“Los resultados electorales desfavorables suelen conllevar dos posibles escenarios. El primero de ellos implica la aceptación de los resultados electorales, la introspección crítica, la admisión de errores y la reconstrucción de un proyecto político con humildad. El segundo consiste en desconocer el resultado, responsabilizar a terceros y convertir la frustración en una estrategia permanente de confrontación. Lamentablemente, una parte significativa de la izquierda progresista colombiana parece haber optado por esta última.”
Los recientes llamados a la desobediencia civil realizados por Iván Cepeda Castro, sumados a los reiterados pronunciamientos de Gustavo Francisco Petro Urrego y de quienes durante los últimos años lo acompañaron en su séquito de aduladores, reflejan más el desconcierto de un proyecto político que está perdiendo la capacidad de convocatoria y movilización propia de una fuerza que dice ostentar el respaldo de una mayoría. Cierto es que cuando el argumento cede espacio al señalamiento permanente y el incendio ideológico pretende reemplazar el respeto por las instituciones, la democracia comienza a tensionarse innecesariamente.
Durante años se ha construido una narrativa que ha asociado el progresismo con el cambio moral que requiere Colombia. Se estableció el compromiso de implementar un nuevo estilo de gestión, caracterizado por la transparencia, la eficiencia y la cercanía con los ciudadanos. Sin embargo, para muchos colombianos, el balance del gobierno que termina deja una percepción muy distinta, marcada por la improvisación, la confrontación permanente, el deterioro institucional, la incertidumbre económica y una administración que estuvo lejos de responder a las expectativas que ella misma generó.
La gran paradoja radica en que quienes en el pasado hicieron de la lucha contra la corrupción una de sus principales prioridades se ven ahora ante un escenario en el que múltiples actuaciones de funcionarios, investigaciones y cuestionamientos públicos han tenido un impacto adverso en su discurso. Corresponderá a las autoridades competentes la determinación de las responsabilidades individuales cuando corresponda, pero resulta evidente que la superioridad moral con la que durante años se descalificó a los adversarios ha sufrido un notable deterioro.
El denominado “cambio” prometía transformar las antiguas prácticas políticas. Sin embargo, muchos ciudadanos percibieron un gobierno absorto en disputas ideológicas, anuncios pomposos, conflictos con diversas instituciones y decisiones que, en lugar de fortalecer la confianza, incrementaron la incertidumbre. La polarización se empleó como un combustible permanente para la acción política, mientras que numerosos problemas estructurales continuaban aguardando soluciones efectivas. Resulta sorprendente que algunos sectores pretendan explicar el resultado electoral como si millones de colombianos hubieran sido manipulados o engañados. Esta interpretación no tiene en cuenta un aspecto fundamental de la democracia, que es la evaluación de la gestión por parte de los ciudadanos. Cuando consideran que un gobierno no ha cumplido con lo prometido, tienen el derecho de expresar su descontento a través del voto.
La cifra de personas que en algún momento apoyaron el proyecto progresista no debe interpretarse como un respaldo incondicional o permanente. En un sistema democrático, la confianza se gana y se pierde. Es preciso recordar que la soberanía de los votos pertenece a los ciudadanos, no a los partidos políticos ni a sus líderes. Considerar que dicho respaldo permanece inalterado tras cuatro años de gobierno implica desconocer que la legitimidad también depende de los resultados obtenidos.
Mientras la izquierda arde en la amargura de su derrota, el nuevo Gobierno comienza a emitir señales que contrastan con el ambiente predominante de los últimos años. Los primeros nombramientos se enfocan, en términos generales, en priorizar perfiles técnicos, experiencia y capacidad de gestión. El tiempo será el encargado de determinar si dichas decisiones producen los resultados esperados. Sin embargo, el mensaje inicial parece orientarse hacia una administración más enfocada en resolver problemas que en alimentar confrontaciones ideológicas.
La responsabilidad asignada a Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo no será sencilla. Para ello, será necesario reconstruir la confianza institucional, recuperar el diálogo entre diferentes sectores, estabilizar múltiples frentes de la administración pública y corregir decisiones que amplios sectores consideran erróneas. En resumen, el nuevo gobierno se enfrenta al desafío de estabilizar una nación que ha experimentado años de tensión política constante. Asimismo, deberán demostrar que el cambio puede significar eficiencia, estabilidad y resultados, y no únicamente consignas. Colombia requiere de menos discursos grandilocuentes y más capacidad de ejecución; menos enemigos imaginarios y más soluciones concretas; menos política basada en el resentimiento y más liderazgo orientado al interés general.
La izquierda progresista colombiana tiene todo el derecho de ejercer la oposición. Este es uno de los pilares fundamentales de cualquier democracia. Lo que resulta preocupante es que algunos de sus dirigentes parezcan más interesados en desconocer la legitimidad del nuevo escenario político o en mantener un clima permanente de agitación que en construir una oposición responsable, seria y respetuosa del orden institucional. El país requiere cerrar un ciclo. La ciudadanía expresó su voluntad a través del ejercicio del voto, transmitiendo un mensaje que no debería ser desatendido. Persistir en el discurso beligerante, fomentar narrativas de confrontación o promover acciones que agudicen la división nacional, no modificará la percepción que millones de colombianos tienen sobre la gestión del gobierno saliente.
La historia demuestra que ningún proyecto político es eterno. La evaluación de los resultados es un aspecto fundamental en este ámbito. Cuando las promesas y la realidad no coinciden, son los ciudadanos quienes sufren las consecuencias. La democracia ha expresado su voluntad de manera inequívoca. En este momento, corresponde respetar el resultado de las elecciones y permitir que el nuevo gobierno ejerza su mandato. Es esencial asumir una oposición responsable, basada en argumentos y propuestas constructivas, en lugar de una resistencia basada en la negación constante de una realidad claramente expresada en las urnas.
Es el momento de que Iván Cepeda Castro, Gustavo Francisco Petro Urrego y los militantes de la izquierda progresista colombiana acepten una realidad que las urnas les han recordado con contundencia, y es que no es suficiente con ganar una elección para modificar la orientación política de un país. Colombia ha exhibido históricamente una propensión hacia opciones de centroderecha y derecha en diversos ciclos electorales, y la oportunidad que se presentó entre 2022 y 2026 para ampliar su base de apoyo no fue aprovechada adecuadamente. En lugar de establecer consensos, fortalecer las instituciones y demostrar la viabilidad de un gobierno eficaz, según sus críticos, se optó por intensificar la confrontación, fomentar un discurso de lucha permanente y mantener referentes ideológicos que muchos colombianos asocian con experiencias fallidas y con la violencia guerrillera del pasado. El país les ofreció una oportunidad histórica que ellos mismos decidieron desperdiciar. Ahora corresponde asumir con responsabilidad democrática el veredicto ciudadano, abandonar el discurso de la victimización y comprender que Colombia no les dio la espalda por prejuicio ideológico, sino porque millones de ciudadanos consideraron que no supieron aprovechar la oportunidad de demostrar que podían gobernar mejor.
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