La captura del narcotraficante uruguayo Sebastián Marset en Bolivia debería haber sido una noticia simple: uno de los criminales más buscados del continente finalmente detenido. Un caso cerrado, o al menos encaminado hacia su fase judicial.
Pero en Uruguay las cosas rara vez permanecen sencillas al entrar la política en escena.
Apenas se confirmó la detención, comenzaron a circular insinuaciones, principalmente desde dirigentes del Frente Amplio, sobre un supuesto rol relevante de Uruguay en el operativo. La narrativa apareció casi de inmediato: cooperación internacional, intercambio de información, trabajo silencioso del Estado.
El problema es que los hechos conocidos hasta ahora no respaldan ese entusiasmo.
El arresto fue ejecutado por fuerzas bolivianas en Santa Cruz de la Sierra, luego de una investigación que llevaba años desarrollándose en distintos países de la región. Posteriormente, se coordinó su traslado hacia Estados Unidos, donde enfrenta cargos vinculados al narcotráfico y al lavado de dinero.
Uruguay, al menos según la información pública disponible, no intervino en el operativo.
Esto no debería ser motivo de polémica. En el combate contra el crimen organizado transnacional, cada país cumple roles distintos. No siempre es posible —ni necesario— que todos participen directamente en cada operación.
Sin embargo, la izquierda uruguaya tiende a caer en una tentación recurrente: atribuirse éxitos ajenos cuando el relato lo necesita. Y el caso Marset ofrece un escenario perfecto para hacerlo.
Porque si hay algo que este episodio demuestra es que la historia de Marset está profundamente entrelazada con una serie de fallas institucionales que ocurrieron dentro del propio Uruguay. Y antes de apropiarse de la captura, conviene recordar cómo comenzó todo.
2018: la libertad que llegó antes de tiempo
Para entender el recorrido de Sebastián Marset hay que retroceder algunos años.
En 2013 fue detenido en Uruguay por delitos asociados al narcotráfico. La Justicia lo condenó a cinco años y seis meses de prisión. Durante su encarcelamiento obtuvo reducciones de pena por trabajo y estudio, un mecanismo habitual dentro del sistema penitenciario uruguayo.
Nada fuera de lo común hasta aquí. La anomalía se manifestó en 2018, al recuperar la libertad.
Tiempo después se supo que la excarcelación se había anticipado a lo que correspondía, debido a un error administrativo en el cómputo de la pena. A la postre, el propio Poder Judicial reconocería que la liberación se produjo con días pendientes de cumplimiento.
Puede parecer un detalle menor.
No obstante, ese pequeño error administrativo tuvo consecuencias enormes. Para entonces, Marset todavía era un delincuente relativamente menor dentro del panorama criminal regional. Lo verdaderamente preocupante es que su liberación le permitió desaparecer del radar del sistema penitenciario justo en el preciso instante en que comenzaba a expandir su red de contactos en el narcotráfico transnacional.
La pregunta que surge inevitablemente es simple: ¿cuántos delincuentes acaban beneficiándose de errores administrativos de este tipo? Y más importante aún: ¿cómo continuó la historia?
Un homicidio investigado y una prueba sustraída
Ese mismo año se dio otro suceso que suele pasar desapercibido cuando se reconstruye la trayectoria de Sebastián Marset.
En 2018 fue investigado por un homicidio ocurrido en el departamento de Canelones. La causa avanzó inicialmente con una formalización y la imposición de medidas cautelares.
Pese a ello, la investigación terminó derrumbándose por debilidad probatoria.
Uno de los elementos más llamativos del expediente fue la sustracción de una prueba clave: un audio que contenía una declaración del propio Marset. Ese registro nunca volvió a aparecer en la carpeta fiscal.
La pérdida de esa evidencia debilitó significativamente la acusación.
Finalmente, el caso fue archivado y Marset quedó sin condena por ese hecho. Con el tiempo, el episodio se convertiría en otro ejemplo incómodo de los problemas que pueden surgir dentro del sistema judicial si fallan los procedimientos básicos de preservación de pruebas.
No deja de ser irónico que muchos de los dirigentes políticos que hoy hablan con entusiasmo sobre la captura internacional de Marset prefieran guardar silencio en torno a estos acontecimientos.
La memoria, en política, suele ser selectiva.
El capítulo del pasaporte: entre el escándalo político y la realidad jurídica
El tramo más conocido de esta historia llegó en 2021.
Ese año Sebastián Marset fue detenido en Dubái tras intentar viajar utilizando un pasaporte paraguayo falso. Mientras permanecía bajo custodia de las autoridades de Emiratos Árabes Unidos, solicitó un pasaporte uruguayo para acreditar su identidad real.
Lo que siguió generó una tormenta política en Uruguay.
El Estado uruguayo expidió el instrumento de identificación, facilitando que Marset recuperara la libertad una vez resuelto el caso por falsificación documental.
La oposición denunció inmediatamente que el gobierno había “ayudado” a un narcotraficante.
Ahora bien, al analizar el capítulo en términos jurídicos, la situación resulta bastante menos espectacular.
Marset era ciudadano uruguayo. No tenía requisitorias en otras jurisdicciones vigentes en ese momento. Y la legislación uruguaya establece que un ciudadano tiene derecho a un pasaporte salvo que exista una prohibición judicial expresa. En ausencia de esa prohibición, el Estado tiene la obligación administrativa de emitir el documento.
El método empleado para tramitar el pasaporte desde el exterior no fue una improvisación. Forma parte del modelo consular uruguayo y permite que ciudadanos que se encuentran fuera del país obtengan credenciales oficiales, previa verificación de sus datos personales.
Diversos análisis posteriores señalaron que ese mecanismo administrativo había sido consolidado durante años dentro de la normativa consular del país.
Esto no significa que el episodio no haya sido políticamente cuestionable.
Pero sí demuestra algo importante: el problema no fue una decisión arbitraria tomada en 2021, sino un esquema normativo que llevaba tiempo rigiendo exactamente de esa manera.
Conviene recordarlo, sobre todo cuando algunos de los críticos actuales participaron en los gobiernos que establecieron ese mismo modelo.
Una captura internacional que no ocurrió en Uruguay
Avancemos hasta el presente.
Tras años prófugo, Sebastián Marset fue finalmente apresado en Bolivia durante un operativo policial en Santa Cruz de la Sierra. La operación fue realizada por la FELCN (Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico) —organismo técnico de la Policía Boliviana—, en el marco de una larga investigación de alcance transnacional.
De acuerdo con reportes de prensa extranjera, el narcotraficante fue detenido junto a varios colaboradores y posteriormente puesto a disposición de autoridades que coordinaban su extradición hacia Estados Unidos.
Según informó el diario español El País, Marset era considerado uno de los traficantes de droga más buscados de la región y estaba bajo investigación por redes de tráfico de cocaína que operaban entre Bolivia, Paraguay, Brasil y Europa.
La detención, en otras palabras, fue el resultado de un trabajo prolongado de carácter global en el que confluyeron distintas agencias y fuerzas policiales.
Uruguay no estuvo entre quienes ejecutaron el arresto. Y no hay nada de particularmente vergonzoso en eso. Lo inquietante es la rapidez con la que algunos intentaron reescribir esa realidad.
El verdadero legado del caso Marset
La historia de Sebastián Marset no es meramente la historia de un narcotraficante. Es también una radiografía bastante reveladora del funcionamiento de ciertas instituciones.
Un error administrativo en la liberación de un preso. Una investigación por homicidio que se derrumba por la pérdida de una prueba clave. Un escándalo político construido a partir de un entramado administrativo que existía desde mucho antes. Y, en última instancia, una captura internacional ejecutada por otros países.
A pesar de todo eso, algunos dirigentes políticos están más interesados en apropiarse del desenlace que en analizar las fallas estructurales que permitieron que esta situación se desarrollara de ese modo.
No deja de ser irónico, porque si algo demuestra el caso Marset es que el crimen organizado no crece solo gracias a los discursos ni a las lógicas partidarias.
Crece en los vacíos institucionales, cuando los sistemas judiciales cometen errores, cuando las investigaciones se caen por problemas de procedimiento. Y crece, sobre todo, cuando la política prefiere discutir quién se lleva el mérito antes que preguntarse cómo fue posible llegar hasta aquí.
La captura de Marset debería ser una oportunidad para esa reflexión. Aunque en Uruguay, curiosamente, parece haberse convertido en otra disputa por el control del relato.
Y allí donde la política se obsesiona con el relato, casi siempre es porque el trasfondo resulta demasiado incómodo para enfrentarlo.
Esta columna fue publicada originalmente en El Insubordinado.
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