“Hay epidemias que enferman el cuerpo y otras que paralizan las instituciones. Colombia parece padecer una particularmente resistente, la paquidermia. Esa combinación de parsimonia, desidia, comodidad y mínimo esfuerzo que se ha instalado en numerosas dependencias públicas. No afecta a todos los funcionarios, por supuesto, pero está suficientemente extendida como para que el ciudadano la reconozca apenas intenta hacer un trámite, espera una decisión judicial, solicita una respuesta administrativa, se forma en una institución pública o se enfrenta a ciertas burocracias enquistadas.”
La paquidermia tiene síntomas fácilmente identificables como hacer únicamente lo indispensable, convertir cada procedimiento en una carrera de obstáculos, utilizar los plazos legales como tiempos obligatorios de espera y no como límites máximos, trasladar responsabilidades, pedir documentos que ya reposan en otra dependencia, contestar sin resolver y descubrir siempre una norma para explicar por qué algo no puede hacerse. Lo paradójico es que quienes padecen esta enfermedad institucional suelen conocer perfectamente sus derechos laborales. Allí no hay desmemoria ni improvisación. El salario debe llegar puntual, las vacaciones deben respetarse, las primas deben reconocerse, las jornadas deben cumplirse estrictamente y cualquier beneficio debe ser reclamado. Y está bien que así sea. El problema comienza cuando esa misma rigurosidad desaparece al hablar de obligaciones, resultados, productividad, eficiencia y servicio al ciudadano.
Derechos plenos, y obligaciones mínimas son, aparentemente, la ecuación perfecta de cierta burocracia. La justicia ofrece quizá uno de los ejemplos más dolorosos. Se ha normalizado tanto su lentitud que se convierte el fracaso en un refrán, ampliamente conocido, “la justicia tarda, pero llega”. ¿Y si tarda diez años? ¿Y si una persona envejece esperando una sentencia? ¿Y si una empresa queda atrapada durante años en un litigio? ¿Y si una decisión que debería producirse oportunamente llega cuando ya perdió buena parte de su utilidad? Los procesos interminables, los expedientes que parecen dormir durante meses y los tiempos difíciles de comprender en despachos y tribunales, incluidos los superiores de ciudades como Bogotá, deberían provocar algo más que resignación.
El ciudadano tiene derecho a preguntarse por qué determinados procesos avanzan y otros parecen condenados a una quietud inexplicable. Así mismo, tiene derecho a exigir la transparencia suficiente para disipar cualquier percepción de que los contactos, las relaciones o las cercanías personales puedan facilitar caminos que para los demás resultan tortuosos. No basta con que la justicia sea independiente. También tiene que ser oportuna, transparente y eficiente. Una sentencia tardía puede ser jurídicamente impecable, pero socialmente inútil.
La academia pública tampoco está vacunada contra la paquidermia. Resulta particularmente contradictorio encontrar profesores que desde la ideología hablan permanentemente de excelencia, transformación social y compromiso con el país mientras administran su actividad académica bajo la estricta ley del menor esfuerzo. Cumplir apenas las horas indispensables. Investigar para llenar indicadores. Publicar solamente cuando existe una presión institucional. Entender la extensión como una carga. Repetir durante años los mismos contenidos. Resistirse a actualizar metodologías. Considerar cualquier exigencia adicional como una afrenta laboral. Y, simultáneamente, esperar reconocimiento, estabilidad, estímulos, ascensos y pleitesía institucional.
La condición de profesor universitario no debería convertirse en patente de corso para la falta de compromiso y la comodidad. Mucho menos cuando se trabaja en una institución financiada con recursos públicos. La estabilidad laboral debe proteger la libertad académica, no garantizar el derecho a la mediocridad. En las universidades públicas colombianas hay un cuerpo docente de gran calidad, investigadores rigurosos, profesores comprometidos y académicos que sostienen buena parte de la producción científica del país. Precisamente por ellos resulta más irritante que otros puedan esconderse detrás de la institución para aportar poco y exigir mucho.
La misma lógica aparece en múltiples oficinas públicas. Funcionarios pendientes de la norma cuando los beneficia, del reloj cuando marca la salida y del procedimiento cuando permite decir “no se puede”. Personas capaces de explicar detalladamente por qué determinada actividad no corresponde a sus funciones, pero con enormes dificultades para encontrar una alternativa que permita solucionar el problema del ciudadano. El tema central radica en que el Estado no ha sido concebido para brindar solamente privilegios a sus funcionarios. Los servidores públicos existen para cumplir una función al servicio de la sociedad.
El ciudadano no debería sentirse culpable por solicitar atención. No tendría que agradecer como favor personal aquello que constituye una obligación institucional. Tampoco debería peregrinar entre ventanillas, correos electrónicos, extensiones telefónicas y plataformas digitales para obtener una respuesta que alguien podría resolver con voluntad, conocimiento y cinco minutos de trabajo. Por supuesto, sería simplista responsabilizar exclusivamente al funcionario. El Estado colombiano también ha construido estructuras que alimentan la enfermedad con procedimientos absurdos, sistemas tecnológicos que no conversan entre sí, plantas insuficientes en algunos sectores, sobrecarga laboral, jefaturas mediocres, politización, clientelismo y evaluaciones de desempeño que muchas veces terminan convertidas en formalidades administrativas. Pero esas deficiencias tampoco pueden transformarse en coartada permanente.
El servicio público debería recuperar el significado de esas dos palabras. Servicio, porque supone trabajar para otros. Público, porque los recursos que sostienen esa estructura provienen de una sociedad que tiene derecho a exigir resultados. Colombia necesita de instituciones y mecanismos que midan el desempeño real, premien a quien hace bien su trabajo y confronten a quien convirtió la estabilidad en inmovilidad. Universidades públicas que reconozcan al profesor productivo, pero también exijan cuentas al que vegeta académicamente. Una justicia que explique sus demoras y haga de la oportunidad un indicador esencial. Entidades donde resolver sea más importante que tramitar y donde cumplir la norma no signifique renunciar al sentido común.
Es igualmente necesario cambiar una idea ampliamente arraigada en el colectivo imaginario, que se fundamenta en la idea de que conseguir un empleo público significa haber llegado a un lugar donde finalmente se puede vivir tranquilo porque se tiene una estabilidad laboral perdurable. No. Llegar al Estado debería significar asumir una responsabilidad mayor. Porque detrás de cada expediente detenido hay alguien esperando. Detrás de cada proceso judicial aplazado hay derechos en suspenso. Detrás de cada profesor que hace lo mínimo hay estudiantes que reciben menos de lo que merecen. Detrás de cada trámite innecesariamente prolongado hay tiempo, dinero y paciencia que el ciudadano pierde.
Colombia no necesita más funcionarios expertos en explicar por qué las cosas no se pueden hacer. Necesita servidores públicos obsesionados con encontrar cómo hacerlas bien. La paquidermia institucional no se combate contratando más personas, creando otra oficina o expidiendo una nueva resolución. Se combate con evaluación, responsabilidad, transparencia, liderazgo y consecuencias. Porque cuando el salario es público, hacer apenas lo mínimo no debería ser suficiente. El Estado no puede seguir siendo desangrado por quienes han convertido el mínimo esfuerzo en su máxima contribución al país.
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