Así como se acumulan a diario el asesinato de líderes sociales y defensores de derechos humanos, el confinamiento de poblaciones enteras -como en el departamento de Arauca-, las masacres, el área de cultivos ilícitos y las ganancias para las economías ilegales; el actual gobierno suma gravísimos escándalos de corrupción, no solo por la presunta financiación ilícita de la campaña presidencial sino, además, por las denuncias sobre el eventual direccionamiento de millonarios procesos de contratación en diferentes sectores de la administración nacional.
Apenas este fin de semana, el exviceministro de defensa, Ricardo Díaz, hizo públicas las que serían las verdaderas razones de su salida del cargo, relacionadas con presiones para direccionar la compra de aeronaves para la Fuerza Aérea por parte de la señora Verónica Alcocer y familiares del exembajador en Venezuela Armando Benedetti. Díaz describió con lujo de detalles la forma en que fue abordado, presionado y hostigado para incidir en la selección de un contratista largamente conocido por el exministro de Defensa y expresidente Juan Manuel Santos.
No menos grave, el señor Díaz afirmó que, pese a haber puesto en conocimiento al ministro Velásquez, no hubo acción alguna por parte de esa cartera ministerial. Por el contrario, fue aislado y, finalmente, echado del Gobierno. Esperamos que el exfuncionario, como es su deber constitucional y legal, aporte la información y el soporte a la Fiscalía General de la Nación, que desde ya anunció que lo citará para el efecto, y no decida escudarse en su derecho a guardar silencio impune como lo han hecho Armando Benedetti y el expresidente del Fondo Nacional del Ahorro, Gilberto Rondón, quien había admitido públicamente haber ofrecido y entregado puestos burocráticos a Congresistas a cambio de apoyo a las reformas de Petro.
Este no se trata de un caso aislado. Hace menos de una semana, la Fiscalía acusó formalmente a la exministra del Deporte de Petro, María Isabel Urrutia, por el delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de requisitos legales, 104 contratos en apenas 4 días, antes de tener que dejar su cargo.
Y antes del caso Urrutia, en febrero, con menos exposición mediática pero por denuncias de hechos igualmente graves, fue retirado de su cargo el secretario general del Departamento de la Prosperidad Social, Jonathan Ramírez, entidad que ahora está en manos de una funcionaria señalada e investigada por abuso de poder y extralimitación de funciones, protgonista de los vulgares audios que todo el país conoció. Ramírez, según las denuncias que conllevaron a la separación del cargo, abusando de su poder, habría direccionado contratos para favorecer a ciertos privados, a cambio de coimas.
El mismo patrón criminal explicaría las irregularidades, que ya han sido denunciadas ante los diferentes órganos de control e investigación, en la licitación de pasaportes en la Cancillería. Aunado al serio y grave riesgo de que miles de colombianos sea vean afectados por cuenta de una eventual interrupción en este importantísimo servicio público, no se puede pasar por alto que este proceso puede terminar según informes, por favorecer indebidamente a un contratista, en detrimento de la imparcialidad y la libre competencia que promueve el estatuto de contratación pública.
Y no hay espacio para hablar del roscograma, porque además de los contratos, el nepotismo es la otra característica del Gobierno del Cambio, pero en reversa.
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