Restablecer la convivencia no es lo mismo que atentar contra los ciudadanos.
¿Qué tienen en común Johan Sebastián Ramírez, Juan David Henao Rodríguez, Andrés Camilo Esteven Vega, Diego Hernández, Esteban Mosquera, Yuri Camargo, Alexis Lopera Quiceno, Cristian Rodolfo Rodríguez Zárate, Gareth Sella, Leidy Natalia Cadena y Daniel David Meléndez?
Todos son ciudadanos colombianos. Todos tuvieron alguna lesión ocular grave —la mayoría de ellos perdió un ojo— mientras ejercían el derecho a la protesta social. Todos aseguran que quien les disparó fue un uniformado del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD).
Parece que los ojos de los marchantes son un blanco de tiro legítimo para algunos policías del ESMAD, quienes no tienen el valor civil de mirarlos de frente salvo que sea para dispararles. Las lesiones oculares se convirtieron en un resultado frecuente de la actuación del ESMAD cuando deben controlar grandes manifestaciones.
Ningún ciudadano colombiano debería abstenerse de ejercer el derecho a la protesta por el miedo a perder un ojo. Ningún ciudadano debería sentir temor ante la cercanía de un integrante del ESMAD.
Posiblemente nunca se sepa quién dio la orden de dispararles, probablemente quienes apretaron el gatillo jamás responderán ante la ley por sus actos criminales; y si lo hacen quizá dirán que los ojos de las víctimas se atravesaron en alguna leguleya línea de tiro, o quizá se esconderán tras el hecho de que la lesión ocular no es un resultado letal. Sea cual sea la justificación oficial, nadie les devolverá a las víctimas la visión de que gozaban antes de que se cruzaran con el ESMAD.
La policía es la mejor herramienta para conservar la paz en una sociedad. Sin embargo, desde hace mucho tiempo la Policía Nacional arrastra consigo el peso de una doctrina militarista, que divide la sociedad en buenos y malos y en amigos y enemigos, que no puede ni quiere entender las dinámicas del conflicto social, que perdió su carácter comunitario para ganar una capacidad indeseable: la de atemorizar, que prioriza la letalidad antes que la proporcionalidad, que olvida que la policía es un cuerpo armado de naturaleza civil.
Se equivocan profundamente quienes piden la disolución del ESMAD, pues los terribles actos de vandalismo y violencia justifican la existencia de un cuerpo capaz de controlar los disturbios y los desmanes de unos cuantos criminales; y se equivocan también quienes quieren reducir todo a una absurda ley del talión, según la cual los excesos de los protestantes se justifican por los excesos de los policías.
La policía está obligada a mantener la convivencia y a restituirla cuando esta haya sido gravemente perturbada. Sin embargo, el mandato constitucional no faculta a ningún policía para atentar contra los ciudadanos, ya sea golpeándolos, reteniéndolos ilegalmente, amputándolos —como en el caso de todos los ciudadanos que han sufrido las lesiones oculares ya mencionadas— o asesinándolos, como sucedió con Nicolás Neira, Dilan Cruz y otras 31 personas que fallecieron después de algún encuentro con el ESMAD desde el año 2000, de acuerdo con la ONG Temblores.
A pesar del respeto por la institución y del agradecimiento con cada uno de los hombres y mujeres que le sirven al país en la Policía Nacional, los evidentes y reiterados casos de exceso de fuerza demuestran que es hora de que el Congreso de la República abra los ojos y vea las terribles consecuencias de una policía militarizada.
Es urgente reformar el ESMAD para proteger la vida y la integridad de los ciudadanos, para proteger la vida y la integridad de los policías, para proteger la reputación y la legitimidad de nuestra querida Policía Nacional de Colombia.
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