Dos personas sordas van a la universidad

“Lléveselo para su casa y dele de comer hasta que muera” era una respuesta común dada por los médicos a las madres que acababan de dar a luz un hijo con algún tipo de discapacidad. Idea a todas luces inaceptable, pero que podría leerse entrelíneas en las respuestas de algunas entidades al negar sus derechos a las personas con discapacidad.

Anderson y Sebastián acaban de iniciar con gran ilusión sus estudios de Derecho en la Universidad de Medellín. Después de cursar sus estudios de bachillerato en la Institución Educativa Francisco Luis Hernández Betancur “Ciesor” y de ocupar el primer y el tercer puesto, respectivamente, en las olimpiadas de Filosofía organizadas por el Colegio San Ignacio, estos dos amigos decidieron apostarle al sueño de convertirse en abogados.

Y es que, aunque cuenten con todas las capacidades, realizar estudios de educación superior en Colombia sigue siendo una hazaña, más aún para quienes se encuentran en circunstancias especiales como Anderson y Sebastián, quienes padecen serias discapacidades auditivas.

Después de haber sido admitidos por la Universidad desde el año pasado, para la segunda semana de febrero de 2016 la universidad no ha cumplido con su obligación de asignar un intérprete que permita el acceso real de estos jóvenes a su derecho a la educación. Esta labor la han tenido que suplir sus familiares y amigos e incluso algunos compañeros, que en un gesto de solidaridad, han creado grupos de estudio para apoyar a Sebastián y a Anderson en su proceso de aprendizaje.

Es llamativo que una institución como la Universidad de Medellín, tras percatarse durante el proceso de admisión de las condiciones de estas personas, hayan hecho caso omiso a sus palpables necesidades de cara a un proceso efectivo de aprendizaje.

Anderson y Sebastián: dos rebeldes

Anderson Valle Rúa es un joven de veintiún años, alegre, divertido y espontáneo. A pesar de su limitación auditiva, consecuencia de una enfermedad sufrida cuando tenía un año de edad, cuenta con grandes capacidades que suplen dicha carencia. En palabras de su mamá, María Rúa, “Anderson es una persona muy inteligente y un líder”. Siente afinidad por la política y sueña con ser Presidente de la República; con mucho sentido común manifiesta: “todos los presidentes han sido oyentes, ¿por qué no puede haber un presidente sordo?”.

Vive en Manrique y recorre toda la ciudad en su moto. Sueña con trabajar para defender los derechos de la comunidad sorda, ya que asegura que hay un gran desconocimiento en la sociedad sobre las necesidades de esta población. Además, Anderson trabaja como modelo lingüístico en un colegio, donde enseña lengua de señas a otras personas sordas.

Al ser interrogado sobre su deseo de ir a la universidad, expresa con gran acierto: “las personas que estamos en situación de discapacidad somos iguales a las demás y tenemos derecho a ser profesionales”.

Sebastián Arenas Sánchez, de diecinueve años, es conocido por sus habilidades de liderazgo y su capacidad para sortear las dificultades. “Se mete en cuanto grupo puede y siempre quiere colaborar” afirma su madre, Liliana Sánchez.

Hace parte de la liga antioqueña de karate, ha sido varias veces campeón departamental y ha representado a Antioquia en juegos nacionales. Es un apasionado por el teatro, tanto así que ha sido voluntario en varios proyectos para narración de cuentos en lengua de señas y tiene su propio canal en youtube. A todo esto hay que añadir que cuenta con varias admiradoras, que son un dolor de cabeza para su mamá.

Hace algún tiempo, Anderson y Sebastián vienen frecuentando la Fundación Enseñas, una institución que promueve la inclusión laboral y académica de personas con discapacidad auditiva, a partir de la formación integral. Aunque ellos ya tenían claro que su formación académica no terminaría con el bachillerato, en Enseñas encontraron el apoyo necesario para emprender su camino profesional.

Hoy en día, ese sueño se está desdibujando.

La respuesta de la Universidad de Medellín

Ante la solicitud hecha a la Universidad de facilitar un intérprete para estos estudiantes, la Universidad de Medellín a través de su Secretaria General, Esperanza Restrepo de Isaza, manifestó que “nuestra institución no dispone de mecanismo o reglamentación alguna que permita acceder a la concesión de estímulos económicos o beneficios especiales de financiación de la índole de lo solicitado por ustedes. Sin embargo y como un gesto de especial colaboración habida cuenta de las circunstancias personalísimas de ustedes y como una concesión excepcional determinó reubicarlos en la escala que corresponde al estrato uno (1) para la liquidación de sus matrículas, a partir del actual período académico y hasta la culminación de sus estudios”.

Según la respuesta de la Universidad, esta “graciosa concesión” como ellos la denominan, “tiene por finalidad exclusiva que el valor diferencial entre la liquidación de matrícula inicialmente efectuada y la que corresponde al nuevo estrato autorizado, sea aplicada a los gastos que demande la contratación del intérprete al que ustedes aluden”.

Es curioso que, aún después de decisiones como la tomada por la Corte Constitucional en la Sentencia T-850 de 2014[1], una institución del nivel de la Universidad de Medellín, cuna de ilustras juristas, considere que incorporar a su plantel un intérprete de señas constituye una “concesión de estímulos económicos” o un “beneficio especial de financiación” frente a las familias de los estudiantes. Más llamativo aún es que consideren como una “concesión especial” o “graciosa concesión”, hacer una reducción en la matrícula actual y en las siguientes a cambio de que las familias acarreen con una obligación que corresponde a la Universidad.

A estas alturas, uno de los estudiantes afectados por esta situación se está replanteando la idea de estudiar este semestre mientras que el otro buscará a través de una acción de tutela, que su derecho a la educación sea amparado por un juez de la República. Es lamentable que sucesos como este tengan lugar en Antioquia, la más educada.

[1] En la que se ordenó a la Universidad Manuela Beltrán adoptar las medidas necesarias para incorporar dentro de su planta de personal el servicio de intérprete de lengua de señas y guía intérprete tal y como lo establece las leyes 982 de 2005 y 1618 de 2013, en concordancia con los artículos 14, 47, 67 y siguientes de la Constitución Política, y con los tratados de derechos humanos ratificados por Colombia que integran el bloque de constitucionalidad.