“El Acuerdo de Escazú les entrega la soberanía nacional a oenegés enemigas del desarrollo y progreso económico de las naciones.”
El Senado de la República aprobó en segundo debate el Acuerdo de Escazú con una votación de 74 por el SI contra 22 por el NO, ratificando un Acuerdo internacional que se presentó hace dos años con mensaje de urgencia por parte del gobierno saliente.
El Acuerdo de Escazú no es otra cosa que una aberración que la han vendido como una instancia que protege el Medio Ambiente y en consecuencia hacen ver que los parlamentos deben aprobarlo de lo contrario los señalan como enemigos y depredadores de la naturaleza y el ambiente.
Pero, ¿qué significa en verdad el Acuerdo de Escazú? Este acuerdo NO garantiza el acceso a la información, la participación pública y el acceso a la justicia como lo propone el artículo 1 toda vez que la legislación nacional ya tiene incorporado esos derechos.
Esas tres características son el fondo del Acuerdo y por lo cual activistas y oenegés hacen lobby no solo en Colombia sino en el continente americano para que los países lo incluyan como un acuerdo internacional.
Con el argumento falaz y mendaz de la “justicia ambiental” es que imponen agendas como la del Acuerdo de Escazú en todos los países para acabar con el progreso y el desarrollo de los mismos, los acuerdos internacionales deben velar sobre todo por la seguridad jurídica de quienes lo suscriben y no socavar la soberanía nacional.
Colombia tiene amplia legislación sobre la protección del medio ambiente, es más, la Constitución Política de Colombia de 1991 se anticipó a temas ambientales. El capítulo III de la CPC habla sobre los derechos colectivos y del ambiente así que es mentira que nuestro país no tiene cómo proteger el medio ambiente.
Ahora bien, los activistas ambientales o que se hacen llamar protectores del medio ambiente en realidad NO lo protegen, sino que sus intereses son particulares, es decir, de algunas oenegés que poco o nada les interesa el ambiente, pero si sus agendas progresistas y devastadoras de las economías.
Ese acuerdo es tan nocivo para las naciones que, en Costa Rica, génesis del acuerdo lo RECHAZARON, y el argumento es que todo lo que dice ese acuerdo ya está en la legislación costarricense con la única excepción de que lo nuevo permite que individuos u oenegés FRENEN proyectos y emprendimientos con el “argumento” del daño ambiental.
En Colombia pasa exactamente lo mismo. Si el nuevo Congreso termina de ratificar ese adefesio los que van a sufrir son las personas que desde el campo tienen proyectos
productivos, emprendimientos naturales y de empresas que tienen objetivos de inversión para el desarrollo. Entonces el afectado por ese acuerdo es el CAMPO COLOMBIANO.
Colombia como todos los países de la región necesitan de la reactivación económica, después de una pandemia feroz y de gastos exorbitantes por parte de los gobiernos centrales las sociedades necesitan volver a la productividad, al empleo y al desarrollo y lo que hace el Acuerdo de Escazú es impedir que las naciones crezcan.
Ningún país DESARROLLADO de América ha ratificado el Acuerdo de Escazú porque saben que inversiones en el campo respetando el medio ambiente hace que sus naciones avancen, pero en otras naciones en VÍA DE DESARROLLO les parece magnifico un acuerdo que genera incertidumbre, inestabilidad jurídica y por ende afectando el desarrollo económico y social de las poblaciones.
El Acuerdo de Escazú les entrega la soberanía nacional a oenegés enemigas del desarrollo y progreso económico de las naciones. Ambientalistas confundidos, activistas furibundos y políticos cómplices sabrán con el tiempo que ese acuerdo no es más que un puñal en contra de nuestra nación.
El mundo necesita alimentos y desarrollo no pobreza y atraso que es lo que propone y pretende hacer el Acuerdo de Escazú.
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