“La verdadera dimensión de un desastre natural no se mide únicamente por la intensidad registrada en un sismógrafo, la altura alcanzada por una inundación o la velocidad de un huracán, también se mide por la capacidad de una sociedad para anticipar los riesgos, responder con eficacia cuando la emergencia ocurre y reconstruirse sin profundizar las heridas que el propio desastre deja al descubierto”.
Nota metodológica: Las cifras y reportes citados en esta columna corresponden a la información oficial y periodística disponible al momento de su escritura. Dado que la emergencia en Venezuela continúa en desarrollo, algunos datos podrán modificarse conforme avancen las labores de búsqueda, rescate y consolidación de información.
La naturaleza no negocia con nadie. Los terremotos, las inundaciones, los huracanes o las erupciones volcánicas ocurren al margen de las ideologías, de los ciclos electorales y de las promesas de los gobiernos. Algunos pueden preverse con mayor o menor anticipación; otros irrumpen sin previo aviso. Todos, sin embargo, comparten una misma condición: son inevitables. Lo que nunca debería asumirse como inevitable es que un fenómeno natural termine convirtiéndose en una tragedia humana de proporciones aún mayores por una baja capacidad institucional.
Cuando cesa el movimiento de la tierra, comienza otro tipo de prueba. Prueba que no deriva de la Naturaleza sino de las instituciones. Es entonces cuando salen a la luz decisiones que durante años permanecieron invisibles: si las ciudades crecieron con criterios de planificación o de improvisación; si las normas de construcción se hicieron cumplir o quedaron reducidas al papel; si la gestión del riesgo fue entendida como una verdadera política pública o relegada a un asunto secundario; y si existían las capacidades necesarias para coordinar la respuesta, proteger a la población y reconstruir lo perdido con transparencia y eficacia.
No se trata únicamente de una reflexión ética o política. La investigación sobre reducción del riesgo de desastres ha demostrado que las catástrofes no son el resultado exclusivo de las amenazas naturales, sino de la interacción entre estas, las condiciones de vulnerabilidad y las capacidades institucionales de cada sociedad para prevenir, responder y recuperarse (Lavell, 2000; UNDRR, 2015; Wisner et al., 2004). Por ello, la verdadera dimensión de un desastre natural no se mide únicamente por la intensidad registrada en un sismógrafo, la altura alcanzada por una inundación o la velocidad de un huracán, también se mide por la capacidad de una sociedad para anticipar los riesgos, responder con eficacia cuando la emergencia ocurre y reconstruirse sin profundizar las heridas que el propio desastre deja al descubierto.
El terremoto que hoy enluta a Venezuela vuelve a recordarnos esa realidad. Y, al hacerlo, nos obliga inevitablemente a volver la mirada hacia Armenia, una ciudad que, hace veintisiete años, descubrió que la reconstrucción de un territorio comienza mucho después de que la tierra deja de temblar.
Mientras escribo estas líneas, Venezuela continúa viviendo una de las mayores tragedias de su historia reciente. Una semana después del doble terremoto de magnitudes 7,2 y 7,5 que sacudió la costa central del país, el balance oficial supera las dos mil personas fallecidas, más de once mil heridas y decenas de miles de personas desplazadas, mientras las labores de búsqueda y rescate continúan actualizando el número de víctimas y desaparecidos a medida que avanzan en sus labores. Paralelamente, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) estima que cerca de 6,8 millones de personas podrían resultar afectadas directa o indirectamente por la emergencia, al tiempo que análisis preliminares elaborados por el programa europeo Copernicus y el sistema de respuesta a desastres de la NASA advierten sobre daños severos o el colapso de decenas de miles de edificaciones en las zonas más impactadas (Organización Internacional para las Migraciones [OIM], 2026; Copernicus Emergency Management Service, 2026; NASA Disaster Response Coordination System, 2026).
La dimensión de estas cifras estremece, sí; sin embargo, si el análisis terminara allí, correríamos el riesgo de reducir la tragedia a un mero balance estadístico. Los desastres naturales no solo dejan víctimas, también exponen fortalezas y debilidades que normalmente permanecen ocultas. Cada edificio que colapsa plantea interrogantes sobre el cumplimiento de las normas de sismorresistencia; cada demora en la llegada de la ayuda humanitaria obliga a examinar la capacidad de coordinación entre las instituciones; cada familia que permanece durante días sin acceso a servicios básicos evidencia los desafíos logísticos de la respuesta estatal. En otras palabras, la emergencia no solo revela los efectos del movimiento telúrico, sino también el estado de preparación de un país para enfrentarlo.
Por ello, el verdadero desafío para Venezuela no termina con el rescate de los sobrevivientes ni con la estabilización de la emergencia; apenas comienza. La experiencia internacional demuestra que las decisiones adoptadas durante las primeras semanas después de un desastre condicionan, en buena medida, la velocidad de la recuperación, la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y la posibilidad de reconstruir con criterios de transparencia, resiliencia y reducción del riesgo. Es precisamente en ese punto donde la experiencia colombiana adquiere un valor que trasciende la memoria histórica y se convierte en una fuente de aprendizaje para el presente.
No sería la primera vez que un desastre natural obliga a un país a enfrentarse, al mismo tiempo, con el dolor de las pérdidas humanas y con las limitaciones de sus propias instituciones. Tampoco sería la primera vez que una emergencia termina convirtiéndose en un punto de inflexión para transformar la manera de entender la gestión del riesgo, la planificación urbana y la reconstrucción de un territorio.
Colombia conoce bien esa experiencia. El 25 de enero de 1999, a la 1:19 de la tarde, un terremoto de magnitud 6,2 sacudió el Eje Cafetero. Aunque su epicentro se localizó cerca de Armenia, sus efectos se extendieron a 28 municipios de los departamentos de Quindío, Risaralda, Caldas, Tolima y Valle del Cauca. Bastaron 28 segundos para cambiar la historia de una región. Como consecuencia del terremoto y sus situaciones derivadas 1.185 personas murieron, más de 8.500 resultaron heridas, alrededor de 550.000 fueron afectadas y cerca de 100.000 edificaciones quedaron destruidas o seriamente averiadas (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], 2002; Servicio Geológico Colombiano [SGC], 2024).
No obstante, reducir aquel episodio a la magnitud del sismo o al número de víctimas sería desconocer su verdadero significado. El terremoto de Armenia no solo destruyó viviendas, hospitales, escuelas e infraestructura pública; también puso en evidencia las fortalezas y debilidades del Estado colombiano para responder a una emergencia de gran escala. De un momento a otro, la prioridad dejó de ser únicamente rescatar sobrevivientes. Era necesario restablecer servicios esenciales, garantizar alojamiento temporal para miles de familias, recuperar la actividad económica, reconstruir la infraestructura estratégica y, al mismo tiempo, evitar que la tragedia se convirtiera en una oportunidad para la improvisación, el clientelismo, el vandalismo y la corrupción.
Fue precisamente en ese contexto donde Colombia tomó una decisión institucional que marcaría el rumbo de la reconstrucción del Eje Cafetero y que, más de dos décadas después, continúa siendo objeto de estudio y debate. La creación del Fondo para la Reconstrucción del Eje Cafetero (FOREC) no respondió únicamente a la necesidad de administrar recursos; representó un intento por diseñar un modelo extraordinario de gobernanza para enfrentar una situación igualmente extraordinaria. Sus logros, sus limitaciones y las lecciones que dejó constituyen, aún hoy, uno de los capítulos más relevantes de la gestión de desastres en América Latina.
La reconstrucción del Eje Cafetero obligó al Estado colombiano a responder una pregunta para la que no existían antecedentes recientes: ¿era posible enfrentar una emergencia de semejante magnitud con la institucionalidad ordinaria? La respuesta fue negativa. La dimensión del desastre exigía un modelo excepcional de coordinación, capaz de articular con rapidez a las distintas entidades del Estado, los gobiernos territoriales, el sector privado, la cooperación internacional y las organizaciones de la sociedad civil.
Con ese propósito, apenas unos días después del terremoto, el Gobierno Nacional creó el FOREC, una entidad temporal encargada de liderar la recuperación integral de la región. Su creación respondió al reconocimiento de que reconstruir no consistía únicamente en ejecutar obras públicas o administrar recursos. Implicaba coordinar actores, agilizar decisiones, recuperar la confianza de la ciudadanía y sentar las bases para que la región pudiera reactivarse económica y socialmente. Desde esa perspectiva, el FOREC representó un intento por reducir no solo los daños materiales del terremoto, sino también las vulnerabilidades institucionales y sociales que un desastre de esa magnitud deja al descubierto, un enfoque que hoy ocupa un lugar central en la literatura internacional sobre recuperación y resiliencia postdesastre (UNDRR, 2015).
Entre 1999 y 2002 se reconstruyeron o repararon viviendas para cerca de 130.000 familias, se edificaron más de 16.700 viviendas nuevas y se recuperaron cientos de instituciones educativas, centros de salud, vías e infraestructura estratégica para la reactivación económica de la región (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], s. f.; Departamento Nacional de Planeación [DNP], 2001). El modelo fue reconocido internacionalmente por la rapidez con la que logró movilizar recursos públicos y privados, restablecer buena parte de la infraestructura y acelerar la recuperación económica del Eje Cafetero (BID, s. f.). Sin embargo, presentar el FOREC únicamente como un caso de éxito sería tan impreciso como reducirlo a sus controversias.
Con el paso de los años, investigaciones académicas, informes de organismos de control y trabajos periodísticos documentaron irregularidades en algunos procesos contractuales, cuestionamientos sobre la calidad de ciertas obras, tensiones en torno a la participación de las comunidades y críticas relacionadas con la distribución de algunos beneficios de la reconstrucción (Rodríguez-Rodríguez, 2012; Fernández Gallego & Pinzón Sánchez, 2014). Como ocurre con las grandes políticas públicas, su legado resulta más complejo que cualquier lectura construida exclusivamente desde el éxito o el fracaso.
Quizá esa sea la principal lección que Armenia puede ofrecer hoy a Venezuela. La reconstrucción no concluye cuando se entrega la última vivienda ni cuando desaparecen los albergues temporales. Tampoco puede evaluarse únicamente por el número de obras ejecutadas o por la rapidez con la que se invierten los recursos. Su verdadero éxito depende de la capacidad para recuperar la confianza ciudadana, reducir las vulnerabilidades que hicieron posible la tragedia y fortalecer las instituciones para que el próximo desastre encuentre a la sociedad mejor preparada que el anterior.
Las imágenes de Venezuela irán desapareciendo paulatinamente de las portadas. Ocurrirá lo mismo que ha sucedido con otros grandes desastres: la atención mediática disminuirá, las cifras dejarán de actualizarse diariamente y el mundo continuará su marcha. Sin embargo, para millones de personas, la emergencia apenas comenzará. La reconstrucción de una vivienda puede tomar meses; la de una escuela o un hospital, años. Recuperar la economía local, reconstruir el tejido social y restablecer la confianza en las instituciones puede tomar décadas.
Otra gran enseñanza que deja el diálogo entre el terremoto de Armenia y el de Venezuela es que los desastres naturales no distinguen entre ideologías, modelos económicos o sistemas políticos, pero sí terminan revelando la calidad de las decisiones que una sociedad tomó mucho antes de que ocurriera la emergencia y la capacidad de sus instituciones para responder cuando todo parece derrumbarse. La verdadera resiliencia no se construye durante la crisis; se construye mucho antes, mediante políticas públicas sostenidas de ordenamiento territorial, reducción del riesgo de desastres, infraestructura resiliente, fortalecimiento institucional y educación ciudadana. En esa medida, la mejor política de reconstrucción sigue siendo aquella que comienza antes de que ocurra el desastre, reduciendo las vulnerabilidades que convierten una amenaza natural en una catástrofe humana (UNDRR, 2015).
Por ello, cuando la emergencia concluya, la discusión no podrá agotarse en el balance de víctimas, personas desaparecidas o edificaciones destruidas. Esas cifras son indispensables para dimensionar la tragedia y cada una de ellas representa una vida, una familia y una historia irremplazable. Pero también será necesario formular preguntas más difíciles e incómodas, porque de sus respuestas dependerá la posibilidad de evitar nuevas tragedias. ¿Cuántas de esas muertes pudieron prevenirse mediante mejores normas de construcción, una planificación territorial más rigurosa o una gestión integral del riesgo más efectiva? ¿Qué decisiones institucionales deberán cambiar para reducir la vulnerabilidad de las comunidades expuestas? ¿Qué lecciones dejará esta emergencia para que el próximo desastre natural no produzca las mismas consecuencias?
Cada vida perdida merece ser llorada, pero también merece que la sociedad se pregunte, con honestidad y sin evasivas, si esa muerte era verdaderamente inevitable o si fue el resultado de vulnerabilidades que pudieron reducirse mediante mejores decisiones públicas. Ese, quizá, sea el homenaje más responsable que puede hacerse a las víctimas de cualquier desastre natural: aprender de la tragedia para proteger la vida cuando la naturaleza vuelva a poner a prueba a nuestras sociedades.
Hace veintisiete años, Armenia comprendió que reconstruir una ciudad era mucho más que reemplazar el concreto derrumbado. Significaba reconstruir la confianza, fortalecer las instituciones y recuperar la capacidad de imaginar un futuro después de la tragedia. Esa lección conserva hoy toda su vigencia; porque la intensidad de un terremoto puede registrarse en un sismógrafo; la verdadera dimensión de un desastre, en cambio, también se mide por la capacidad de una sociedad para aprender de él, reducir su vulnerabilidad y garantizar que, cuando la Naturaleza hable con fuerza, encuentre instituciones más sólidas, comunidades mejor preparadas y un Estado capaz de proteger aquello que siempre debió ser su prioridad fundamental: la vida.
Referencias
Banco Interamericano de Desarrollo. (s. f.). Reconstrucción de la región cafetalera de Colombia. https://www.iadb.org/es/noticias/reconstruccion-de-la-region-cafetalera-de-colombia
Copernicus Emergency Management Service. (2026). Emergency Mapping: Venezuela Earthquake.
Departamento Nacional de Planeación. (2001). Documento CONPES 3131. Programa para la reconstrucción del Eje Cafetero. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Económicos/3131.pdf
Fernández Gallego, Á. A., & Pinzón Sánchez, G. (2014). 15 años del terremoto cafetero: ¿haciendo de la crisis una oportunidad? Razón Pública. https://razonpublica.com/15-anos-del-terremoto-cafetero-haciendo-de-la-crisis-una-oportunidad/
Lavell, A. (2002). Sobre la gestión del riesgo: Apuntes hacia una definición. Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina (LA RED).
Maskrey, A. (Comp.). (1993). Los desastres no son naturales. Red de Estudios Sociales en Prevención de Desastres en América Latina (LA RED).
NASA Disaster Response Coordination System. (2026). Earthquake Damage Assessment – Venezuela.
Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. (2015). Marco de Sendai para la Reducción del Riesgo de Desastres 2015-2030. Naciones Unidas. https://www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030
Organización Internacional para las Migraciones. (2026). Hasta 6,8 millones de personas podrían verse afectadas por los terremotos en Venezuela. ReliefWeb.
Rodríguez-Rodríguez, J. (2012). Lecciones desde la planificación territorial y reconstrucción post desastre en Armenia, Colombia. EURE, 38(114), 279–289.
Servicio Geológico Colombiano. (2024). Infografía: Sismo del 25 de enero de 1999 en el Eje Cafetero. https://srvags.sgc.gov.co/PortalWeb/Infografias-sismos-historicos/15-Infografia-sismo-1999-01-25-Eje-Cafetero.pdf
Wisner, B., Blaikie, P., Cannon, T., & Davis, I. (2004). At risk: Natural hazards, people’s vulnerability and disasters (2nd ed.). Routledge.
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