Antioquia ha sido históricamente una región minera. Mientras en otras zonas del país la inversión se concentraba en la tierra, aquí se hizo en la minería. Esto no solo marcó la economía del departamento, sino también su cultura: una cultura orientada al trabajo, al esfuerzo y a la generación de riqueza.
Hoy, esa tradición convive con una realidad compleja. Por un lado, existen empresas formales —incluso multinacionales— que operan bajo la ley. Por otro, hay miles de personas que ejercen minería de subsistencia o en condiciones de informalidad. Pero hay un tercer actor, que es el más determinante en la crisis actual: las estructuras criminales, como el Clan del Golfo, que han convertido la extracción ilícita de oro en una de sus principales fuentes de financiación.
En ese contexto debe entenderse lo que está ocurriendo hoy en el Bajo Cauca. Y hay que decirlo con claridad: es una situación profundamente lamentable, en la que confluyen múltiples factores que agravan la crisis.
Primero, los verdaderos motores de esta situación son grupos al margen de la ley que controlan y financian la minería ilegal.
Segundo, hay una débil —cuando no inexistente— presencia del Estado en el territorio. En muchos casos, las autoridades locales han sido desbordadas, y en otros, lamentablemente, han terminado inmersas o siendo partícipes de estas dinámicas. Esto se refleja en cifras preocupantes: hemos pasado de tener cerca de 14 dragas brasileñas ilegales en 2022 a alrededor de 180 en la actualidad, lo que evidencia un crecimiento exponencial de esta economía ilícita.
Tercero, se observa una creciente participación de actores extranjeros en estas actividades, incluyendo personas provenientes de Brasil, Venezuela y Ecuador, lo que confirma que estamos ante redes criminales transnacionales.
Y cuarto, hay información preocupante desde el territorio: en el bajo mundo se estaría pagando a jóvenes de otras regiones para que participen en los desórdenes, con pagos que rondan los 200.000 pesos diarios, además de incentivos como licor y drogas. Esto refuerza la idea de que no estamos ante una movilización espontánea, sino ante una dinámica instrumentalizada.
Todo esto permite entender mejor el papel de la llamada mesa minera, que aparece como vocera del paro. Sin embargo, en un contexto donde hay control territorial de estructuras armadas ilegales, es legítimo cuestionar hasta qué punto existe una verdadera autonomía y representación libre de quienes dicen participar en esta protesta.
Por eso, aunque el derecho a la protesta está plenamente garantizado en una democracia, este supone condiciones de libertad, espontaneidad y ausencia de coacción. Y lo que vemos en el Bajo Cauca dista mucho de esas condiciones. Hay un contexto armado que pone en duda que este paro sea un ejercicio genuinamente democrático. Más bien, todo indica que está siendo utilizado como un mecanismo para proteger economías ilícitas.
Las cifras lo evidencian con claridad. A lo largo del río Nechí hay cerca de 150 dragas brasileñas, cada una con un valor entre 1 y 2 millones de dólares. Esto no corresponde a minería de subsistencia, sino a operaciones de gran escala controladas por organizaciones criminales. Para dimensionarlo aún más, una sola draga legal puede equivaler a cuatro de estas dragas ilegales.
Aquí hay que ser contundentes: la minería ilegal es hoy la verdadera gran minería en muchos territorios. La empresa formal termina siendo, paradójicamente, la más pequeña frente al tamaño de la economía ilícita. Y mientras la minería legal paga impuestos y regalías que benefician al país, la ilegal evade estas obligaciones y financia la violencia.
Además, el daño ambiental es enorme. Estas operaciones utilizan químicos prohibidos como el mercurio, contaminando los ríos y afectando gravemente los ecosistemas y la salud de las comunidades.
A esto se suma que el paro ha generado afectaciones directas a la población: restricciones a la movilidad, pérdidas económicas para comerciantes, e incluso ataques a establecimientos. Es decir, se están vulnerando derechos de terceros, lo que desborda claramente los límites de una protesta pacífica.
Todo esto se suma a un entorno en el que se acrecientan situaciones muy dolorosas y producto de todo aquello que rodea a las actividades ilícitas, como es el trabajo infantil, la prostitución y la explotación laboral, productos de la decadencia de la ilegalidad
Frente a este panorama, el Estado tiene un doble reto. Primero, avanzar en la formalización de la pequeña minería, especialmente de quienes dependen de esta actividad para subsistir y no utilizan maquinaria pesada. Pero segundo, y con igual contundencia, combatir la extracción ilícita de minerales.
Y este no es un desafío exclusivo de la fuerza pública. Se requiere una acción articulada del Estado: autoridades ambientales como Corantioquia y la ANLA, entidades del sector minero, control sobre la comercialización de insumos químicos, y por supuesto el Ejército y la Policía.
Finalmente, también hay un problema estructural en la política pública. Colombia ha tenido gobiernos “adanistas”, donde cada administración rompe la continuidad de las estrategias anteriores. En el pasado, hubo esfuerzos más coordinados entre el nivel departamental y nacional que permitieron avances importantes. Hoy vemos un deterioro en esa articulación, acompañado de un crecimiento de las rentas criminales y de la violencia.
Además, una visión ideológica que desconoce la realidad minera del país dificulta soluciones de fondo y termina afectando a las mismas poblaciones que se busca proteger.
En conclusión, el derecho a la protesta debe garantizarse, pero no puede instrumentalizarse para encubrir economías ilegales ni ejercerse en contextos de coacción armada. Lo que está en juego no es solo el orden público, sino la legitimidad del Estado, la protección del medio ambiente y los derechos de la ciudadanía. La respuesta debe ser integral: formalización para los pequeños mineros y una lucha decidida contra las estructuras criminales que dominan la minería ilegal.
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