La discusión que acompaña la elección del próximo presidente ocurre en dos pisos al mismo tiempo. En el primero se libra la pelea de siempre: propiedad, redistribución, seguridad, Estado, libertad. El viejo menú de la política moderna, servido una y otra vez con distinta vajilla y nuevos slogans. En el segundo piso, mucho más silencioso y quizá bastante más decisivo, empieza a resquebrajarse el suelo común sobre el cual esas diferencias todavía podían discutirse sin que todo terminara convertido en ruido, sospecha o histeria de algoritmo. Colombia llega a estas elecciones no solo dividida ideológicamente, sino fragmentada en versiones incompatibles de lo que, en teoría, debería seguir siendo el mismo país.
Por un lado, la izquierda colombiana, articulada hoy alrededor de figuras como Iván Cepeda y sectores del progresismo heredero del petrismo, sigue leyendo la crisis nacional desde una lógica bastante reconocible, casi clásica en su esqueleto marxiano, aunque ahora revestida con el lenguaje contemporáneo de los derechos, la transición ecológica y la justicia social. La idea de fondo sigue siendo relativamente simple: no hay democracia realmente sustantiva mientras la estructura económica continúe sostenida sobre desigualdad, concentración de la tierra y exclusión histórica. El problema de Colombia no sería tanto moral ni cultural —aunque esos fantasmas siempre anden rondando por ahí— sino estructural. El famoso «sótano» del país, ese lugar donde se acumulan décadas de precariedad, violencia y despojo, permanece intacto debajo de los discursos de modernización y crecimiento que cada cierto tiempo cambian de nombre, de logo y de consultor de imagen.
Ahora bien, la izquierda contemporánea tampoco puede vivir únicamente de aquella gramática clásica de clase. Buena parte del pensamiento político posterior a Marx intentó justamente algo bastante más ambicioso: rescatar la promesa universalista de la democracia moderna después de todas sus fracturas y naufragios. John Rawls, tratando de reconciliar libertad individual e igualdad social desde principios de justicia pensados bajo condiciones de imparcialidad; Jürgen Habermas, intentando salvar la legitimidad democrática mediante la deliberación y la acción comunicativa, como si todavía existiera una plaza pública donde la gente discutiera antes de insultarse; o Nancy Fraser, desde una sensibilidad neomarxista que buscó integrar justicia distributiva y reconocimiento de las diferencias entre grupos e identidades sociales. O, dicho de una manera menos solemne y más cercana a la realidad latinoamericana: no basta con repartir mejor la torta; también conviene mirar quién está sentado en la mesa… y quién lleva generaciones viendo el banquete desde la vitrina.
Pese a todas sus diferencias, estos autores compartían una fe quizá algo melancólica: todavía era posible imaginar un horizonte común de legitimidad política.
En la orilla opuesta, la derecha representada por Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia se mueve en una gramática completamente distinta. Aquí el centro de gravedad ya no es la igualdad sino la libertad individual entendida, sobre todo, como defensa frente al Estado. Su lenguaje de seguridad, propiedad privada y orden económico conecta con tradiciones cercanas a Friedrich Hayek o Robert Nozick: la convicción de que el individuo soberano y el mercado suelen hacer mejor el trabajo que cualquier intento de ingeniería redistributiva diseñado desde arriba, generalmente desde oficinas donde nunca falta el café, pero sí la realidad.
Desde esa óptica, los proyectos de cambio profundo suelen verse con sospecha, cuando no con alarma casi existencial. La propiedad privada deja entonces de ser únicamente un derecho económico y empieza a funcionar como una especie blindaje político frente un Estado interventor y una muralla moral para privilegios heredados o mal habidos.
El problema de esta idea política es que, al poner al individuo y al «mérito personal» en el centro —como si todos arrancaran la carrera desde la misma línea y con zapatos parecidos— termina ocultando las ventajas y desventajas heredadas: riqueza, educación, contactos, estabilidad familiar, pero también pobreza, exclusión o violencia. Lo que algunos llaman «mérito» muchas veces descansa sobre una herencia previa —social, económica o cultural— que otros jamás recibieron. Y, como suele ocurrir en estos debates, señalar esa diferencia no tarda demasiado en ser tratado como resentimiento, ese comodín insultante con el que ciertas élites suelen clausurar conversaciones incómodas sin necesidad de refutarlas.
Y entre esos dos polos sobrevive, conectado a respirador, un centro político que todavía insiste en la idea de que la conversación racional puede salvarnos. Figuras como Sergio Fajardo o Claudia López continúan apostando por la deliberación democrática, con tintes agresivos a veces, como si Habermas todavía caminara tranquilamente por alguna plaza pública bien iluminada buscando una «mesa redonda» donde sentarse a conversar con Antanas Mockus y sus congéneres. La apuesta es conocida: ciudadanos razonables, argumentos, instituciones, acuerdos. El problema es que esa escena presupone algo cada vez menos evidente: que todavía habitamos un mismo espacio de realidad.
Y ahí aparece la incomodidad mayor del presente.
La inteligencia artificial y los sistemas algorítmicos no son únicamente herramientas de campaña o propaganda —aunque por supuesto también lo sean—. Su efecto más profundo es otro: reorganizan la experiencia misma de lo real. La hiperpersonalización informativa, los deepfakes, los sistemas de recomendación y el microperfilamiento político producen algo bastante extraño: ciudadanos que ya no viven exactamente en el mismo mundo, aunque formalmente compartan país, elecciones y, todavía, algunas fiestas familiares donde todos terminan discutiendo frente a la bandeja paisa, el ajiaco, el sancocho de pescado o de gallina, petitoria, mamona, en fin….
Ya no se trata solamente de mentiras o desinformación. Eso, de hecho, sería casi tranquilizador por conocido; por lo dado que somos a la picaresca. El problema es más incómodo: cada persona recibe una versión ligeramente distinta —y a veces brutalmente distinta— de lo que está ocurriendo. Un mundo «a la carta», emocionalmente optimizado, diseñado para confirmar prejuicios, administrar rabias y mantener cautiva la atención. Como si la realidad hubiera entrado finalmente al modelo de suscripción personalizada, abonada como la pasión futbolística. Y así, sin demasiada ceremonia, empieza a deshacerse la idea de una experiencia común del mundo.
Hannah Arendt lo había advertido a su manera: la política necesita un mundo compartido, un suelo mínimo donde las cosas puedan discutirse entre personas que al menos reconocen que están hablando del mismo asunto. El problema es que ese suelo hoy empieza a agrietarse bajo nuestros pies. Incluso los grandes intentos modernos de reconstruir legitimidad —Rawls, Habermas, Fraser— partían de una condición que ahora parece bastante menos segura: la existencia de sujetos capaces de deliberar dentro de un mismo universo de sentido. Y es en ese mundo donde se cultivan y se cosechan las ideas y emociones, confusas pero seguras, del libertarismo autoritario que está caracterizando a la ultraderecha contemporánea.
La elección de 2026, en los dos pisos, no enfrenta solamente izquierda y derecha, redistribución y libertad, Estado y mercado. También expone algo bastante más inquietante: la política misma convertida en disputa por la realidad compartida. Y quizá lo más perturbador no sea que no logremos ponernos de acuerdo, sino que cada vez resulte menos evidente que estemos discutiendo sobre lo mismo.
En la recta final hacia la primera vuelta presidencial de 2026, Colombia no enfrenta únicamente una competencia entre candidatos y programas de gobierno. Lo que realmente está en disputa es algo más profundo: la posibilidad misma de sostener una idea común de sociedad en medio de una fragmentación política, material y tecnológica cada vez más radical.
La crisis ya no es solamente económica o ideológica; es también epistemológica. Mientras izquierda, derecha y centro intentan ofrecer respuestas distintas sobre el futuro del país, la infraestructura digital contemporánea —algoritmos, hipersegmentación emocional e inteligencia artificial— va erosionando, casi sin pedir permiso y con la eficacia silenciosa de una humedad que sube por las paredes, las condiciones que durante buena parte de la modernidad permitieron imaginar acuerdos universales sobre la política, la justicia y la verdad pública.
Comentar