“En ocasiones, la vida de una nación se ve sacudida por momentos en los que las discusiones políticas, las artimañas y las estrategias electorales pasan a un segundo plano. Instantes en los que la gobernanza trasciende las ideologías y se convierte en una responsabilidad ineludible. Colombia está experimentando un proceso de transición hacia una nueva era. La situación de emergencia que afecta al Eje Cafetero, el Valle del Cauca y el Chocó requiere de una respuesta inmediata y efectiva, que solo se puede lograr con una toma de decisiones sólida y una ejecución eficiente.”
En este momento, es fundamental evitar acciones precipitadas y convertir el sufrimiento de miles de colombianos en un elemento de confrontación política. Es hora de actuar. Colombia tiene un historial marcado por una recurrencia de desastres naturales. La erupción del Nevado del Ruiz en 1985 provocó la devastación de Armero, dejando un impacto perdurable en la región. El sismo del Eje Cafetero en 1999 puso en evidencia la vulnerabilidad de las ciudades, pero también la significativa capacidad de recuperación de sus habitantes. Cada desastre ha dejado lecciones valiosas sobre la prevención, la coordinación institucional, la administración de recursos, la atención humanitaria y la reconstrucción. Por ello, es crucial no perder de vista dichos fundamentos.
En situaciones de emergencia de la magnitud que actualmente enfrenta Colombia, la ocurrencia de errores es inevitable. Asimismo, se prevé la obtención de resultados satisfactorios. Durante el proceso, es probable que se presenten ajustes necesarios y que emerjan desafíos logísticos, administrativos y de coordinación. Lo verdaderamente importante es que el Estado asuma una prioridad inequívoca como es salvar vidas, localizar a las personas desaparecidas, atender a los heridos, garantizar la alimentación y el alojamiento, restablecer los servicios esenciales, recuperar las vías y comenzar cuanto antes la reconstrucción de las zonas afectadas. En medio de esta situación, Colombia debe considerar un aspecto crucial, esta tragedia ocurre mientras el país ya cuenta con una administración ejecutiva en ejercicio de sus funciones.
Existe un Gobierno al cual se le pueden exigir resultados, responsabilidades y capacidad de reacción. Por lo tanto, es necesario permitirle actuar y, posteriormente, evaluar su respuesta con hechos y resultados. Gobernar implica la capacidad de anticiparse a las situaciones y tomar decisiones que se ajusten a las circunstancias imprevistas. Por ello, resultan particularmente inoportunas las mezquindades que han comenzado a aflorar desde algunos sectores de la izquierda progresista colombiana. Aquellos que exigieron solidaridad, sensibilidad social y defensa de los sectores vulnerables durante cuatro años, deberían comprender que estos principios se evidencian en la actualidad. La tragedia no puede ser utilizada como una oportunidad para cobrar cuentas políticas.
Resulta cuando menos curioso que, hace apenas unas semanas, se estuvieran debatiendo asuntos como la desobediencia civil, la resistencia, la implementación de gabinetes alternos y diversos mecanismos de confrontación contra el nuevo Gobierno. Se preveían movilizaciones y se vislumbraba la imagen de una oposición respaldada por multitudes dispuestas a obstaculizar prácticamente cualquier decisión de la nueva administración. Ha llegado el momento de abordar la realidad de la situación. El panorama actual se caracteriza por la presencia de familias que han perdido sus viviendas, comerciantes que han visto desaparecer el fruto de toda una vida laboral, comunidades incomunicadas, carreteras destruidas y ciudadanos que requieren respuestas inmediatas.
¿Dónde quedaron las amenazas de desobediencia? ¿Dónde se encuentra el gabinete alterno? ¿Dónde están las multitudes que supuestamente respaldaban ese discurso de confrontación permanente? Si dicha capacidad de movilización es real, el momento para demostrarla es ahora. El objetivo no es obstruir una vía de comunicación, ocupar una plaza pública o expresar discursos en contra del Gobierno. La población civil debe movilizarse para recoger alimentos, conseguir agua potable, donar sangre, entregar medicamentos, reconstruir viviendas y acompañar a quienes lo perdieron todo. Esta situación también puede ser considerada como un ejemplo de movilización social. Colombia necesita menos arengas y más manos trabajando.
La concentración de los esfuerzos del Estado en la emergencia no debe interpretarse como una negligencia hacia los problemas significativos que enfrenta la nueva administración. El país ha experimentado una continuidad en sus desafíos de seguridad a pesar de la ocurrencia de desastres naturales. Los grupos armados no han desaparecido, las economías ilegales continúan operando y la delincuencia, que se ha fortalecido en los últimos años, sigue representando una amenaza para millones de ciudadanos. El Gobierno se enfrenta, por tanto, a un doble desafío. Se requiere la implementación de todos los recursos institucionales disponibles para hacer frente a la emergencia, sin descuidar la recuperación del control territorial, la seguridad ciudadana y la autoridad del Estado. Sería altamente imprudente permitir que organizaciones criminales aprovechasen la concentración de recursos y fuerzas institucionales en las zonas afectadas para fortalecer su presencia en otros territorios.
La solidaridad no puede ser interpretada como una señal de debilidad institucional. Tampoco puede permitirse que los recursos destinados a la emergencia terminen atrapados entre intermediarios, contratistas oportunistas, corrupción o burocracia. Colombia está familiarizada con este tipo de situaciones. Cada peso destinado a los afectados debe ser debidamente documentado y justificado. Cada contrato debe ser transparente. La eficacia en la entrega de ayudas es un factor esencial para garantizar su pertinencia y efectividad. La reconstrucción no puede ser considerada como un negocio para unos cuantos, es un proceso en donde deben participar todos los colombianos. El Eje Cafetero, el Valle del Cauca y el Chocó requieren hoy en día medidas concretas que vayan más allá de las meras publicaciones en redes sociales. Necesitan el apoyo de Colombia.
Empresarios, universidades, medios de comunicación, organizaciones sociales, iglesias, fundaciones, instituciones públicas y ciudadanos, todos tienen responsabilidades distintas, pero comparten una misma obligación moral, ayudar. Los balances se presentarán a su debido tiempo. Se dispondrá del plazo necesario para determinar los aspectos exitosos y aquéllos que requieren mejoras. Será necesario indagar sobre la prevención, las alertas, la infraestructura, la ejecución presupuestaria y la respuesta institucional. Se deberán establecer responsabilidades políticas y administrativas si procede. Pero no ahora. La prioridad actual son los ciudadanos colombianos afectados.
Una catástrofe natural no se preocupa por los antecedentes políticos de una persona, su orientación ideológica o su afiliación partidista. Destruye por igual. En consecuencia, la respuesta a este desafío tampoco puede estar influenciada por consideraciones de índole política. A los representantes gubernamentales les corresponde ejercer el mandato recibido. Los miembros de la oposición tienen la responsabilidad de ejercer su labor con seriedad y compromiso. Y a todos los demás les corresponde ayudar. Es posible que de este trágico suceso se desprenda una enseñanza que Colombia ha descuidado durante años de polarización y que debe ser tenida en cuenta, un país no se construye basándose en el fracaso del otro para demostrar la validez de sus propias ideas.
El Eje Cafetero, el Valle y el Chocó no requieren en la actualidad discursos provenientes de las esferas de izquierda o derecha. Necesitan un Estado presente, una sociedad solidaria y millones de colombianos dispuestos a entender que, cuando la tragedia golpea la puerta, primero se rescata, se ayuda y se reconstruye. Después habrá tiempo para volver a discutir y confrontar pensamientos e ideologías. Hoy Colombia necesita unirse y ponerse de pie de manera firme y decidida.
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