En Colombia la salud siempre ha sido motivo de debate político. Cada gobierno presenta sus cifras, defiende sus reformas y asegura que el sistema marcha por el camino correcto. La oposición, por su parte, muestra estadísticas diferentes y denuncia un panorama completamente opuesto. Mientras tanto, millones de colombianos siguen esperando una cita médica, un medicamento o una cirugía.
La realidad es que la salud no se puede medir únicamente con discursos ni con estadísticas cuidadosamente seleccionadas. Se mide en la experiencia cotidiana de los ciudadanos.
Un sistema de salud funciona cuando un paciente encuentra oportunamente el medicamento que necesita; cuando una consulta con el especialista no tarda meses; cuando una autorización no se convierte en una carrera de obstáculos; cuando un adulto mayor no debe peregrinar de oficina en oficina para reclamar un tratamiento que la ley ya le reconoce.
Es cierto que Colombia mantiene una cobertura en salud muy alta. Sin embargo, cobertura no siempre significa acceso efectivo. Estar afiliado a una EPS no garantiza recibir una atención oportuna, integral y de calidad.
En los últimos años miles de usuarios han expresado las mismas preocupaciones: dificultades para obtener medicamentos, demoras en procedimientos diagnósticos, largas listas de espera, saturación de los servicios de urgencias y crecientes obstáculos administrativos. Son situaciones que no distinguen entre regiones, niveles económicos o edades.
Por eso resulta insuficiente evaluar el sistema únicamente desde la óptica de los indicadores oficiales. La verdadera evaluación debe hacerse preguntando algo mucho más sencillo: ¿el paciente recibió la atención que necesitaba cuando realmente la necesitaba?
Las enfermedades no esperan a que se resuelvan los debates políticos. La hipertensión, la diabetes, el cáncer o las enfermedades cardiovasculares continúan avanzando mientras los pacientes esperan autorizaciones, fórmulas o citas con especialistas. En salud, el tiempo también salva vidas.
En los últimos días se ha conocido la intención de la Nueva EPS de ponerse al día con el enorme número de acciones de tutela pendientes y de normalizar múltiples servicios represados. Ojalá ese propósito se traduzca en resultados concretos para los usuarios. Miles de familias esperan que las decisiones administrativas dejen de convertirse en obstáculos para acceder a tratamientos que muchas veces son urgentes.
Las tutelas nunca debieron convertirse en la puerta de entrada al derecho fundamental a la salud. Fueron concebidas como un mecanismo excepcional para proteger derechos cuando estos son vulnerados, no como el procedimiento ordinario para obtener una consulta, un medicamento o una cirugía.
Más allá de las diferencias ideológicas, el país necesita recuperar la confianza en su sistema de salud. Esa confianza no se construye con discursos pronunciados desde un atril, ni con conferencias de prensa, ni con interminables discusiones políticas. Se construye cuando el ciudadano siente que el sistema responde, que las instituciones funcionan y que su derecho a la salud es respetado.
Porque la salud no entiende de colores políticos. El dolor no pregunta por quién votó un paciente. Una enfermedad no distingue entre gobierno y oposición.
Al final, la mejor estadística no es la que aparece en un informe oficial. La mejor estadística es aquella que refleja a un colombiano que pudo ser atendido a tiempo, recibió sus medicamentos sin obstáculos, recuperó su salud y regresó con tranquilidad al lado de su familia.
Ese es el indicador que verdaderamente debería importarles a todos los gobiernos, sin excepción.
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