Para nadie es un secreto el evidente deterioro en materia de seguridad que se viene presentando en las principales poblaciones del país. Sólo por citar un par de ejemplos, Medellín y Cali, ubicadas dentro de las 5 ciudades más importantes de Colombia, se encuentran también dentro del escalafón de las 50 ciudades más peligrosas del mundo.
Se ha vuelto pan de cada día escuchar de nuestros amigos y conocidos historias de atracos, raponeo, secuestros exprés y hasta homicidios. En ciudades como Medellín se ha llegado a tal extremo que han empezado a circular por las redes sociales una especie de panfleto en el que, aparentemente, un grupo de ciudadanos cansados de la inseguridad se han agrupado para hacer frente a la delincuencia urbana, es decir, para tomarse la justicia por sus manos. Este hecho me parece de mucha gravedad, pues siempre estas acciones salen mal y esos grupos terminan por convertirse en grupos delincuenciales también, que ingresan al bajo mundo que combatían para manejar los negocios de drogas y demás ilícitos.
Como si esto no fuera suficiente, ahora aparece la noticia del nuevo código penitenciario, en la que, al parecer se liberarán entre 8 y 9 mil presos que hayan cometido delitos “menores” y para que se aterre, amigo lector, un nuevo fallo del Consejo de Estado dicta que las estaciones de policía se deben ubicar en lugares donde no pongan en riesgo la seguridad de la población civil aledaña, es decir, fuera de las ciudades y cascos urbanos
Es una vergüenza que para un gobierno absolutamente incapaz de ejecutar obras y que en más de 3 años no ha logrado la construcción de una sola cárcel, ahora la salida sea liberar a los presos. En consecuencia la población quedará absolutamente indefensa, sin policía y con el agravante de que este será el ejemplo que se dará a quienes aun por miedo a la ley no cometían crímenes, pues finalmente el mensaje que les llegará, es que si usted roba o apuñala a alguien, al final no tendrá problema con la ley porque el Gobierno Nacional es incapaz de manejar, primero la justicia y segundo a los presos.
El nuevo código penitenciario establece que los condenados a menos de 8 años de prisión, sin rebajas y que no tengan antecedentes penales podrán acceder al beneficio de la excarcelación; responsables de delitos contra la administración pública y el Derecho Internacional Humanitario no tendrán este privilegio, como tampoco los condenados por estafa, hurto calificado, extorsión y secuestro, violencia intrafamiliar y sexual y otras conductas graves.
Lo que queda por ver es cuantos guerrilleros serán liberados al ser cobijados por esta reforma, porque no nos llamemos a engaños, en La Habana hace mucho tiempo se están acordando cosas, y no vamos a ser tan ilusos de creer que si esto pasa, ellos se reintegraran a la vida social, por el contrario, saldrán directamente a engrosar las filas de la guerrilla en la selva y a incrementar su poder.
Qué paradoja, mientras negociamos una paz, que nunca le encargamos al presente Gobierno, el país entrega todo y se postra de rodillas; en cuanto el siempre verdugo se fortalece esperando el momento preciso para iniciar otro ataque feroz contra sus compatriotas.
Que la noche nos coja confesados.
Ingeniero Mecánico e Ingeniero de Producción por profesión, político por afición. Apasionado por la movilidad y el espacio público. Columnista ocasional de Minuto30, Periódico Debate y ahora Al Poniente.
@Jumajara
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