“[…] en el estado al que ha llegado el congreso la preparación, el estudio, el conocimiento, la demostración y el raciocinio no tienen cabida, son inoperantes y baldíos”
Laureano Gómez
El 20 de julio inicia un nuevo periodo legislativo. Cada comienzo trae consigo la expectativa de renovación, de rectificación y de altura institucional. Sin embargo, también es inevitable que surjan preguntas legítimas sobre el papel que hoy cumple el Congreso en la vida pública colombiana.
Una crítica frecuente señala que el Congreso ha tendido a consolidarse como un escenario donde la negociación política, más que responder al bien común, parece orientarse a la distribución de cuotas de poder y a la preservación de intereses particulares. Cuando la dinámica legislativa se percibe dominada por el cálculo burocrático, la confianza ciudadana se resiente. El problema no es la negociación en sí —propia de toda democracia—, sino cuando esta se reduce a intercambios empobrecidos que dejan en segundo plano la deliberación seria y el interés general.
Muchos ciudadanos esperan que las iniciativas legislativas se orienten al beneficio real del país. No obstante, la sensación de distancia entre el Congreso y la sociedad civil ha ido en aumento. La oratoria, el debate fundamentado y la solidez intelectual, que deberían ser el corazón de la actividad parlamentaria, parecen ceder ante intervenciones más efectistas que argumentativas. La política pierde densidad cuando el estudio, la preparación y el rigor dejan de ser visibles.
Resulta elocuente la observación de Silvio Villegas: “Hoy el senado y la cámara podrían servir como imágenes escolares del desierto”. La metáfora, más allá de su dureza, apunta a la pérdida de vitalidad cívica en el recinto legislativo, donde antaño convergían estudiantes, intelectuales y ciudadanos atentos al debate público. Esa plaza de deliberación se ha ido vaciando, al menos en la percepción colectiva.
Villegas insistía también en que “El congreso ha llegado a ser una de las más deplorables variedades de parasitismo y ocio”. La frase interpela directamente la ética del servicio público. Si la política se convierte en medio de privilegio antes que, en vocación de responsabilidad, la institución se debilita desde dentro. En un contexto así, no sorprende que algunos vean en el Congreso una expresión de lo que Álvaro Gómez Hurtado denominó “[…] la descristalización de la moral de la sociedad civil”.
La preocupación no es nueva. Laureano Gómez advertía que “[…] en el estado al que ha llegado el congreso la preparación, el estudio, el conocimiento, la demostración y el raciocinio no tienen cabida, son inoperantes y baldíos”. Más allá de las diferencias ideológicas que puedan suscitar estas voces, todas convergen en un punto: la necesidad de recuperar el carácter deliberativo, formativo y moral de la institución legislativa.
El riesgo es que la ciudadanía termine asumiendo que el Congreso es únicamente un escenario de intereses particulares, donde la ley se instrumentaliza y el discurso se vacía de contenido. Frente a esa percepción, el desafío no es la descalificación absoluta ni la desesperanza, sino la exigencia crítica y la participación responsable. La reforma profunda de la política no depende exclusivamente del Ejecutivo; también pasa por una transformación cultural del ejercicio legislativo y por una ciudadanía que no renuncie a su vigilancia activa. Cuando el interés propio sustituye el servicio, la política pierde su razón de ser.
Sin embargo, la última palabra no puede ser el desaliento. Como afirmó Silvio Villegas: “¡El futuro es de los que no desesperan, ni se cansan”. La crítica responsable no busca destruir la institucionalidad, sino exigir su altura. La democracia requiere instituciones fuertes, debates serios y representantes conscientes de que su autoridad proviene del pueblo y está ordenada al bien común.
El nuevo periodo legislativo será una oportunidad. No para repetir inercias, sino para recuperar la dignidad del Congreso como espacio de deliberación auténtica, rigor intelectual y compromiso con Colombia.
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