Esta semana escuché dos noticias, que por separado me preocuparon, pero al relacionarlas, me aterrorizaron. Primero, el lunes 17 de agosto, desde el palacio de Nariño, se emitió un mensaje por parte del presidente de la república Iván Duque, y el consejero de seguridad nacional de los Estados Unidos, Robert O’Brien. El mensaje, que fue vociferado con orgullo y esperanza, anunciaba el comienzo de una iniciativa de cooperación entre el Gobierno de Duque y el de Trump. “Colombia Crece” fue el nombre que le dieron a la estrategia bilateral, o “Colombia Grows”, para los generosos y desinteresados estadounidenses.
En medio de una pandemia mundial y una cuarentena nacional, una comitiva norteamericana llegó a nuestras tierras. Convencidos de su omnipresencia y de nuestro subdesarrollo, arribaron con el fin de notificarle a nuestro presidente sobre la inyección de capital, para que este a su vez, nos diera a todos los colombianos las buenas nuevas. Sin especificar el monto de la ayuda, se anunció el naciente capítulo de nuestra historia binacional, el cual promete combatir el crimen trasnacional y fortalecer la infraestructura colombiana.
Lo que preocupa no es el dinero que ingresa al país, al contrario, Colombia necesita capital extranjero que recompense el bache económico en el que nos encontramos. Acá lo que preocupa son los condicionamientos que este proyecto pueda anteponerle al conflicto colombiano. Si se combate el delito con recursos ajenos, es apenas lógico que se deba rendir cuentas sobre los gastos y sobre los resultados a quien dispuso de dichos recursos. Si Estados Unidos le otorga a Colombia miles de dólares para erradicar el terror, Estados Unidos querrá ver el fin del terror en Colombia, o al menos ver golpes certeros, de lo contrario, el aporte económico habría sido un desperdicio.
Claro está que el combate contra el narcotráfico no es el único destino de los dólares que llegan del norte. También se resalta la inversión en infraestructura como eje primario del proyecto, lo cual, en teoría, debería desdeñar mi desasosiego. Pero en la práctica,el gobierno de duque ha manifestado claros sintamos de corrupción, lo que nos hace pensar que los recursos del proyecto Colombia Crece podrían malgastarse y no generar las obras públicas que la iniciativa bilateral supone. Así como tampoco tendría resultados positivos en la lucha contra el narco y el delito. Siendo fieles a las costumbres nacionales del desfalco y la corruptela, los recursos del nuevo programa tienen una probabilidad altísima de refundirse dentro de la burocracia criolla y decepcionar a los norteamericanos. Por eso, la única forma de mostrarle al financiador que sus esfuerzos monetarios valieron la pena, seria pagándole con cadáveres hasta el último centavo. Y es allí donde se gesta mi preocupación, pensando en un gobierno al cual se le salió la seguridad de las manos y el cual debe dar muestras fehacientes de lo contrario.
Mientras yo escuchaba a Duque hablar de diversificar la oferta y de crear nuevos puestos de empleo, Duque observaba al funcionario estadounidense, casi que buscando aprobación, casi que anunciando lo que esta “cooperación” realmente significará; la profundización de nuestra dependencia hacia Estados Unidos y el recrudecimiento de una guerra inútil que jamás llegará a feliz término. Una suerte de “Plan Colombia 2.0” se avecina, y si bien Colombia necesita inversión extranjera que dinamice la economía nacional, en definitiva, no necesita rendirle cuentas a Estados Unidos sobre los resultados de la guerra contra el crimen, ya que puede suceder lo mismo que sucedió en los gobiernos del jefe del presidente; que el desespero por mostrar muertos a nombre de resultados conduzca a las fuerzas armadas a inflar las cifras con ejecuciones extrajudiciales.
Años de experiencia nos han demostrado que la lucha armada contra el narcotráfico no trae si no muerte y más droga. Así que los próximos dos años veremos muchos muertos y mucha droga a nombre de Donald Trump e Iván Duque.
Dos días después de haber conocido el nuevo plan Colombia, y con el fantasma de los falsos positivos rondando mis pensamientos, consumí la siguiente noticia, que disuelta con la anterior, justificaron mi temor.
En una investigación realizada por Cuestión Pública se revelaron dos documentos reservados del Ministerio de Defensa, los cuales evidenciaban el conocimiento por parte del gobierno sobre los menores de edad que se encontraban en el campamento guerrillero que fue bombardeado por el ejército el 29 de agosto del 2019.
Hace poco menos de un año, en una operación lamentable, las fuerzas armadas de Colombia bombardearon un campamento guerrillero que se encontraba en San Vicente del Caguán. El esquema de seguridad de alias “Gildardo Cucho”, quienes respondían a las órdenes del disidente Gentil Duarte, reposaban en una zona selvática de la región, cuando fueron sorprendidos por un bombardeo aéreo que acabo con sus vidas. Lo grave no fue el ataque despiadado e insensato, lo verdaderamente grave fue que dentro del campamento se encontraban ocho niños que habían sido víctimas de reclutamiento forzado por parte de grupos armados organizados.
En su momento la noticia causó malestar y condujo al ex Ministro de Defensa Guillermo Botero a renunciar de su cargo. No obstante, Duque salió bien librado del escándalo y supo desestimar los señalamientos de negligencia y despotismo que se elevaron en su contra.
A un año de la “Operación Atai”, aparecen las pruebas que corroboran las sospechas. Efectivamente, el gobierno sabía de la presencia de los ocho menores de edad dentro de la estructura guerrillera. El gobierno sabía que ocho niños, que habían sido separados cruelmente de sus familias, estaban contra su voluntad en el campamento. El informe de inteligencia, que fue revelado por Opinión Publica, dice textualmente: “Así mismo, han venido reclutando algunos menores de edad de la región en especial de resguardos indígenas, quienes por necesidad de escasos guerrilleros en sus filas guerrilleras con experiencia, los obliga a incluirlos en su esquema de seguridad”.
Esta claro, el gobierno de Iván Duque ordenó que se bombardeara el campamento, sin importarle la presencia de los niños, sin importarle el reclutamiento forzado y sin importarle el Derecho Internacional Humanitario. Burlándose del país, dijeron que la operación había sido exitosa y que se había dado un golpe certero al terrorismo. Presentaron niños indefensos como detestables guerrilleros y “reinventaron” la ejecución extrajudicial.
Al conocer esta noticia, y al relacionarla con el proyecto «Colombia Crece», el pánico fue acreditado. El gobierno nacional prioriza el reconocimiento mediático sobre el derecho y la vida. El gobierno, que recibirá capital gringo para combatir el terror, prefiere inflar cifras con falsos positivos, que utilizar los recursos públicos en orden de mejorar las condiciones sociales que propician el conflicto.
El panorama es gris, y no creo que los dólares de Trump le pongan color al asunto. Al contrario, los ojos inquisidores de Norte América podrían empeorar la situación del país. Si no se hace un control meticuloso y honesto sobre el manejo de los recursos de «Colombia Crece», si no se invierte en educación, salud y obras públicas, y si no se combate el narcotráfico con herramientas distintas a las armas; bombardeos como el de la operación Atai se multiplicarán por el territorio nacional y aparecerán más madres desoladas, que con el corazón en la mano, llorarán los hijos que les arrebató un estado enfermo.
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