La alcaldía más “técnica” de la historia reciente de Bogotá lleva dos años acumulando basura, inseguridad y promesas incumplidas. Una revocatoria truncada no borra los hechos.
Hay ciudades que se gobiernan y ciudades que se administran. Bogotá, bajo la alcaldía de Carlos Fernando Galán, parece atrapada en el peor de los escenarios: ni lo uno ni lo otro. La capital más grande de Colombia, con cerca de ocho millones de habitantes, lleva más de dos años sumida en una crisis de servicios públicos, inseguridad creciente y una gestión que se autodenomina “técnica” pero que, mirada de cerca, revela más improvisación que rigor.
La semana pasada, la Registraduría Nacional del Estado Civil archivó la iniciativa de revocatoria de mandato del alcalde, promovida por el comité “¡Revocatoria Ya!”, mediante la Resolución 0496 del 27 de abril de 2026, luego de que el comité promotor no presentara las firmas requeridas ante la Registraduría Nacional del Estado Civil antes del vencimiento del plazo legal el 24 de abril. El cierre formal del proceso no debe leerse como un aval ciudadano a la gestión. El concejal promotor Jairo Avellaneda aseguró haber recolectado más de 553.000 apoyos, pero ninguno fue presentado formalmente. Sea por incapacidad organizativa del comité o por los obstáculos que denuncian sus integrantes —entre ellos, que ninguna entidad financiera quiso abrirles la cuenta obligatoria para operar— el resultado político es el mismo: más de medio millón de firmas ciudadanas que expresan inconformismo se evaporaron en un tecnicismo procedimental.
El apellido no gobierna solo
Para entender a Carlos Fernando Galán hay que entender a Luis Carlos Galán, que no es lo mismo. Luis Carlos Galán fundó en 1979 el Nuevo Liberalismo como una disidencia por la izquierda del Partido Liberal, que propugnaba reformas de profundización democrática y cero tolerancia con la corrupción, el clientelismo y el narcotráfico. Era un político que pagó con su vida —fue asesinado el 18 de agosto de 1989 por sicarios del Cartel de Medellín mientras participaba en un mitin en Soacha— su postura frontal contra los poderes ilegales que capturaban al Estado colombiano.
Se distinguió por su constante consagración al trabajo, ética, inquebrantable vocación democrática, autenticidad y pasión por Colombia. Era, en palabras de quienes lo estudian, un político que propugnó explícitamente contra las prácticas oligárquicas de los partidos tradicionales.
Su hijo menor heredó el nombre del partido y algunos recursos retóricos del legado paterno, pero la trayectoria política traza una línea diferente. Carlos Fernando Galán pasó once años en las filas de Cambio Radical, partido con el que se presentó por primera vez a la Alcaldía de Bogotá en 2011, y renunció en 2018 porque no se identificaba con el proyecto político de Iván Duque tras la primera vuelta. Esa movilidad entre orillas ideológicas —del centroderecha al centro, con el paraguas simbólico de un padre de izquierda liberal— es el núcleo de una tensión que su administración no ha podido resolver: gobernar con el apellido de un mártir de la lucha anticorrupción, mientras la ciudad se llena de basura y se vacían las promesas.
Bogotá, literalmente, entre la basura
El urbanista danés Jan Gehl sostiene en Ciudades para la gente que el espacio público no es un residuo sobrante del urbanismo sino su razón de ser: los espacios y las calles son áreas multifuncionales donde se produce la interacción social, el intercambio económico y la manifestación cultural para una gran diversidad de actores. Cuando esas calles están cubiertas de desechos, la promesa urbana colapsa antes de comenzar.
Eso es exactamente lo que ha venido documentando la ciudadanía bogotana en redes sociales, y lo que el Concejo de la ciudad ha tenido que poner en blanco y negro. Las quejas ciudadanas por el servicio de recolección de basuras superaron las 80.000 entre 2024 y 2025, un aumento del 36% frente al periodo anterior, según datos presentados por el concejal Julián Rodríguez Sastoque. Las localidades con mayor acumulación de reclamos son Suba, con 11.206 quejas; Kennedy, con 9.120; Usaquén, con 8.225; y Engativá, con 7.745 reclamos.
Las cifras de fallas no son percepciones: son hallazgos operativos documentados. La empresa Ciudad Limpia registró 193 hallazgos operativos, mientras Bogotá Limpia presentó 59 fallas en recolección y barrido, y Área Limpia reportó diferencias superiores a 218 toneladas en la disposición final de residuos, además de posibles riesgos ambientales por manejo inadecuado de lixiviados. A esto se suma que entre enero de 2024 y noviembre de 2025 se reportaron 4.195 fallas en la recolección, concentradas en localidades como Suba, Los Mártires y Rafael Uribe Uribe, y se cuestionó la ausencia de sanciones a operadores con más de 700 puntos críticos de basura reportados.
El problema estructural viene de atrás: la ciudad funciona con un manejo de residuos dividido en cinco zonas de servicio exclusivo, manejadas por operadores privados diferentes, un modelo que quedó así por la licitación que abrió el alcalde Peñalosa en 2018, con contratos anuales. La privatización tiene sus defensores, pero también sus límites claramente documentados. Si bien logró la cobertura total de la recolección en barrios populares, la esfera pública y el derecho a la participación se restringió, ya que el servicio público de aseo se convirtió en un contrato comercial entre usuarios-clientes sin mayor mediación y regulación estatal.
Y ahora, a ese modelo ya endeble, se suma una novedad tarifaria que merece examen. A partir de marzo de 2026, el operador LIME informó que la tarifa de aseo de ocho localidades de Bogotá pasaría a cobrarse de forma mensual a través de la factura de energía Enel Colombia, dejando de ser bimensual en la factura del Acueducto. El servicio de aseo pasó de facturarse cada dos meses a cobrarse mensualmente, y durante los primeros meses de transición el valor podría variar dependiendo del número de días incluidos en el periodo facturado. La administración distrital lo presenta como una medida de “modernización y transparencia”. Lo que la ciudadanía percibe en su recibo mensual de luz es una cuenta más alta, aunque el gobierno insiste en que las tarifas no cambiaron. La diferencia entre ambas narrativas es el tipo de confianza que una administración logra —o no logra— construir.
La ciudad insegura que no quiere verse en el espejo
El nombre del Plan Distrital de Desarrollo del alcalde Galán es “Bogotá Camina Segura”. El problema es que los datos no acompañan la marca. La violencia homicida cobró 1.204 víctimas en 2024, registrando un aumento del 11% frente a 2023, confirmando que ese año fue el más violento en Bogotá desde 2016. Mientras el hurto a personas mostró alguna reducción estadística —en parte atribuible a cambios en los patrones de denuncia y a la migración del efectivo a pagos electrónicos—, la extorsión aumentó un 66%, los delitos sexuales crecieron un 38%, y la violencia intrafamiliar subió un 32% comparando los dos primeros años de la administración Galán con los dos últimos años de la administración anterior.
El dato más perturbador lo reveló el informe anual del Concejo: en 2025, Bogotá concentró el mayor volumen de delitos entre las principales ciudades del país, con 123.393 hurtos a personas, 48.816 casos de violencia intrafamiliar, 21.132 lesiones personales y 1.173 homicidios. La percepción ciudadana no miente: según cifras de Bogotá Cómo Vamos, el 62% de los ciudadanos afirma sentirse inseguro en la ciudad.
La ciudad que expulsa a sus propios habitantes
Hay un hilo conductor entre las administraciones de Enrique Peñalosa, Claudia López y Carlos Fernando Galán que va más allá de sus diferencias ideológicas de fachada: los tres comparten una visión del espacio público como vitrina, no como territorio vivo. Una ciudad ordenada para ser fotografiada, no habitada. El urbanista Jan Gehl lo advertía: la planificación urbana tiene la tarea de organizar los espacios públicos para que transmitan identidad y pertenencia, y el diseño tiene la responsabilidad de alentar su uso por una gran diversidad de actores. Esa diversidad incluye, necesariamente, a quienes viven de la economía informal.
Las operaciones de “recuperación del espacio público” que con distintos nombres han promovido estas tres alcaldías tienen en común una lógica clasista no siempre declarada: el vendedor ambulante, el reciclador de oficio, el habitante de calle, son tratados como anomalías que deben ser erradicadas del paisaje urbano, no como síntomas de una desigualdad estructural que ninguna pintura de ciclovía resuelve. Como señalaba el propio despacho Gehl Architects al estudiar comunidades informales en América Latina, los espacios urbanos informales requieren apoyo público sin que se regule excesivamente la vida orgánica que ya ha florecido. Eso es lo contrario de lo que estas alcaldías han practicado.
Un tecnicismo no es una absolución
La Registraduría archivó la revocatoria por la vía del procedimiento. El alcalde puede respirar. Pero la ciudad sigue caminando entre la basura, contando sus muertos y pagando una factura de luz que creció sin que nadie le explicara bien por qué.
La democracia no se agota en los mecanismos formales de participación. Se ejerce también en la denuncia ciudadana, en el periodismo independiente que no normaliza la ineficiencia, y en la exigencia de que un apellido ilustre no sea suficiente moneda de cambio para gobernar ocho millones de personas.
Luis Carlos Galán luchó contra los poderes que capturaban al Estado. La pregunta que Bogotá tiene derecho a hacerse es si su hijo está gobernando para la ciudad o para el relato de una herencia que todavía no ha sabido —o no ha querido— honrar de verdad.
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