La Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) se ha convertido en el brazo político del Gobierno Petro y en un instrumento de persecución contra gremios y empresarios del país. Hoy pareciera que basta un trino del presidente Gustavo Petro en la mañana para que, horas después, la superintendente Cielo Rusinque ya esté ordenando inspecciones y actuaciones que muchas veces terminan bordeando los límites de la Constitución y la ley.
No es una preocupación infundada. La Procuraduría General de la Nación sancionó, en primera instancia, a 16 funcionarios y contratistas de la SIC por extralimitación de funciones durante visitas e inspecciones, incluyendo el acceso indebido a información de la Registraduría y de la Cancillería. Estos hechos encendieron las alarmas sobre el uso arbitrario del poder administrativo y la ausencia de garantías procesales en las actuaciones de la entidad.
Precisamente para corregir estos vacíos, junto a la representante Carolina Arbeláez, radicamos un proyecto de ley que busca establecer garantías procesales en la etapa de averiguación preliminar dentro de los procesos administrativos sancionatorios, relacionados con la protección de la competencia y el libre mercado.
La reacción de la superintendente Rusinque fue inmediata. Según ella, esta iniciativa representa “una nueva maniobra para debilitar a la SIC, poniendo en riesgo la lucha contra la corrupción económica, el interés general y los derechos de los consumidores”.
Nada más equivocado.
Exigir controles, reglas claras y respeto por el debido proceso no debilita las instituciones, las fortalece. La SIC no se fortalece evadiendo el escrutinio, ni actuando bajo interpretaciones discrecionales de sus facultades. Se fortalece con transparencia, con actuaciones ajustadas estrictamente a la ley y con funcionarios que entiendan que el poder público tiene límites constitucionales.
La rendición de cuentas no es un ataque institucional, por el contrario, es la esencia misma del Estado de derecho. Ninguna autoridad, incluida una superintendencia, puede actuar sin controles, ni pretender que cualquier cuestionamiento constituye un atentado contra el interés general.
Este proyecto de ley no elimina las facultades de la SIC para investigar prácticas anticompetitivas, ni limita su capacidad sancionatoria. Lo que busca es algo elemental en cualquier democracia seria: garantizar procedimientos claros, seguridad jurídica y respeto por los derechos fundamentales de quienes son objeto de investigación.
Actualmente, la etapa de averiguación preliminar opera bajo un instructivo interno y no bajo una regulación legal robusta. Ese vacío genera riesgos jurídicos y deja expuestas las actuaciones de la entidad a eventuales nulidades judiciales. Justamente por eso corresponde al Congreso de la República intervenir y reglamentar adecuadamente el procedimiento.
La iniciativa propone medidas razonables y necesarias:
- Prohibir visitas de inspección a organismos de control y órganos constitucionales, protegiendo así la separación de poderes.
- Establecer un plazo máximo de seis meses, prorrogables por otros seis, para que la SIC decida si archiva el caso o abre una investigación formal.
- Garantizar el derecho de defensa desde el inicio de la actuación, incluso antes de una acusación formal.
- Evitar investigaciones temerarias o sobre hechos irrelevantes.
- Limitar las visitas de inspección a casos excepcionales, debidamente motivados mediante acto administrativo y realizados exclusivamente por funcionarios plenamente identificados.
- Prohibir la inspección de dispositivos electrónicos personales sin orden judicial.
- Impedir que la SIC retenga equipos empresariales, permitiendo únicamente la copia de información en el lugar de la visita.
- Blindar el secreto profesional entre abogado y cliente, impidiendo el acceso, retención o utilización de comunicaciones protegidas por esta garantía.
Nada de esto debilita a la SIC. Lo que realmente debilita a las instituciones es convertirlas en herramientas de persecución política o ideológica contra quienes piensan distinto o desarrollan actividad empresarial en el país.
Ni este, ni ningún gobierno puede utilizar el aparato institucional para intimidar empresarios, gremios o sectores productivos. Colombia necesita seguridad jurídica, respeto por el debido proceso y reglas claras que permitan recuperar la confianza y atraer inversión.
Porque, sin instituciones imparciales no hay libertad económica, y sin libertad económica no hay democracia sólida.
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