene gran potencial como pilar del desarrollo del país, el sector minero colombiano se enfrenta a dificultades normativas, institucionales y de relacionamiento, que están afectando seriamente sus posibilidades de generar progreso, empleo y bienestar a Colombia.
En su ejercicio investigativo sobre el estado de la minería en Colombia, Monitor Minero 2020 identificó inconsistencias, incoherencias y hasta contradicciones en la información sobre el sector producidas por el Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Minería.
Monitor Minero en su versión 2020 expuso la problemática asociada al denominado cambio automático de etapa contractual. Este ocurre cuando las autoridades mineras cambian la etapa de un título minero por el simple paso en el tiempo, sin considerar si existen los instrumentos mineros (P.T.O.) o ambientales (E.I.A.) aprobados y si se han resuelto todas las solicitudes de prórroga de la etapa y/o de suspensión de obligaciones pendientes en el expediente. Esta práctica desconoce que el titular minero no puede avanzar en la construcción y montaje, y mucho menos explotar su título si no han recibido las aprobaciones de ley.
Consecuencia de estas decisiones, se están publicando informes incoherentes que dejan dudas sobre la veracidad de los datos que reflejan.
En su informe 2020, con corte a 31 de marzo, la Agencia Nacional de Minería explicó que tiene a su cargo 6.151 títulos mineros vigentes. En contraste, en junio de 2020 el Ministerio de Minas indicó que el país tiene aprobados 8.262 títulos mineros. No especifica el Ministerio si en sus cifras incluye los títulos bajo responsabilidad de la Secretaría de Minas de Antioquia, autoridad delegada: estos son 1.219 títulos; si se suman a los contabilizados por la ANM, se tendrían 7.370 títulos mineros.
La perjudicial desinformación se mantiene en otros campos.
En su exposición sobre la política de exploración, el Ministerio de Minas declaró que el 8% de los títulos mineros del país están en etapa de exploración, el 7% en construcción y montaje y el 85% restante se encuentra en etapa de explotación. Si esas cifras fuesen ciertas, en el país existirían 7.023 títulos en explotación.
Esta afirmación entra en conflicto con el listado de explotadores autorizados en el RUCOM el mes de agosto de 2020. Monitor Minero construyó el siguiente mapa que ubica geográficamente a los titulares mineros publicados en el listado de explotadores mineros autorizados en cada departamento de Colombia.
«El país no puede seguir tolerando que los títulos mineros sigan avancen artificialmente en el tiempo y las autoridades expongan estadísticas artificiales.»
De acuerdo con las listas RUCOM, en el país hay 3.346 título habilitados para explotar. Esa cifra corresponde sólo al 47% de los títulos que según el Ministerio de Minas se encuentran en explotación.
Llama la atención que departamentos que históricamente han sido mineros, como Chocó, sólo tienen 13 titulares mineros dentro de los explotadores mineros autorizados, estando por debajo de departamentos no mineros, como Quindío. Igual situación se presenta para otros departamentos.
En estas condiciones, es necesario que el país se cuestione sobre el origen y legalidad de los minerales que se comercializan desde estos departamentos.
Volviendo al tema del Chocó, es notoria la diferencia entre los minerales reportados por los titulares mineros autorizados y el mineral comercializado en ese departamento. Esta situación exige que se haga un verdadero control a la minería de subsistencia, que hoy se muestra como la forma de minería más grande del país.
Por otra parte, la incoherencia en las cifras muestra que si a los 7.023 títulos que se dice están en explotación se le descuentan los 3.346 títulos que aparecen en la lista de explotadores autorizados, las autoridades mineras reconocen la existencia de al menos 3.677 títulos en “explotación” sólo porque cronológicamente superaron las etapas de exploración y construcción y montaje, pero que en realidad no se encuentran en esta etapa, ni generan ningún beneficio de regalías para el país.
En consecuencia, la gestión que se pretende asociar a estos títulos es artificial pues son títulos no productivos, que no cuentan con los instrumentos o autorizaciones para explotar sus yacimientos.
Es evidente, pues, la grave incongruencia entre las cifras reales de quienes efectivamente ejercen labores de explotación y las de quienes simplemente sufrieron el cambio automático de etapa minera, sobre los que no se ha ejercido la adecuada fiscalización por la autoridad minera para emitir las sanciones pertinentes, si es del caso, o declarar la suspensión de obligaciones.
Las consecuencias de la incongruencia en los datos muestran que es indispensable que la autoridad minera muestre la realidad productiva y exploratoria en materia minera, pues la claridad y coherencia en esta información es esencial para el adecuado desarrollo del sector. Asimismo, esta es básica para identificar a los titulares mineros, reconociendo que a aquellos que no actúen diligentemente y de acuerdo con la respectiva etapa minera, se les deben caducar sus títulos mineros, liberando las áreas para el desarrollo de actividades mineras.
De la misma manera, si los títulos mineros han sido administrados de manera organizada y con el cumplimiento oportuno de obligaciones, pero no han podido entrar en explotación por negligencia en la gestión de la autoridad minera o ambiental, se deben suspender las obligaciones del título en virtud del art 52 del Código de Minas.
El país no puede seguir tolerando que los títulos mineros avancen artificialmente en el tiempo y las autoridades expongan estadísticas inciertas, que contradicen la verdadera situación exploratoria y productiva del país, pues con el pasar del tiempo se incrementan los perjuicios que esta situación ocasiona al sector minero colombiano, desincentivando la inversión en la actividad minera y dando paso a la minería ilegal.
Monitor Minero, de la manera más respetuosa hace un llamado a las autoridades mineras del país para que reflexione, ejecutando los procesos administrativos a que dé lugar e incluso realice los cambios legislativos necesarios para abordar esta problemática que está afectando sustancialmente el sector que le corresponde fiscalizar y dinamizar.
Autores: Claudia Herrera, Verónica Blandón, Ernesto Cárdenas, Rafael Mateus
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