Cuando un gobierno cambia de ministro de Hacienda más veces que de plan económico, el colapso no es una posibilidad: es un hecho en desarrollo.
La reciente salida del Ministro de Hacienda de Colombia, Diego Guevara, y la llegada de su reemplazo, Germán Ávila, ha desatado una ola de análisis, incertidumbre y alarma entre los distintos sectores económicos y políticos del país. Más allá del hecho puntual, este nuevo cambio representa la confirmación de una tendencia profundamente preocupante: la erosión de la institucionalidad económica, la subordinación de la técnica al capricho político y la transformación de la política fiscal en un instrumento de propaganda electoral.
En apenas 31 meses de gobierno, el presidente Gustavo Petro ha nombrado 52 ministros y 126 viceministros, cifras que configuran un panorama de inestabilidad sin precedentes. Pero el caso del Ministerio de Hacienda es aún más grave: con la salida de Guevara, ya son cuatro los ministros que han pasado por esta cartera estratégica, en lo que constituye la mayor rotación en seis décadas, según el director de Fedesarrollo, Luis Fernando Mejía.
La política fiscal, otrora un campo reservado a la racionalidad técnica, ha sido absorbida por la lógica del corto plazo y del cálculo electoral. Las consecuencias ya se hacen sentir en la confianza inversionista, en la estabilidad cambiaria y, sobre todo, en la credibilidad del Estado colombiano ante sus propios ciudadanos.
La caída de Diego Guevara: cuando decir la verdad tiene costo político
La razón de fondo detrás de la salida del ministro Guevara no fue su incompetencia, ni un escándalo público, ni una diferencia programática de fondo. Fue algo mucho más revelador: su negativa a aplazar entre 10 y 12 billones de pesos en gasto público, una medida mínima para contener el desbordado déficit fiscal. Según expertos, este déficit podría alcanzar el 7% del PIB si no se recortan los gastos, repitiendo o incluso superando el histórico 6,8% registrado el año pasado.
Guevara, en línea con las advertencias de técnicos y analistas, planteó la necesidad de un ajuste para garantizar el cumplimiento de la regla fiscal. Sin embargo, su postura fue recibida con resistencia desde la Casa de Nariño. En un año preelectoral, donde el Ejecutivo busca demostrar “resultados” mediante mayor gasto público, la austeridad no tiene lugar. Guevara fue sacrificado en el altar del oportunismo político.
Germán Ávila: lealtad sin credenciales técnicas
La llegada de Germán Ávila al Ministerio de Hacienda ha generado un profundo escepticismo en los sectores económicos. Su perfil profesional está centrado en el desarrollo de vivienda popular, sin antecedentes en política macroeconómica ni experiencia en manejo fiscal. La decisión de su nombramiento, por tanto, no parece obedecer a una lógica técnica, sino a una necesidad del presidente Petro de contar con una figura más dócil, alineada con su voluntad de gastar a toda costa, necesidad que se vio satisfecha con las declaraciones de Ávila esta semana.
Las implicaciones de este nombramiento son graves. En lugar de enviar un mensaje de responsabilidad y continuidad, el gobierno opta por colocar al frente de la cartera más sensible a una persona sin formación específica ni equipo técnico consolidado. El Ministerio de Hacienda, convertido ahora en una oficina subordinada a los designios del poder político, pierde el carácter estratégico que debería tener en cualquier democracia funcional.
La reacción de los mercados: un diagnóstico inmediato
La salida de Guevara no pasó inadvertida para los mercados. Apenas se conoció la noticia, el peso colombiano comenzó a depreciarse, en clara contradicción con el fortalecimiento de otras monedas emergentes. Este comportamiento refleja una realidad incómoda: los inversionistas no temen al déficit en sí, sino a la incapacidad y falta de voluntad para corregirlo.
La confianza, ese intangible que sostiene a las economías modernas, se desvanece cuando el gobierno muestra que prefiere el discurso antes que la disciplina, la popularidad antes que la estabilidad. Colombia ya no ofrece señales claras de rumbo económico, y esa ambigüedad se traduce en volatilidad, fuga de capital y aumento en el costo de financiamiento del Estado.
Populismo fiscal en año electoral: el presupuesto como botín
Estamos en año preelectoral. Esa frase, que debería invitar a la prudencia, parece haber sido interpretada por el actual gobierno como una licencia para intensificar el gasto y consolidar su base política mediante subsidios, transferencias y obras visibilizables.
Luis Fernando Mejía lo expresó con claridad: cualquier presidente en año electoral tiende a gastar más para mostrar gestión, pero la diferencia radica en que este gobierno parece haber hecho de ese impulso su doctrina. No se trata ya de un desvío excepcional, sino de una estrategia deliberada: gastar como forma de sostener una narrativa, incluso a costa de desfinanciar al Estado.
Esta lógica es especialmente peligrosa cuando el país necesita un recorte presupuestal del orden de 28 billones de pesos para cumplir con la regla fiscal. Incluso con ese recorte, el déficit se mantendría cercano al 5% del PIB, un nivel alto. Sin el ajuste, nos enfrentamos a un escenario de colapso: deuda insostenible, recorte de calificaciones crediticias y estancamiento económico.
Las áreas que no se quieren tocar: gasto improductivo blindado ideológicamente
Una parte del drama fiscal colombiano reside en la incapacidad política para revisar los sectores del gasto que no generan impacto social y sí consumen recursos. Mejía ha señalado áreas como el Ministerio de Igualdad, la Unidad Nacional de Protección (UNP) y los subsidios mal focalizados, que podrían ser objeto de reformas sin afectar la red de protección social.
Pero en lugar de abrir este debate, el gobierno lo evita o lo descalifica como un ataque ideológico. Cualquier intento de cuestionar el gasto es tachado de “neoliberal”, “insensible” o “elitista”. Así, se impide una conversación técnica y se blinda el presupuesto con retórica populista. El resultado es una estructura de gasto hipertrofiada, ineficiente y políticamente intocable.
Consecuencias directas para los ciudadanos: la crisis ya llegó a la puerta de casa
Mientras el gobierno se enfrasca en su juego ideológico, la economía real ya empieza a pagar el precio. Las tasas de interés siguen elevadas, el crédito es más escaso, y la moneda débil encarece las importaciones, afectando el costo de vida. La alta carga financiera que enfrentan los hogares colombianos amenaza con convertirse en una bomba social: más morosidad, menos consumo y mayor desigualdad.
En este contexto, la recomendación del director de Fedesarrollo es clara: prudencia. Refinanciar deudas, aprovechar las bajas temporales en tasas de interés hipotecarias o de consumo y evitar nuevos créditos innecesarios. Pero esta prudencia debería comenzar desde el Ejecutivo, que insiste en enviar el mensaje contrario: “gastemos, que de la factura se encargará otro.”
Cinco conclusiones sobre el rumbo nacional
- La inestabilidad institucional es ya sistémica. Cuatro ministros de Hacienda en 31 meses no es gestión: es improvisación elevada a política de Estado.
- El déficit fiscal se aproxima a niveles de colapso. El incumplimiento de la regla fiscal podría dejar a Colombia sin margen de maniobra frente a futuras crisis.
- Los inversionistas han perdido la fe. Sin señales claras de responsabilidad, la economía se volverá aún más vulnerable al contexto externo.
- El gasto se ha convertido en una herramienta electoral. La política fiscal dejó de ser un instrumento de desarrollo y se transformó en un instrumento de propaganda.
- La técnica ha sido sustituida por obediencia. El nuevo ministro representa lealtad ideológica, no solvencia técnica, en un momento donde lo segundo era imperativo.
Cuando se rompe el equilibrio fiscal, se rompe la confianza democrática
Colombia no se dirige hacia una tormenta económica. Ya está en medio de ella. La constante rotación de ministros, el desprecio por la técnica, la negativa a realizar recortes responsables y la utilización del gasto con fines políticos constituyen una amenaza real al equilibrio democrático y al bienestar de los ciudadanos.
El Estado se ha convertido en un escenario de simulación: se proclama justicia social, pero se ejecuta populismo fiscal; se promete responsabilidad, pero se despide a quien la exige. Y mientras tanto, la economía entra en cuidados intensivos sin nadie dispuesto a asumir el riesgo de decir la verdad.
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