“El Cauca y el Valle del Cauca llevan años siendo escenario de la misma secuencia: escalada terrorista, reacción gubernamental tardía, consejo de seguridad extraordinario, promesas de refuerzo del pie de fuerza, y luego silencio institucional hasta el siguiente episodio.”
El sábado 25 de abril, un cilindro bomba lanzado desde la montaña cayó sobre una buseta de pasajeros en El Túnel, en el municipio de Cajibío, Cauca. La onda expansiva destruyó el vehículo, abrió un cráter en la vía Panamericana y dejó cuerpos tendidos sobre el asfalto. Alrededor de catorce muertos y aproximadamente treinta y ocho heridos, entre los cuales se incluyen a al menos cinco menores de edad; ese fue el resultado de este escabroso evento. Esto no fue un hecho aislado, sino que fue el episodio más sangriento de una ofensiva de veintiséis acciones terroristas que las disidencias de las FARC ejecutaron en menos de dos días contra la población civil y la Fuerza Pública en el suroccidente colombiano.
Antes de Cajibío ya ardía Cali. El viernes, un bus cargado con explosivos detonó frente al Cantón Militar Pichincha, sede de la Tercera Brigada del Ejército. Esa misma noche, un microbús con artefactos incendiarios atacó el Batallón Agustín Codazzi en Palmira. El sábado, una estación de policía en Jamundí, fue hostigada con fusiles y granadas; un dron con explosivos fue neutralizado antes de impactar una base en El Tambo; trenes cañeros fueron incinerados en Miranda; y la vía Panamericana quedó interrumpida en varios tramos, cortando la arteria que une a Cali con Popayán. El radar del Cerro Santana, usado para controlar el tráfico aéreo en el suroeste del país, también resultó dañado.
La pregunta que no podemos eludir es la siguiente: ¿cómo llegamos hasta aquí? Y la respuesta no está ni en las condiciones geográficas ni económicas de ambos departamentos, pues serían argumentos que funcionarían como escudo retórico para quienes no quieren asumir responsabilidades políticas. La respuesta está en una doctrina de seguridad que apostó por la negociación con estructuras armadas que nunca cedieron ni un centímetro de su poder territorial ni de sus economías ilícitas, mientras el Estado les otorgó tiempo, legitimidad y, en la práctica, impunidad operativa.
El gobierno del presidente Gustavo Petro llegó en 2022 con la bandera de la «Paz Total», un concepto que en ciertos términos supone el sometimiento de los grupos armados a la legalidad, el cese real de hostilidades y la desarticulación progresiva de sus estructuras criminales. Lo cierto es que nada de eso ocurrió. Lo que hubo fueron mesas de diálogo que las disidencias y demás estructuras criminales usaron para ganar tiempo, consolidar corredores y rutas de narcotráfico y un rearme a gran escala. El Estado, por su parte, contuvo a la Fuerza Pública, restringió las operaciones ofensivas y apostó a que el diálogo crearía condiciones que la presión militar no había logrado. El resultado de esto se ve hoy, lastimosamente, en Cajibío.
Lo más revelador no es la magnitud del ataque sino su patrón. El Cauca y el Valle del Cauca llevan años siendo escenario de la misma secuencia: escalada terrorista, reacción gubernamental tardía, consejo de seguridad extraordinario, promesas de refuerzo del pie de fuerza, y luego silencio institucional hasta el siguiente episodio. La intermitencia no es un accidente de gestión, sino el síntoma de un gobierno que nunca tomó la decisión de fondo. Combatir con convicción a quienes, simultáneamente, se sentaban a negociar con él resultaba políticamente incómodo. Esa incomodidad la pagaron con su vida catorce colombianos en Cajibío.
El presidente Petro calificó a los responsables de «terroristas, fascistas y narcotraficantes» y ordenó su persecución. El asunto es que ese mismo presidente pasó años construyendo una narrativa en la que estos grupos eran interlocutores válidos de paz, actores políticos con demandas legítimas y víctimas de un sistema que los empujaba a las armas. No se puede ser coherente en ambas posiciones.
Lo que el suroccidente del país exige no es solidaridad retórica ni consejos de seguridad fotografiados. Exigen presencia estatal permanente, operaciones militares sostenidas, inteligencia robusta y la voluntad política de reconocer que hay estructuras criminales con las que no se negocia: se les desmantela. Esa voluntad no ha existido. Y mientras no exista, los catorce muertos de Cajibío no serán los últimos.
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