Uber decidió irse de Colombia.
No se fue porque el gobierno o el congreso no quisieron reglamentar el uso de esta plataforma. El artículo 333 de la Constitución Política garantiza la libre competencia y la libre empresa en Colombia sin «permisos previos ni requisitos, sin autorización de la ley…». Cualquier actividad económica, salvo contadas excepciones, no necesita ser reglamentada para poder funcionar. En Colombia existen por lo menos otras dos decenas de plataformas tecnológicas en el sector de servicios de transporte que funcionan amparados en esta disposición constitucional.
Además, la resolución por la cual la Superintendencia de Industria y Colombia (SIC) resuelve poner los ojos sobre Uber se basa en leyes promulgadas a mitades de los noventas, momento en el cual la economía de plataformas no estaba siquiera en la imaginación de los legisladores colombianos.
Entonces, ¿Por qué la SIC decidió emitir una resolución específicamente en contra de Uber? La respuesta parece obvia: Uber, a diferencia de otras plataformas, tiene la capacidad de crecer en el lucrativo mercado que hoy tienen las empresas de taxis y estaba poniendo en riesgo su modelo de negocio.
Las lógicas subyacentes a esta decisión son importantes: ¿Cuáles son los mensajes que dicha resolución dá a emprendedores, sector empresarial y usuarios?
El mensaje para los usuarios es evidente: el estado colombiano protege los intereses de los oligopolios privados por encima de los intereses de los usuarios. No sorprende, las decisiones respecto a las bebidas azucaradas, el glifosato, la minería extractiva, y la movilidad, entre otras; también muestran el sesgo del estado en favor de intereses particulares por encima del bienestar general.
Respecto a los emprendedores tecnológicos no se dá un doble mensaje, por el contrario la decisión de Uber es bastante coherente: son bienvenidas las startups tecnológicas siempre y cuando no crezcan lo suficiente como para competir con las empresas tradicionales que tengan influencia política. La política económica a favor de la economía creativa en Colombia es la nueva forma de microcrédito: se impulsa la creación de un sinnúmero de microempresas tecnológicas siempre y cuando no tengan el tamaño ni la visión como para cambiar la estructura empresarial y social del país. La tecnología en vez de usarse como un motor de verdadera transformación socioeconómica, se está usando políticamente como excusa para poner la responsabilidad del subdesarrollo en los hombros de los emprendedores y no del estado.
Para el sector empresarial tradicional el mensaje también es claro: el 10% de las empresas de Colombia que ostentan más del 70% del ingreso nacional pueden estar tranquilas. Los representantes del estado colombiano están ávidos de proteger artificialmente sus ventas a partir de acuerdos político-electorales con estas empresas a pesar de las disposiciones constitucionales ó de la conveniencia de fomentar la competencia en sectores específicos.
¿Por qué Colombia sigue siendo uno de los países más inequitativos del mundo? La respuesta se encuentra en los tres párrafos anteriores. ¿Cómo mejoramos la equidad y las oportunidades de ingreso y bienestar para todos los colombianos? Con políticas contrarias a lo hecho con Uber.
La tecnología seguirá avanzando en el mundo, y el espacio que dejó Uber en Colombia lo ocuparán otras plataformas tecnológicas. Es decir que en el corto plazo las consecuencias son apenas perceptibles.
Pero en el largo plazo, si no cambiamos el liderazgo político-económico, el país habrá perdido para siempre la oportunidad de que la IV revolución industrial se convierta en un verdadero motor de desarrollo, equidad y transformación social para Colombia.
