Recientemente, el Ministerio de Defensa Nacional publicó el informe titulado “Seguimiento a indicadores de seguridad y resultados operacionales”, correspondiente al periodo comprendido entre los meses de enero y septiembre de 2023, en el que se evidencia un notable deterioro de la seguridad ciudadana y el rotundo fracaso en la lucha contra las drogas ilícitas. En cifras del propio gobierno Petro, el país está experimentando una realidad que le era ajena a la generación que lo llevó al poder; el terror que vivimos hace 20 años, derrotado gracias al sacrificio de nuestros Soldados y Policías, ahora se cierne amenazante como una pesadilla que promete ser aún peor.
De acuerdo con dicho reporte, aumentaron: el secuestro extorsivo 82%, el secuestro simple 48%, la extorsión 18%, el hurto a personas 16%; en contraste, los resultados de la acción institucional contra las economías ilícitas cayeron en picada: la erradicación manual de cultivos de coca disminuyó 76%, la incautación de heroína lo hizo en un 24%, la incautación de insumos sólidos en un 41% y la inmovilización de maquinaria para la extracción ilícita de minerales en un 23%.
Las cifras explican por sí solas, el aumento exponencial en la percepción de inseguridad que manifiesta la ciudadanía en los principales centros urbanos del país, que, según la encuesta de INVAMER del mes de septiembre, alcanza el 76%; siendo el principal asunto de preocupación, por encima del desempleo y la movilidad.
Para vergüenza nacional, de acuerdo con el índice global del crimen organizado de 2023, Colombia ocupa el segundo entre 193 países y el primero en América Latina, con la peor puntuación en este aspecto.
Así pues, Petro nos ha conducido al peor de los escenarios que nos hubiéramos podido imaginar desde el momento en que se conocieron los resultados de la segunda vuelta presidencial en 2022; enlodado por escándalos de corrupción electoral, que involucran hasta a su propia familia, y absorto en sí mismo, le ha correspondido a las mafias narcotraficantes y a las estructuras criminales que lo apoyaron para llegar a la Casa de Nariño con el debilitamiento deliberado de la Fuerza Pública.
Aunque Petro y su Ministro de Defensa insistan en lo contrario, tanto la moral como la capacidad operativa de las Fuerzas Militares y de la Policía Nacional se han visto golpeadas sensiblemente.
A la fecha, más de 60 Generales han sido retirados del servicio de forma prematura desde que Petro asumió el poder, lo que ha conducido a una crisis de liderazgo sin precedentes, siendo la Policía Nacional la más afectada. En esta Institución, el descabezamiento intempestivo de quienes por décadas habían acumulado una invaluable experiencia en la lucha contra la criminalidad ha impedido que el relevo generacional propio de su jerarquización se lleve a cabo con normalidad. Parece que al Gobierno le importa más la alineación ideológica de la cadena de mando que proporcionar la seguridad que echamos de menos los colombianos.
Otra de las variables de nuestra caótica realidad actual, que afectan la acción de la Fuerza Pública, es la pérdida de autoridad y el correlativo fortalecimiento de las estructuras criminales, que recurren habitualmente a la instrumentalización de las comunidades para obstaculizar y deslegitimar la acción institucional. Los dos últimos sucesos ocurridos en los municipios de Briceño (Antioquia) y San José del Guaviare (Guaviare), se suman a los más de 70 bloqueos y 10 asonadas que han sufrido los miembros de la Fuerza Pública solo en 2023; en tales ocasiones, los Militares que se desplegaron para reforzar la seguridad en las elecciones del próximo 29 de octubre fueron secuestrados y despojados de sus pertenencias personales, requiriendo la intervención de la Defensoría del Pueblo para lograr su liberación.
Preocupa, asimismo, el grave riesgo que presenta el sistema de defensa nacional tanto por la obsolescencia de los equipos, como las aeronaves de superioridad aérea Kfir y los helicópteros rusos MI-17, uno de los cuales se precipitó a tierra en el municipio de Anorí (Antioquia), a principio de mes, como por el deterioro de las relaciones diplomáticas con proveedores de tecnología y asistencia militar como los Estados Unidos e Israel.
El gran riesgo es que lo que los colombianos percibimos como un error, parece ser una agenda premeditada del Gobierno hacia el caos.
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