Fatou Bensouda, la fiscal de origen gambiano de la Corte Penal Internacional (CPI), es una mujer que no le tiembla la mano para denunciar injusticias, sin importar de quién provengan. Así lo demostró en noviembre de 2017 cuando, tras años de observar la situación de las tropas estadounidenses en Afganistán, solicitó autorización oficial a la Corte para investigar al Tío Sam por crímenes de guerra cometidos en ese país del Medio Oriente.
Cuando visitó Colombia en septiembre de 2017, Bensouda fue enfática en sus advertencias frente a la incipiente Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). La funcionaria de la CPI se preocupó por dejar claro que los esfuerzos de justicia transicional eran bien recibidos siempre y cuando respetaran los límites impuestos por el Estatuto de Roma. En especial, la fiscal mostró su inquietud frente a la pasividad del Estado colombiano en investigar, acusar y sancionar los crímenes conocidos como “falsos positivos”; ejecuciones extrajudiciales en estricto derecho. Para Bensouda nuestro propio ente acusador e investigativo había actuado de manera negligente, evitando compartir toda la información pertinente para que la CPI pudiese observar este asunto.
En eso concuerda la fiscal gambiana con los impecables informes que sobre el tema ha rendido Human Rights Watch, pues según ambos, los casos de ejecuciones extrajudiciales han llegado solamente hasta los mandos medios de las estructuras militares que perpetraron estos crímenes, faltando aún los autores intelectuales; los que se inventaron esta máquina de crímenes de lesa humanidad. Y es ahí donde llegamos al meollo de esta tragedia sin fin.
Esta es la verdadera razón por la cual el arrogante Centro Democrático ha decidido emprender con fuerza su tarea de “hacer trizas los acuerdos de paz” aunque otra cosa diga de dientes para afuera. No hay ningún otro motivo. No es cierto que pretendan impedir que se iguale a los militares con los guerrilleros, ni que aspiren acabar con la supuesta impunidad que se deriva de los acuerdos del Teatro Colón, ni que estén pensando en las víctimas. La cosa es simple, el uribismo necesita proteger a sus propios militantes de que, en el ejercicio de contar la verdad al someterse a un mecanismo de justicia transicional, los mandos medios militares revelen lo que la fiscal Bensouda ha estado esperando por años y es que se conozcan quiénes son responsables de esa política de la muerte. En esta tarea mostró sus verdaderos colores el Congreso colombiano una vez más, que, con contadas excepciones, no conoce de ideologías ni partidos sino de burocracia pura y simple, pues como al Gobierno Santos se le acabó la mermelada para raspar en el tarro del clientelismo, el Gobierno entrante encontrará llenas las arcas con las que seguramente tendrá que hacer muchas concesiones para asegurar las primeras puntillas en el ataúd de la JEP.
Lo mejor de la historia es que, al emprender la vía de crear una justicia especial que permita callar estos crímenes, ante semejante impunidad el fascismo criollo le abre la puerta a la anunciada intervención de Bensouda y su equipo en tierra colombiana. Esto lo saben también los militares, muchos de ellos convencidos de que el momento para contar la verdad sobre la degradación de la guerra ha llegado, y que ello es presupuesto esencial para pasar la página. ¿A quién le incomodará esa verdad?
Así que bienvenida, fiscal Bensouda, acá la esperaremos con ansias, cuando, gracias a la ultraderecha colombiana, nuestra ilusión de justicia descanse únicamente en la justicia internacional, pues como lo anunció en tono amenazante y ceño poseso la fogosa senadora Paloma Valencia, cuando el uribismo aplastó con sus artificiosas y compradas mayorías la JEP: “Este es el gobierno de Iván Duque”. ¡Qué miedo! Esto es apenas el comienzo. Queda, sí, la esperanza de que Bensouda cumpla lo que dijo: “Soy una persona orientada a las víctimas, me gusta ver que ellas tengan una voz”; seguramente las madres de Soacha le agradecerán.
Adenda. La Ley 1905 del 28 de junio de 2018 estableció el examen de Estado para que los futuros abogados puedan ejercer como litigantes, sin que ello lo controle un Colegio de Abogados. Otro disparate legislativo.
@RamiroBejaranoG
