Lo peor que faltaba por saberse sobre los Bonos Carrasquilla acaba de destaparlo la Contraloría General de la República en su análisis sobre el “esquema de financiación” usado para recaudar entre el público y prestarles 440.637 millones de pesos a 117 municipios: “esta situación evidencia –dice luego de describirla– debilidades en el control ejercido por la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), toda vez que no se debió permitir –¡no se debió permitir!, repito– que el Grupo Financiero de Infraestructura (GFI) ejerciera estas actividades de intermediación financiera”, porque dicha actividad es “exclusiva de los establecimientos de crédito (…) calidad que definitivamente no acreditaron los patrimonios autónomos GFI 2008-1 y GFI 2010”. Acusación mayor.
Para agravar las ilegalidades del Superintendente Roberto Borrás y Andrés Flórez –representante legal del GFI–, estos patrimonios autónomos los montaron con un capital de apenas un millón de pesos, cuando el mínimo legal era de 17.405 millones, explica la Contraloría, al denunciar además la irresponsabilidad de crear ese negocio con una garantía ínfima (http://bit.ly/2Vf0ym7). Y violar la ley es corrupción. ¿O tampoco?
¿Se imaginan qué hubiera pasado si el Estado no “rescata” a los que compraron los bonos, ¡incluidos los fondos privados de pensiones comprometidos en sumas enormes! –y a un costo a hoy de 31.902 millones de pesos–, cuando se supo que los municipios no podrían pagar montos e intereses tan altos y a un plazo inmodificable de 19 años? Seguramente fue por ello que los del GFI aceptaron renunciar anticipadamente a semejante teta, por lo que recibieron del gobierno 37.451 millones de pesos, que se sumaron a otras utilidades por 49.535 millones.
No solo debe investigarse a Roberto Borrás y a Andrés Flórez, sino también a Alberto Carrasquilla, porque era socio y jefe de Andrés Flórez en Konfigura y Navenby, montadas para este negociado, y porque fue quien diseñó la operación financiera y reclutó a los alcaldes que dilapidaron o se robaron los recursos, aprovechándose de que en los contratos de los créditos se estableció que el prestamista no controlaría lo que hicieran con la plata y que la deuda, hay que tenerlo siempre presente, la pagaría directamente el Ministerio de Hacienda con los recursos del Sistema General de Participaciones, de propiedad de los municipios.
En su exhaustivo informe de 700 páginas, la Contraloría detalla además lo que pasó en cada uno de los 108 municipios que pudo visitar y analizar, verdades que confirman que el ministro Carrasquilla le mintió al Congreso al minimizar la desgracia que su inmoralidad les provocó a tantas gentes sencillas de Colombia. El ente de control califica de la peor manera posible lo ocurrido –“Incumplimiento material, Conclusión adversa”–, porque en 73 municipios –¡el 68 por ciento!– el fracaso fue total entre obras “sin ejecutar”, “inconclusas” y “terminadas sin funcionar”, elefantes blancos en los que perdieron los 277.249 millones de pesos que les prestaron, más 274.268 millones pagados hasta ahora por intereses (http://bit.ly/2LOExvl) (http://bit.ly/2vSCtrk).
Por culpa de Carrasquilla y de sus compinches, en esos municipios sufren 3,2 millones de compatriotas que carecen de las obras de las que deberían estar disfrutando. Y tampoco pueden construirlas pues por ocho o diez años más tendrán que seguir pagando el capital y los intereses con los que los tumbaron.
En un país que no padeciera a Iván Duque, Carrasquilla ya habría tenido que renunciar. Pero aquí quienes lo que lo absolvieron dirán: “pero si también sostenemos a Néstor Humberto”.
Coletilla: por la forma y por el fondo, el Plan aprobado sin debate en el Senado es en realidad de Subdesarrollo. Por la forma porque, violando los criterios democráticos, embutieron 349 artículos en la ley para que a los colombianos no pudieran debatirlos. Y miren lo que sí va o no va. Nada contra la corrupción. Nada para detener y echar atrás la ruina agraria e industrial, luego nada en serio contra el desempleo y la pobreza, y hay que ver la piedra de #DuqueCarrasquilla y de sus favorecidos porque el Congreso elevó los aranceles a las confecciones extranjeras. Más privatización de la salud y la educación. Viejas y nuevas agresiones ambientales. Cinco billones de pesos en recortes a los subsidios a los pobres en salud, electricidad, combustibles y gas. Trece nuevas sobretasas y contribuciones, entre ellas otra a la electricidad por 120 mil millones al año a la clase media. Otro código laboral con salarios por debajo del mínimo y sin prestaciones. Feria a favor de unos cuantos de los bienes culturales de la Nación… ¡Qué viva el subdesarrollo!
