“En los momentos más difíciles es cuando las empresas tienen la oportunidad de demostrar que su propósito va mucho más allá de generar utilidades. Su verdadero compromiso se refleja en la capacidad de acompañar a las comunidades, aportar a los territorios y convertir la solidaridad en acciones concretas que generen bienestar y desarrollo.”
El 10 de agosto de 2026, Colombia volvió a enfrentarse a una tragedia que difícilmente podrá medirse únicamente en cifras. A las 7:34 de la mañana, un terremoto de magnitud 7,4, con epicentro en San José del Palmar, Chocó, sacudió buena parte del centro y occidente del país. El movimiento se sintió con fuerza en departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas y Quindío, y también fue percibido en ciudades como Cali, Pereira, Manizales, Armenia y Medellín. La magnitud de la emergencia ha ido tomando forma con el paso de los días. El 13 de agosto, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres reportaba 44.936 familias afectadas, 281 personas fallecidas, 3.971 heridas y 379 desaparecidas. Para entonces ya se contabilizaban 11.347 viviendas destruidas, más de 53.000 averiadas, 1.819 centros educativos afectados, 179 centros de salud con fallas estructurales, 203 vías afectadas y decenas de puentes, acueductos y aeropuertos comprometidos.
Días después, las cifras continuaban cambiando. Al 19 de agosto persistían diferencias entre los reportes de las entidades oficiales y otros balances públicos. La UNGRD registraba 29.554 viviendas destruidas y 134.342 averiadas, además de 303 centros de salud impactados. Esta situación demuestra algo fundamental para la reconstrucción. En una emergencia de esta magnitud, contar con información confiable, actualizada y verificable no es un asunto menor. De ello dependen las decisiones, la asignación de recursos y la capacidad de responder de manera adecuada a quienes más lo necesitan.
Pero detrás de cada cifra existe una realidad mucho más profunda, una vivienda destruida representa una familia que perdió su espacio de protección, una escuela afectada representa niños y jóvenes cuyo proceso educativo se interrumpe, un establecimiento comercial destruido representa el ingreso de una familia que puede desaparecer de un día para otro, y una vía incomunicada puede significar que durante días o semanas una comunidad quede aislada. En medio de esta situación, hay una respuesta que merece ser reconocida. El sector empresarial colombiano ha entendido que frente a una emergencia de estas dimensiones no basta con observar lo que ocurre. Empresas, empresarios y organizaciones gremiales han movilizado recursos económicos, alimentos, elementos de primera necesidad, capacidades logísticas y diferentes mecanismos de ayuda para las comunidades afectadas.
Durante el Congreso Empresarial Colombiano de la ANDI, realizado en Cartagena pocos días después de la tragedia, el empresariado logró recaudar más de 200.000 millones de pesos destinados a las víctimas. La cifra resulta significativa, no solamente por su dimensión económica, sino porque demuestra la capacidad que tiene el sector privado para organizarse y responder rápidamente ante una emergencia nacional. Así mismo, se han conocido iniciativas concretas que muestran que la ayuda empresarial puede ir mucho más allá de una transferencia de dinero. Empresas han movilizado alimentos, productos de aseo, agua, medicamentos y otros elementos esenciales. En una emergencia, la capacidad logística de una compañía puede ser tan importante como su capacidad financiera, especialmente cuando se trata de hacer llegar ayuda a territorios con dificultades de acceso.
Este comportamiento nos lleva a una discusión que trasciende la coyuntura. ¿Qué significa realmente la responsabilidad social empresarial?
El concepto no nació con las emergencias actuales. En 1953, Howard R. Bowen publicó Social Responsibilities of the Businessman, obra considerada uno de los principales antecedentes de la concepción moderna de responsabilidad social empresarial. Bowen planteó que las decisiones de los empresarios tienen efectos sobre la sociedad y que las organizaciones deben considerar los objetivos y valores de la comunidad en la que desarrollan sus actividades.
Con el tiempo, esta visión fue evolucionando, las empresas dejaron de ser entendidas únicamente como una organización dedicada a producir bienes, prestar servicios y generar utilidades, la discusión empezó a incorporar sus efectos sobre trabajadores, consumidores, proveedores, comunidades, medio ambiente y demás grupos de interés.
Archie B. Carroll profundizó esta perspectiva y planteó que la responsabilidad empresarial comprende dimensiones económicas, legales, éticas y filantrópicas. Esto resulta especialmente pertinente en el momento que atraviesa Colombia. Una empresa responsable no es solamente la que dona cuando ocurre una tragedia. También es aquella que genera empleo, cumple sus obligaciones, actúa con transparencia, protege a sus trabajadores, respeta el territorio y reconoce que sus decisiones producen efectos sobre la sociedad. Por eso, las donaciones que hoy realizan las empresas son importantes, pero no deberían ser el punto final de la conversación. Son apenas una primera respuesta frente a una necesidad inmediata, el verdadero desafío comenzará cuando termine la emergencia y llegue el momento de reconstruir.
Colombia necesitará recuperar viviendas, escuelas, centros de salud, vías, sistemas de agua, comercios y emprendimientos. Pero también tendrá que recuperar empleos, ingresos, confianza y proyectos de vida. Allí el sector empresarial puede desempeñar un papel estratégico. Por tanto, no se trata de sustituir al Estado, la reconstrucción y la garantía de los derechos de las comunidades corresponden fundamentalmente a las instituciones públicas. Se trata de reconocer que el país cuenta con capacidades privadas que pueden complementar ese esfuerzo; las empresas tienen conocimiento, tecnología, talento humano, infraestructura, capacidad financiera y redes logísticas que, articuladas con las comunidades y las instituciones, pueden acelerar la recuperación.
Esta es quizá la oportunidad más importante para entender la responsabilidad social empresarial desde una perspectiva territorial. Pasar de la donación a la inversión social. De la ayuda inmediata al fortalecimiento de capacidades. De la solidaridad coyuntural a las alianzas de largo plazo, una empresa que contribuye a recuperar una escuela no solamente está reparando una infraestructura, está ayudando a recuperar el derecho a la educación, una empresa que apoya la reactivación de un pequeño negocio está contribuyendo a recuperar el ingreso de una familia, una empresa que participa en la reconstrucción de una comunidad está aportando a recuperar las condiciones que permiten volver a vivir, trabajar y proyectarse hacia el futuro.
Colombia tendrá que reconstruirse después del terremoto del 10 de agosto. Será una tarea monumental que exigirá recursos, coordinación, transparencia y liderazgo. Pero también puede ser una oportunidad para demostrar que el sector empresarial no solamente hace parte de la economía del país. También puede ser parte activa de la solución de sus grandes desafíos sociales, porque en tiempos difíciles también se mide el compromiso empresarial. Y cuando una empresa decide poner sus capacidades al servicio de una comunidad que lo ha perdido casi todo, no solamente está haciendo responsabilidad social, también está ayudando a construir país.
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