¿A QUIÉN DEFIENDE EL FISCAL?

No sé qué puede ser peor para la institucionalidad, a la que, no obstante sus falencias me someto, si las actuaciones del señor Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre, en el caso de la destitución del alcalde Gustavo Petro o el destape de la propuesta de asamblea constituyente por parte de las FARC.

El señor Montealegre ya nos tenía acostumbrados a su papel de excusador de las FARC en materia de crímenes de lesa humanidad. Sin que nadie se lo pidiera se abalanzaba sobre cámaras y micrófonos para opinar sobre espinosos temas que se debaten en las conversaciones de La Habana. Tratándose de una persona con trayectoria jurídica tan vasta  y con cargo de tan alta responsabilidad, uno piensa que lo correcto es una actitud reflexiva, de clara defensa de la legalidad y la legitimidad en vez de las apresuradas opiniones con las que exime de culpabilidad a los comandantes guerrilleros puesto que en nuestro ordenamiento no está, según él, el delito de lesa humanidad. Ignorancia crasa o supina del precepto que convierte en legislación nacional los acuerdos internacionales en la materia.

El Fiscal, en todo caso, ha ido tan lejos, ha rebasado tanto sus límites, su fuero y su competencia, que le disputa a Humberto de la Calle su rol de jefe del equipo oficial de los diálogos de paz, mostrándose más regalista y condescendiente con las guerrillas que el propio presidente Santos. Da la impresión de estar más de parte de los comandantes farianos que de la sociedad a la que debe defender y en particular de las víctimas a las que está obligado a proteger.

Ahora, en el caso de la destitución del alcalde Petro por sus graves fallas administrativas, se ha presentado más en el papel de abogado defensor de quien dio muestras evidentes de burlarse de las normas y las leyes y de presionar a las instituciones con el tumulto callejero, que de investigador imparcial y objetivo de las denuncias interpuestas contra Petro por el caso del manejo de las basuras.

Se reunió con Petro, un acusado ante la Fiscalía, destituido en primera instancia, durante tres o más horas en su despacho no en los estrados, despojándose de su investidura.

Ahora anuncia que en sus manos puede estar la suerte del alcalde  “perseguido”, realizó un allanamiento a la Procuraduría, ha iniciado una averiguación preliminar, con una celeridad increíble, en contra de Alejandro Ordoñez. Prejuzga de injusta y arbitraria la medida del Procurador y califica sus funciones de exageradas y que abusa de su poder. De antemano, pues, el Fiscal canta su posición, con un desparpajo e insolencia desconocido en los anales de la Justicia colombiana.

El Fiscal da rienda suelta a su enemistad con el Procurador a quien ha insultado y maltratado por sus posiciones en materia de paz e impunidad. Aquí no está de por medio ni Cristo ni la virgen María ni el catolicismo ni las relaciones Iglesia-Estado, ni el aborto ni el matrimonio entre homosexuales, que son temas bien discutibles en los que tiene lugar una sana controversia. Es curioso que muchos pensadores liberales y de izquierda que rechazan la mezcla de política y religión y la intromisión de la iglesia y los curas en política, reivindiquen el principio de la laicidad cuando la amenaza viene desde la derecha porque cuando se trata de curas de izquierda convertidos en azuzadores de la lucha de clases, en comandantes de guerrillas, ahí sí es plausible.

Aquí lo que está en ciernes es la validación de un atropello descomunal a las instituciones, a las reglas del juego, al respeto de las competencias de cada ente y de cada funcionario de alto rango. El Fiscal está reventando todo eso y mucho más con sus actuaciones. Se entromete en asuntos propios del ministerio del Interior, en los de la comisión oficial de paz, en los de la Procuraduría, en los del Defensor del Pueblo y en los de la Contraloría. Lo hace, además, violentando sentimientos y percepciones muy caras a la mayoría de los colombianos frente al crimen.

La maltrecha justicia colombiana se enfrenta a un grave peligro si se cristaliza la burda maniobra de un Fiscal prejuiciado a favor de Petro y malenquistado con el Procurador, que funge de abogado defensor y salvavidas de un funcionario que se ha distinguido por hacer trizas las leyes, que hizo hasta lo imposible para dilatar el referendo revocatorio, para salir a última hora a pegarse de él como tabla de salvación y que ha tenido el cinismo de hacerse la víctima, el perseguido.

Algún órgano, por ejemplo la Corte Constitucional, debe poner límites taxativos al dislocado Fiscal para evitar que se produzca la más grave crisis institucional de los últimos años.

No queda espacio para comentar la propuesta de asamblea constituyente (estamental, al estilo fascista y comunista, con delegados guerrilleros designados a dedo no electos) propuesta por las Farc y su reiteración reciente de que ellos no están conversando sobre dejación de armas ni están dispuestos a cambiar balas por votos.

A todos los lectores de esta columna mis mejores deseos para que vivan una felices fiestas con sus seres queridos.