El presidente Duque tuvo un respiro de gobernabilidad durante el confinamiento. Por un lado, pudo evitar el paso por el Congreso, tan díscolo y retrechero después de que se le pusiera freno a la mermelada que repartiera Santos de manera tan abundante, y atendió mediante decretos la crisis sanitaria de la pandemia y sus efectos económicas. Por el otro, no tuvo que enfrentar disturbios y manifestaciones en las calles, como las que hubo a fines del año pasado y con menor intensidad a principios de este, porque, como era obvio, la gente estaba encerrada.
Pero, como habíamos advertido, era presumible que, relajada la cuarentena, volvieran las manifestaciones. Primero, porque el aumento agudo del desempleo durante el confinamiento, casi el doble que al principio del año, y de la pobreza, que agregará 7.3 millones más de pobres, para terminar el 2020 con dos de cada cinco colombianos en semejante situación, moverá a más ciudadanos a movilizarse. Después, porque los grupos guerrilleros viene desde el 2019 intentando implementar en Colombia la misma estrategia de articulación molecular y violenta que en Chile, muy bien descrita por el analista Alexis López. Finalmente, porque la izquierda radical y Petro buscan erosionar al Gobierno y minar su legitimidad a través de protestas violentas, con miras a facilitar su llegada al poder. Incendiar el país y que corra sangre, que siempre atribuirán al Estado, es parte fundamental de su estrategia.
No hay que equivocarse. El ataque simultáneo en diferentes puntos de la capital, de los centros de atención inmediata de la Policía, no fue espontáneo sino coordinado. Aprovechó la indignación ciudadana, pero estaba organizado.
De manera que la tranquilidad duró poco. El narcotráfico está más boyante que nunca. Los grupos armados ilegales que se alimentan del mismo, incluyendo «disidencias» y «reincidencias» guerrilleras, muy bien financiados. Las redes de milicianos, entre ellas las de las Farc, a las que nunca se les exigió que las identificaran y desmovilizaran, en plena operación. Un sector de la ciudadanía, castigada con dureza durante la cuarentena y que hoy sufre desempleo y hambre, impaciente e irritado. Todo ello sazonado con el discurso incendiario de la izquierda que hoy se encubre tras la careta del «progresismo».
Para rematar, el abuso policial. Más allá de los antecedentes de mala conducta que tuviera o no Javier Ordoñez o de que hubiera agredido antes a los policías, lo cierto es que ya estaba sometido cuando los agentes le seguían aplicando electrochoques. A los responsables hay que juzgarlos prontamente y con severidad. Pero es absolutamente injusto extender a toda la Policía la culpa por el exceso de fuerza de unos de sus integrantes. La inmensa mayoría de los 167 mil miembros del cuerpo policial respeta la Constitución y la ley y protege a los ciudadanos. Es como señalar a todos los profesores porque algunos maestros hayan sido acusados por abuso sexual de menores. Hecha la precisión, en todo caso hay que decir que era previsible que se usara el episodio para cargar contra toda la Policía. Además de la indignación, son muchos los que, por turbios motivos, buscan el debilitamiento de la imagen, de la institucionalidad y de la autoridad de la Fuerza Pública.
Tenemos, pues, el coctel explosivo perfecto. Narcotráfico, conflicto armado vivo, delincuencia común disparada y unos sectores ciudadanos enardecidos por el desempleo y la pobreza que se prenden con cualquier chispa. Y mientras tanto, por cuenta de la campaña electoral del 2014 que dividió el país entre amigos y «enemigos» de la paz, de la negociación y el pacto con las Farc, y del conejazo al triunfo del No en el plebiscito, se perdieron los acuerdos mayoritarios que había en el Estado y la sociedad colombiana sobre como enfrentar la violencia y las economías ilegales que la financian.
El Gobierno no parece darse cuenta de lo que le corre pierna arriba. Se percibe débil, frágil, temeroso. Y el miedo lo pueden oler las hienas, dispuestas a abalanzarse sobre la presa a la menor oportunidad.
La prioridad tienen que ser doble: reparar el daño que dejó el confinamiento y crear tantos empleos y tan rápido como sea posible, para así disminuir la pobreza, y garantizar seguridad y orden. Si a la crisis de la economía se le agrega una deriva chilena en materia de orden público, estaremos a las puertas del infierno.
Hay que recordar que, sin embargo, hemos pasado por situaciones peores, como las del narcoterrorismo o la ocupación de las áreas rurales y el asedio de las guerrillas sobre las grandes ciudades, y fuimos capaces de superarlas. Para ello es indispensable, de nuevo, la unidad y la voluntad de acción de los ciudadanos de bien frente a los violentos y el fortalecimiento de la Fuerza Pública. Hay que ponerse en la tarea.
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