Algunos califican de utopía al anhelo colectivo de la paz total. Pero desde nuestro contexto la consideramos la mayor ambición de la nación colombiana. Vivir en paz es una condición necesaria para que se concrete la dignidad humana. Este Gobierno lejos de querer cambiar las reglas de juego constitucionales, como sus detractores desde el inicio lo planteaban; se empeña en materializar el derecho-deber consagrado en el artículo 22 de nuestra Carta Política.
Un programa de gobierno no será progresista sino tiene la pretensión de construir la paz para toda la nación. Y la paz no se materializa totalmente en la dejación de las armas y la reincorporación a la vida civil de los combatientes irregulares, ni en el control territorial de las Fuerzas Militares. La paz implica la garantía universal de la dignidad humana expresada como fórmula en el compendio de derechos establecidos en la Constitución.
Para construir una sociedad pacifica es necesario que el Estado en su integralidad se comprometa en la superación dialogada de la multiplicidad de conflictos armados territoriales. Y que, de la mano con ello, con autoridad y legitimidad llegue a esas regiones con toda la institucionalidad a satisfacer los derechos individuales y colectivos que alejen hacia el futuro las posibilidades de repetición de las violencias.
No es coincidencia que las zonas sin saneamiento básico, sin adecuada infraestructura educativa y de salud, sin vías, sin medios de productividad, con precariedad en la inversión social y con altos niveles de corrupción administrativa sean donde se instauran las dinámicas de la guerra. Las geografías del conflicto en Colombia, como las denomina el profesor externadista Camilo Echandía Castilla, no pueden seguir traslapándose en las territorialidades más empobrecidas del país.
Apoyar los esfuerzos de paz es un asunto que debe superar las diferencias partidistas e ideológicas. Salvar vidas no es un tema de derechas o de izquierdas, es el deber de cualquier demócrata que ostente el poder. Las reformas que se proponen desde el ejecutivo son necesarias para disminuir las brechas de desigualdad, que a diferencia a lo que se plantea desde algunos sectores; son diferencias que matan, inclusive más que el conflicto armado.
Desde luego, el mandato de construir la paz otorgado a este Gobierno no es un cheque en blanco. Los ciudadanos vamos a apoyar con vehemencia todo aquello que vaya en sintonía con el mejoramiento de las condiciones de los colombianos mas desfavorecidos. Pero con independencia también vamos a levantar la voz para rechazar las acciones gubernamentales que se opongan al cambio mismo, razón de ser de la elección de Gustavo Petro.
Bienvenida la negociación de paz con el Ejército de Liberación Nacional (ELN). El primer anuncio de la mesa en garantizar las condiciones para el retorno a sus resguardos de las poblaciones indígenas desplazadas pertenecientes al Pueblo Embera, es esperanzador del impacto que tendrán estas conversaciones para desescalar la guerra en el país.
Anhelamos que los intentos de diálogos con los otros grupos se concreten prontamente. Y de igual manera, avance la ley de sometimiento a la justicia que permitirá que otras expresiones violentas no políticas se acojan a la justicia y le den un respiro de paz a la sociedad.
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